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viernes, 23 de abril de 2010

Jaime Aparicio se estrena en Los Tiempos como columnista.
su análisis es congruente y su expresión es clara

No basta asumir el poder, hay que ejercitar la democracia

Los organizadores de la reciente cumbre internacional de mochileros en Tiquipaya, equivocaron la sede. Debió ser Tarata, en homenaje al mentor del gobierno, Mariano Melgarejo. Así todos hubieran aprendido que en el pasado hubo también un presidente mestizo, igualmente culto, y con similares arrebatos de genialidad que Morales, cuyo discurso en la cumbre fue digno del caudillo tarateño y nos recordó que en el mundo, a veces, la historia se repite, pero en Bolivia siempre. Somos expertos en repetir fracasos y en perder oportunidades.

En la Cumbre, se criticó ampliamente la paja en el ojo ajeno, ignorando la viga en el propio. Las vigas ausentes fueron la contaminación impulsada por el gobierno, con la fabricación masiva de cocaína que está dañando nuestros valles subtropicales y el deterioro de la democracia en los países del ALBA, cuyos países estuvieron abundantemente representados en este cónclave felliniano. Nadie se refirió a la dura tarea en que están empeñando los caudillos populistas para desmantelar la democracia, amparados en el voto popular.

Es penoso ver cómo estos revolucionarios, hoy representan los símbolos de deshumanización que creíamos enterrados para siempre. Basta ver en Nicaragua la repugnancia que Ortega produce en los Sandinistas decentes, como Ernesto Cardenal o Sergio Ramírez. La muerte de Orlando Zapata, albañil, afrocubano, apresado por asistir a una marcha, en huelga de hambre por más de 80 días, pone al desnudo el absurdo en que acabó esa revolución en la que muchos creímos en algún momento de nuestras vidas. Lo más triste de ese episodio es el silencio de aquellos que creen que hay violaciones buenas y violaciones malas a los derechos humanos. Como escribió recientemente un articulista de izquierdas, Luis Bassets: es “la miserable lucha de una Revolución que encandiló a medio mundo y ha desengañado luego al mundo entero”.

Muchos podrán estar de acuerdo con las justas reivindicaciones que el populismo tomó como banderas para cubrir su agenda de concentración de poder. Pero, lo que es difícil aceptar a estas alturas es que en esos países exista democracia. No es casualidad, que El Comité Jurídico Interamericano, principal órgano asesor del sistema interamericano en temas de Derecho Internacional, preocupado por estas amenazas a la democracia, haya aprobado, en uso de su independencia intelectual, una Resolución que determina los elementos legales, aprobados por los propios Estados en Instrumentos Interamericanos, que caracterizan a una democracia representativa. Este documento tiene una enorme significación, pues permite a los ciudadanos de las Américas y a organizaciones internacionales apreciar dónde hay verdaderas democracias y dónde dictaduras con fachada democrática, y comprender que las elecciones no son suficientes para calificar a un Estado como democrático. Como dijo el ex presidente Óscar Arias en Cancún: “no se debe confundir el origen democrático de un régimen con el funcionamiento democrático del Estado. Hay en nuestra región gobiernos que se valen de los resultados electorales para justificar su deseo de restringir libertades individuales y perseguir a sus adversarios. Se valen de un mecanismo democrático, para subvertir las bases de la democracia”.

Por tanto hay que juzgar un régimen, por el respeto al conjunto de los elementos que componen las reglas del juego democrático:

Separación de los poderes públicos (poderes judicial y legislativo autónomos, independientes y fiscalizadores del ejecutivo); Libertad de expresión, de prensa, radio y televisión; Acceso a la información pública; Derecho al debido proceso legal y Respeto al disenso, a la oposición política, partidos y minorías. En los países ALBA, dichas reglas son sistemáticamente violadas.

Esperemos que esos elementos de la democracia, señalados por el Comité Jurídico Interamericano, permitan organizar pronto otra cumbre sociedad civil para defender la democracia y el estado de derecho.

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