La responsabilidad del Gobierno
La actitud y el discurso gubernamentales están sufriendo una aguda metamorfosis a medida que se incrementa el malestar social, que el pasado miércoles se tradujo en una manifestación callejera que convocó a más de 15 mil trabajadores en la ciudad de La Paz, movilización que fue duramente reprimida por policías y militares.
La Plaza Murillo, que supuestamente le pertenece a los sectores populares del país, escenario durante los últimos años de cercos campesinos, grandes manifestaciones de apoyo al Gobierno y que ha estado vetada para expresiones opositoras y disidentes, fue acordonada por cientos de efectivos pertrechados con gases y armas de fuego, para impedir el ingreso de los manifestantes de la Central Obrera Bolivia (COB), uno de los más firmes aliados del “proceso de cambio”, convertido en antagonista por efecto de la inflación, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y la ausencia de un horizonte productivo que prometa mejoras en la calidad de vida de la gente.
De pronto, los asalariados del país se han convertido en una “minoría”, calificativo que el oficialismo le ha atribuido a este sector y que ha sido repetido hasta el hartazgo durante los últimos días por diferentes voceros. Los mineros, fabriles, empleados públicos, maestros y otros gremios acaban de pasar a las filas de los autonomistas, los agropecuarios, los empresarios y numerosos sectores que también han sido ninguneados y descalificados por el oficialismo con el mismo apelativo en los años recientes.
De la misma manera, las demandas de la COB han sido tildadas de ilegítimas y atentatorias contra los intereses del país, pues, según afirma el Gobierno, sería irresponsable satisfacer un pedido salarial que comprometería las cuantiosas reservas internacionales acumuladas en el Banco Central, el gran orgullo del Estado Plurinacional, el supuesto “ahorro” que se habría acumulado “para satisfacer las necesidades de la población”. Esa ha sido la insistente cantaleta del presidente Morales, pero ahora resulta que nadie puede tocar ese dinerito, reservado para los grandes planes de industrialización que nunca llegan.
Luego de cinco años de propalar un discurso “salarialista” y excesivamente paternalista, destinado exprimir a las empresas privadas; de ejercer una política de repartija y de aplicar medidas irracionales como los aumentos desmedidos a los trabajadores de las minas nacionalizadas; de beneficios extralimitados a policías y militares, el Gobierno pretende ahora asumir una supuesta actitud de responsabilidad, para evitar, según afirma el vicepresidente, que el país ingrese en un proceso de “udepización”. Lo lamentable es que la parranda económica que nos está conduciendo a revivir los tristes años de la UDP empezó hace mucho y lo único que hace el régimen de Evo Morales es tratar de evitar las consecuencias.
Es una gran falacia intentar hacer creer que la economía boliviana se iría al descalabro, de aprobarse un aumento de uno o dos por ciento por encima de la cifra ya definida. Si se produce el desastre será porque el MAS ha destruido el aparato productivo nacional que nos obliga a importar cada vez más, ha llevado a Bolivia a la ruina energética, ha duplicado los gastos en burocracia, se ha endeudado por demás, se ha tirado la plata en viajes, aviones, satélites y propaganda. Y las consecuencias de esa inmensa jarana habrá que sufrirlas indefectiblemente.
Es una gran falacia intentar hacer creer que la economía boliviana se iría al descalabro, de aprobarse un aumento de uno o dos por ciento por encima de la cifra ya definida. Si se produce el desastre será porque el MAS ha destruido el aparato productivo nacional que nos obliga a importar cada vez más, ha llevado a Bolivia a la ruina energética, ha duplicado los gastos en burocracia, se ha tirado la plata en viajes, aviones, satélites y propaganda. Y las consecuencias de esa inmensa jarana habrá que sufrirlas indefectiblemente. (Editorial de El Dia, SC)
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