Un esfuerzo bien coronado
Esta declaración tiene, ni más ni menos, el mérito de recordar la importancia del compromiso moral, político y cívico de preservar la democracia en el país y de que hay referentes políticos dispuestos a hacerlo.
La declaración conjunta de los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa; del exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, y de los principales referentes de la oposición político-partidaria del país Rubén Costas Aguilera, Luis Revilla Herrero y Samuel Doria Medina, denominada “En defensa de la democracia y la justicia en Bolivia”, constituye un hito político que, sin duda, tendrá influencia en el próximo futuro del país.
Estas personalidades expresan que su adhesión democrática los compromete “con la unidad” para “reafirmar (…) que creemos en la democracia como un valor que debe preservarse, profundizarse y defenderse sin tregua” y “no para resolver legítimas diferencias de pensamiento y de visión”.
Sostienen que la conquista de la democracia y la justicia “fueron y son una permanente lucha histórica”, por lo que “cualquier acción destinada a alterar o sustituir la voluntad soberana del pueblo, tanto en la conformación de los Órganos del Estado (…) como en la construcción de los valores y derechos inherentes a la democracia, es un atentado contra esa soberanía”.
Entre los obstáculos anotan la judicialización de la política, tema en el que el gobierno “ha roto los límites de la independencia y coordinación de poderes, ha transformado al Órgano Judicial en un instrumento de persecución política y ha violado normas, o ha creado normas arbitrarias a su medida” para ese fin.
Reconocen que los miembros del Órgano Electoral Nacional administraron “con idoneidad” el referendo constitucional de 2016, pero denuncian que en el nombramiento de nuevos vocales de los tribunales departamentales electorales hay un “número muy significativo” de personas afines al MAS y sus máximos dirigentes que “no garantizan la imprescindible neutralidad del Órgano Electoral”.
Exigen el pleno respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 que rechaza la reforma constitucional para habilitar una nueva candidatura del actual Primer Mandatario, y sostienen que cualquier “intento de forzar una nueva postulación (…) será inconstitucional y le dará la espalda a la soberanía inalienable de los bolivianos”.
Otra de sus preocupaciones es la elección de las autoridades del Órgano Judicial y para “no desperdiciar como ocurrió en 2011” la oportunidad de una buena selección y elección, sugieren que la Asamblea Legislativa nombre “una Comisión Independiente que haga una evaluación meritocrática de los postulantes. Esa Comisión deberá tener representantes de toda la sociedad y su calificación deberá tener un carácter vinculante en la preselección final de la Asamblea para la habilitación de los candidatos al proceso electoral judicial establecido en la Constitución”.
Finalmente, los firmantes de la declaración se comprometen a trabajar “unidos” para denunciar, dentro y fuera del país, las acciones “gubernamentales que se planifican y se realizan poniendo en entredicho las libertades ciudadanas (…)”.
Esta declaración tiene, ni más ni menos, el mérito de recordar la importancia del compromiso moral, político y cívico de preservar la democracia en el país y de que hay referentes políticos dispuestos a hacerlo.
La declaración conjunta de los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa; del exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, y de los principales referentes de la oposición político-partidaria del país Rubén Costas Aguilera, Luis Revilla Herrero y Samuel Doria Medina, denominada “En defensa de la democracia y la justicia en Bolivia”, constituye un hito político que, sin duda, tendrá influencia en el próximo futuro del país.
Estas personalidades expresan que su adhesión democrática los compromete “con la unidad” para “reafirmar (…) que creemos en la democracia como un valor que debe preservarse, profundizarse y defenderse sin tregua” y “no para resolver legítimas diferencias de pensamiento y de visión”.
Sostienen que la conquista de la democracia y la justicia “fueron y son una permanente lucha histórica”, por lo que “cualquier acción destinada a alterar o sustituir la voluntad soberana del pueblo, tanto en la conformación de los Órganos del Estado (…) como en la construcción de los valores y derechos inherentes a la democracia, es un atentado contra esa soberanía”.
Entre los obstáculos anotan la judicialización de la política, tema en el que el gobierno “ha roto los límites de la independencia y coordinación de poderes, ha transformado al Órgano Judicial en un instrumento de persecución política y ha violado normas, o ha creado normas arbitrarias a su medida” para ese fin.
Reconocen que los miembros del Órgano Electoral Nacional administraron “con idoneidad” el referendo constitucional de 2016, pero denuncian que en el nombramiento de nuevos vocales de los tribunales departamentales electorales hay un “número muy significativo” de personas afines al MAS y sus máximos dirigentes que “no garantizan la imprescindible neutralidad del Órgano Electoral”.
Exigen el pleno respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 que rechaza la reforma constitucional para habilitar una nueva candidatura del actual Primer Mandatario, y sostienen que cualquier “intento de forzar una nueva postulación (…) será inconstitucional y le dará la espalda a la soberanía inalienable de los bolivianos”.
Otra de sus preocupaciones es la elección de las autoridades del Órgano Judicial y para “no desperdiciar como ocurrió en 2011” la oportunidad de una buena selección y elección, sugieren que la Asamblea Legislativa nombre “una Comisión Independiente que haga una evaluación meritocrática de los postulantes. Esa Comisión deberá tener representantes de toda la sociedad y su calificación deberá tener un carácter vinculante en la preselección final de la Asamblea para la habilitación de los candidatos al proceso electoral judicial establecido en la Constitución”.
Finalmente, los firmantes de la declaración se comprometen a trabajar “unidos” para denunciar, dentro y fuera del país, las acciones “gubernamentales que se planifican y se realizan poniendo en entredicho las libertades ciudadanas (…)”.
Esta declaración tiene, ni más ni menos, el mérito de recordar la importancia del compromiso moral, político y cívico de preservar la democracia en el país y de que hay referentes políticos dispuestos a hacerlo.
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