Ayer nos tocó sentir la fuerza de la marcha organizada por la Central Obrera Boliviana y varias universidades públicas del país (UMSA, UPEA, UMSS y otras). La primera exige la derogación del Decreto Supremo 0809
—que establece un incremento salarial del 10 por ciento, rechazado por los diversos sectores representados por la COB—, y las universidades, la defensa de la autonomía universitaria y de la autonomía de gestión del seguro social propio del sector. Esta marcha convocó a dirigentes, trabajadores, estudiantes, docentes, plantel administrativo y otros que recorrieron por miles desde Senkata, pasando por la ciudad de El Alto, hasta el centro de la sede del Gobierno. Ni la lluvia ni el frío han podido detener la determinación de estos sectores, los que han perseverado a pesar de la adversidad del clima.
La historia reciente ha demostrado que la reivindicación de los derechos sociales se gana en las calles. La expresión pacífica de la marcha es y ha sido siempre un método efectivo en la lucha social. Sin embargo, no olvidemos que los derechos de uno terminan donde se lesionan los derechos de otros. Si bien el ciudadano paceño respeta las exigencias y reclamaciones vistas el día de hoy, es lamentable que estas demandas sean movilizadas, nuevamente, en la urbe de nuestro departamento. El sonido de gritos y petardos recuerda épocas de inestabilidad.
El perjuicio causado al ciudadano común, choferes, jornaleros, funcionarios, trabajadores, turistas y otros es inmenso. El daño causado a La Paz también es considerable, toda vez que las imágenes de las marchas se extienden por las señales de cable e internet hacia el resto del mundo, mostrando nada más que un país en conflicto.
Si bien las peticiones de la marcha son legítimas, también es legítimo exigir que éstas se traten en mesas de diálogo entre representantes de los sectores y del Gobierno. No se pretende incidir en ningún aspecto de naturaleza política, pero qué bien cae preguntarse…¿hasta cuándo pues?
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