Empresas chinas y condescendencia
Es de esperar que las autoridades salgan por los fueros de los intereses nacionales y no reincidan en el sometimiento a la arbitrariedad y la prepotencia que suele dar el poder económico.
A la ya muy larga lista de acusaciones que pesan sobre las empresas chinas que de un tiempo a esta parte operan en nuestro país, se ha sumado durante los últimos días el crimen ambiental que habría cometido la empresa Sinohydro al desmontar 6,8 hectáreas de bosques a orillas del río Surutú, haciendo caso omiso de lo que manda la legislación boliviana sobre tan importante asunto.
El tema no es nuevo. Por el contrario, suman varias decenas los casos denunciados y ampliamente documentados sobre la ligereza con que muchas empresas chinas violan sistemática e impunemente las normas vigentes en nuestro país. Los casos de desacato de lo que mandan las normas laborales y ambientales son los más graves y comunes, pero hay otras transgresiones que no por ser menores son menos merecedoras de una rigurosa investigación.
En efecto, como es fácil recordar, las empresas Camce, Vicstar y Sinohydro, entre otras, han sido con mucha frecuencia motivo de conflictos con sus contratantes y sus trabajadores por temas tan diversos como la vulneración de la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, malos tratos a los trabajadores, falta de alimentación e incumplimiento de acuerdos suscritos con sus empleados. Son también frecuentes las informaciones que salen a luz pública sobre la mala calidad de las obras y el incumplimiento de los términos contractuales.
En el caso específico de Sinohydro, la lista de antecedentes negativos es especialmente ampulosa. Y no sólo en nuestro país, pues en otros de la región tuvo que afrontar gravísimas acusaciones por sus malas prácticas. Se destaca la mala experiencia que tuvo Ecuador con esta empresa.
Para empeorar el panorama, una característica común de todos los contratos suscritos entre diferentes empresas estatales y las empresas chinas es que son por lo general resultado de negociaciones nada transparentes. Se trata de adjudicaciones directas, sin que se hagan públicos ni los términos de referencia ni las condiciones contractuales y mucho menos los criterios que guían tan generosa distribución de millonarios contratos.
Tal situación, alarmante de por sí, lo es mucho más si se considera que la mala experiencia que está sufriendo Bolivia no es una excepción ni mucho menos. En efecto, sobre la base de una evaluación de las actividades de empresas chinas en países de Asia, África y América Latina, los principales organismos internacionales, han expresado su preocupación.
El reciente caso de Sinohydro no es, por tanto, algo excepcional sino sólo una manifestación más de una manera de operar que está causando enormes daños a nuestro país ante la notable condescendencia con que actúan las diversas reparticiones estatales.
Es de esperar que, por lo menos en este caso, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), y a través de ellas los ministerios de los que dependen, salgan por los fueros de los intereses nacionales y no reincidan en el sometimiento a la arbitrariedad y la prepotencia que suele dar el poder económico.
A la ya muy larga lista de acusaciones que pesan sobre las empresas chinas que de un tiempo a esta parte operan en nuestro país, se ha sumado durante los últimos días el crimen ambiental que habría cometido la empresa Sinohydro al desmontar 6,8 hectáreas de bosques a orillas del río Surutú, haciendo caso omiso de lo que manda la legislación boliviana sobre tan importante asunto.
El tema no es nuevo. Por el contrario, suman varias decenas los casos denunciados y ampliamente documentados sobre la ligereza con que muchas empresas chinas violan sistemática e impunemente las normas vigentes en nuestro país. Los casos de desacato de lo que mandan las normas laborales y ambientales son los más graves y comunes, pero hay otras transgresiones que no por ser menores son menos merecedoras de una rigurosa investigación.
En efecto, como es fácil recordar, las empresas Camce, Vicstar y Sinohydro, entre otras, han sido con mucha frecuencia motivo de conflictos con sus contratantes y sus trabajadores por temas tan diversos como la vulneración de la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, malos tratos a los trabajadores, falta de alimentación e incumplimiento de acuerdos suscritos con sus empleados. Son también frecuentes las informaciones que salen a luz pública sobre la mala calidad de las obras y el incumplimiento de los términos contractuales.
En el caso específico de Sinohydro, la lista de antecedentes negativos es especialmente ampulosa. Y no sólo en nuestro país, pues en otros de la región tuvo que afrontar gravísimas acusaciones por sus malas prácticas. Se destaca la mala experiencia que tuvo Ecuador con esta empresa.
Para empeorar el panorama, una característica común de todos los contratos suscritos entre diferentes empresas estatales y las empresas chinas es que son por lo general resultado de negociaciones nada transparentes. Se trata de adjudicaciones directas, sin que se hagan públicos ni los términos de referencia ni las condiciones contractuales y mucho menos los criterios que guían tan generosa distribución de millonarios contratos.
Tal situación, alarmante de por sí, lo es mucho más si se considera que la mala experiencia que está sufriendo Bolivia no es una excepción ni mucho menos. En efecto, sobre la base de una evaluación de las actividades de empresas chinas en países de Asia, África y América Latina, los principales organismos internacionales, han expresado su preocupación.
El reciente caso de Sinohydro no es, por tanto, algo excepcional sino sólo una manifestación más de una manera de operar que está causando enormes daños a nuestro país ante la notable condescendencia con que actúan las diversas reparticiones estatales.
Es de esperar que, por lo menos en este caso, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), y a través de ellas los ministerios de los que dependen, salgan por los fueros de los intereses nacionales y no reincidan en el sometimiento a la arbitrariedad y la prepotencia que suele dar el poder económico.
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