Los autócratas, por lo general, no son humildes ni están dispuestos a sujetarse a las leyes; los domina el delirio de grandeza y el afán de poder, Creen que pueden ser omnipresentes y, por ello, se inmiscuyen en todos los espacios, incluyendo los de la privacidad de los ciudadanos. Estos algunos de los signos de la megalomanía que los entendidos diagnostican como “estado psicopatológico”.
El autócrata megalómano en el poder exige ciega obediencia, por disparatadas que sean sus órdenes o sus propósitos, y define arbitrariamente lo que es legal y lo que no debe hacerse. Es más: tiene la pretensión de que el país le pertenece; que es su hacienda y los ciudadanos sus súbditos. Y, por supuesto, dispone de todo sin otro control que no sea el que ejerce personalmente.
Lograr la sumisión es el principal propósito de la autocracia y, para lograrla, frecuentemente avasalla las instituciones, acomoda las leyes a sus propósitos o, simplemente, las ignora. Por ello, es coincidente que en esos regímenes un objetivo central: eliminar el control de la administración de justicia, la que debe ser, en cambio, la llamada a frenar la discreción del poder.
Ahora, le ha tocado el turno al gobierno de la Argentina buscar el dominio de la justicia. La Presidente Cristina Fernández de Kirchner, cuyo revelador slogan es “¡vamos por todo!”, acaba de presentar al Congreso de su país seis proyectos, supuestamente para “democratizar la justicia”. Esta es la culminación de los largos desencuentros del régimen kirchnerista con la justicia que, como es de esperar en un tribunal imparcial, no favorece automáticamente al gobierno en los fallos de asuntos que interesan al régimen. Esto no es extraño en un gobierno de esta naturaleza; es el intento de hacer del poder judicial un instrumento del absolutismo, lo que en otros países con gobiernos neopopulistas ya se ha logrado.
Pero hay un hecho que los observadores políticos consideran importante: cuando todavía no se ha consumado el designio del kirchnerismo, este ha tenido el efecto de unificar -lo que raras veces sucedió en el pasado reciente- a la oposición democrática argentina. En un muy duro pronunciamiento, el 11 de abril los opositores argentinos afirmaron que el Gobierno pretende “colonizar la Justicia” nombrar y remover jueces de manera discrecional y “preparar el terreno para la impunidad”. “Esta reforma no es para que haya una Justicia mejor, rápida y cercana a la gente –añaden-, sino para ocuparla con jueces adeptos al Gobierno y preparar el terreno para la impunidad”.
Por su parte, “el ex fiscal Julio Strassera, reconocido por la acusación en el histórico juicio a las juntas militares” advirtió que “el Estado va a acumular más poder”. “Lo único que podemos hacer –añadió– es inundar las calles para que se den cuenta”, aludiendo al “cacerolazo” convocado por la oposición para el 18 de abril (La Nación. Buenos Aires, 13 de abril de 2013).
El parecido de este proyecto kirchnerista para controlar la justicia, con lo sucedido en los países miembros del ALBA, no es mera coincidencia. Se ajusta a la estrategia de dominación urdida en el Foro de San Paulo.
La señora Fernández de Kirchner, con esto, da nuevas muestras de autoritarismo; el que nace de su megalomanía y que se acerca tanto a los designios del ALBA.
Si prosperara en el congreso argentino la reforma judicial propuesta por el kirchnerismo –la “democratización”, según el oficialismo- en el que el gobierno cuenta con mayoría, se soltarían lo frenos legales que impiden que al poder restrinja aún más las libertades democráticas, y se pondría en riesgo que la prensa independiente sea avasallada, lo que, según trasciende, es uno de los antiguos propósitos de la Presidente.
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