Santa Cruz de la Sierra es testigo de una espiral de violencia inédita que cobra protagonismo a través de la figura del sicario, que es un asesino a sueldo contratado a pedido expreso de personas que mantienen diferencias con otras por deudas económicas, pleitos judiciales, divergencias amorosas, entre otras causas. Este ‘oficio’ de aborrecible reputación es realizado por individuos que ofrecen sus servicios para dirimir controversias ante la imposibilidad de resolverlas mediante medios pacíficos o en los tribunales de la justicia ordinaria. Consecuentemente, se trata de una variante igual o peor de perversa de la denominada ‘justicia por mano propia’, cuya figura por antonomasia es el linchamiento.
¿Qué interpretación se puede hacer de este fenómeno que comienza a echar raíces peligrosas en nuestra sociedad? Pues que se trata de una señal indicativa de que estamos ingresando a un peligroso proceso de ‘descomposición social’, consistente en un deterioro acelerado de las normas sociales y del tejido social por algunos factores que conviene traer a colación. Uno de ellos es el descreimiento del sistema judicial boliviano, que ha demostrado ser ineficiente en el tema de la administración de justicia (retardación) y corrupta por doblegarse ante el poder del dinero. Otro es la proliferación de las actividades vinculadas con el narcotráfico, que reproduce métodos de ajusticiamiento mafiosos vistos en otros países, como desafortunadamente ocurre en Centroamérica.
Estas son, por así decirlo, causas estructurales que ameritan reformas profundas. Sin embargo, hay una cuota de responsabilidad en la base social, víctima de estos hechos deplorables, pero también propiciadora de estas formas radicales de desviación. La más importante, quizás, es el desentendimiento de sus responsabilidades en cuanto a la inculcación de valores sociales en niños y jóvenes. Dichas salvaguardas carecen hoy de importancia frente a la necesidad compulsiva de obtener dinero y posesiones a toda costa.
Y por si fuera poco, la declaración del ministro de Gobierno, en sentido de aplicar la ‘ley de fuga’ contra los sicarios, desvela cierto grado de impotencia y la validación implícita de la ley del Talión: ojo por ojo y diente por diente. Por simple inferencia se puede concluir que una sociedad que estimula la violencia y la usa como instrumento de poder e intimidación frente a otros, tenderá a sufrirla en carne propia y a convivir con ella. Y esto último solo acelerará el proceso de descomposición social que experimenta nuestra abigarrada sociedad en medio del mayor desamparo
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero
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