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miércoles, 7 de abril de 2010

La Prensa de La Paz, con bisturí mediático desgrana al equipo de

Los Malos Perdedores


La desesperada reacción del MAS contra los resultados de las elecciones que el país ha realizado desde 2005 muestra que ese partido es un mal ganador y también un mal perdedor, y sus dirigentes —que no son nada sin el apoyo del Presidente del Estado Plurinacional, como se ha demostrado en los comicios del pasado domingo— lo arrastran a anunciar la adopción de decisiones que pueden afectar seriamente al sistema democrático.

Así, ayer el Primer Mandatario ha amenazado con enjuiciar por la vía penal a los vocales de las cortes departamentales electorales de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, los lugares donde el MAS ha sido claramente derrotado. Y como ya tiende a ser un hábito en él, ha sentenciado que el desempeño de los vocales de las mencionadas cortes “linda con el delito”. Sólo porque el resultado es adverso a los cálculos y planes del oficialismo.

Particularmente en los casos de Tarija, Beni y Pando, el mensaje es que está molesto porque no se han podido materializar las manipulaciones que el MAS realizó para obtener la victoria a “como dé lugar” (como ser el traslado de gente afín al MAS y el amedrentamiento directo), la que ahora perece querer tenerla sólo a las malas. No en vano el polémico ex Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana anunció en La Paz, el día domingo, que en Pando y Beni —donde ha fungido de jefe de campaña del MAS— “habría sorpresas”… y vaya que las ha habido.

Y mientras las denuncias sobre supuesto fraude se multiplican en diversas regiones del país, por lo general y aparentemente no por casualidad precisamente en aquellas donde los candidatos del oficialismo sufrieron un imprevisto revés, tanto los vocales de las cortes departamentales como de la Nacional actúan con el rigor que ya los ha hecho merecedores del reconocimiento de propios y extraños. Éstas reciben las denuncias y actúan en consecuencia, negándose, como corresponde, a someter sus actos a inadmisibles presiones.

Muy lejos de esa conducta están las amenazas vertidas por las autoridades de Gobierno, quienes por lo visto no acaban de comprender que ya no son dirigentes de un sindicato, una organización no gubernamental o una asamblea docente-estudiantil, sino de un Estado cuya seriedad merece ser respetada por todos, pero con mayor razón por ellos como servidores públicos.

Nada de lo anterior implica, por supuesto, negar la posibilidad de que durante el acto electoral del domingo se haya cometido más de una irregularidad. Esa eventualidad es del todo probable, entre otras razones porque el oficialismo dio abundantes motivos para temer que así sea. Pero es precisamente previendo tal posibilidad que la legislación señala los procedimientos y canales regulares que debe seguir cualquier denuncia, ninguno de los cuales consiste, como es obvio, en que el Presidente del Ejecutivo se atribuya por sí y ante sí la potestad de iniciar nada menos que procesos penales.

Esto significa que si en verdad los dirigentes del MAS estuvieran seguros de la existencia de irregularidades, debieran seguir los pasos que norma la ley para procesarlas… pero optan por el amedrentamiento y así, definitivamente, no se construye democracia.



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