Pese a los serios indicios que pesan sobre tres ciudadanos que se encuentran detenidos por estar involucrados en el linchamiento de un presunto ladrón en Entre Ríos, Chapare, acto que fue convertido en un macabro “espectáculo” público; el bloqueo de la carretera Cochabamba-Santa Cruz por los pobladores de esa zona y agresiones a autoridades, incluyendo un viceministro, pidiendo su libertad, y a pesar de que hay posibilidades de que se den a la fuga, el juez de Ivirgarzama instruyó que salgan de la cárcel con medidas sustitutivas.
Días atrás, el exgobernador de Beni, en arresto domiciliario por acusaciones no comprobadas de corrupción, fue conminado a retornar a la cárcel, y en La Paz, pese a presentar certificado de trabajo y no habérsele comprobado ningún delito, se rechazó la solicitud de la expareja del Primer Mandatario de ser liberada y sometida a medidas cautelares.
Lamentablemente, así está funcionando la administración de justicia, y es por eso que la ciudadanía se siente desamparada, caldo de cultivo para el renacimiento de sentimientos atávicos que privilegian la ley del más fuerte. A su vez, situación que conduce a la violencia social, pues la buena administración de justicia es requisito fundamental para la pacífica convivencia.
Por ello, las autoridades del Órgano Judicial deberían revisar la decisión de los jueces de Ivirgarzama, Trinidad y La Paz, porque su actuación parecería responder más que a lo que dicen las leyes como es su deber (en el caso de Ivirgarzama se trata de un asesinato agravado), al temor que tienen frente a otros poderes del Estado.
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