qué miedo que le tienen a Manfred. ahora quieren cobrarse ciento por uno

Una camioneta roja que transportaba a dos funcionarios de la Contraloría General llegó ayer, cerca de las 15:00 a la puerta de una casa sin número, ubicada sobre la calle Caracol (en Tiquipaya), para entregar dos notificaciones en las que se le informa al dueño, que debe pagar los 370.851 bolivianos adeudados a la Corte Nacional Electoral (CNE) desde 2005. En la casa no está nadie, ni siquiera el guardia que cuidaba el inmueble. La casa pertenece al ex prefecto Manfred Reyes Villa, cuyo paradero en estos días ha sido motivo de debate.

La cifra demandada ayer es pequeña con relación a los 12,5 millones de dólares que suman todos los procesos, pues Reyes Villa tiene nueve pliegos de cargo seguidos por la Contraloría por cerca de un millón de dólares, y ocho procesos penales por 11,5 millones de dólares más, seguidos también por la Contraloría y por la Prefectura.

La notificación de ayer, en tanto, tiene que ver con un documento de solvencia fiscal emitido por la Contraloría regional Cochabamba el 3 de septiembre de este año, según el cual Reyes Villa debe a la CNE 80.991 bolivianos porque los candidatos de su partido en las elecciones municipales de 2004 no obtuvieron el 2 por ciento mínimo de los votos en Oruro y La Paz, y otros 289.860 bolivianos, porque su candidato presidencial, Gildo Angulo, no logró el 2 por ciento en los comicios de 2005.

El contralor regional, David Barriga, dijo que estos dos últimos procesos están en trámite desde hace cuatro años, y aunque no se afectó a su candidatura en las elecciones de diciembre, Reyes Villa no puede dejar de pagar sus deudas.

Además, Reyes Villa tiene otros siete pliegos de cargo con responsabilidades civiles y administrativas. Dos en la Alcaldía de Cochabamba por 23.059 dólares, que están paralizados; cuatro en la Prefectura por más de medio millón de dólares, que están en trámite; y uno más en el gobierno municipal de El Alto, no especificado.

A estos pliegos se suman otros siete procesos penales instalados por la Prefectura de Cochabamba por 70 millones de bolivianos por la construcción del camino Vinto Sacambaya (nueva carretera a La Paz), en el cual fue arraigado; la construcción del puente Sacambaya; el caso Cetefor; el del Promic; el parque Nacional Carrasco; dos procesos por uso de instrumento falsificado y uno más por la compra de 26 vehículos de lujo con dinero proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

A estos procesos se suma otro caso denunciado al Ministerio Público la anterior semana por la Contraloría, por la presunta malversación de 17 millones de bolivianos, que, según la denuncia, fueron desviados del IDH para comprar pelotas de futbol, medallas y trofeos para los deportistas.

DEFENSA

El abogado defensor, Daniel Humérez, declaró que se efectúan los trámites para suspender el arraigo y las medidas cautelares que pesan contra su cliente, además de asegurar que Reyes Villa no se presentará a ningún proceso penal, porque no tiene “garantías para un debido proceso".

En tanto, la directora nacional de Migración, María René Quiroga, anunció que se reforzaron los controles en aeropuertos y las fronteras, para cumplir el arraigo.

El abogado de la Prefectura, Juan Pedro Ortuño, dijo que ya se inició el trámite en tribunales para pedir la reversión de medidas cautelares, ya que al no presentarse a declarar, Reyes Villa obstruye la justicia.

Protección de CIU

A pesar de que la Contraloría detectó responsabilidad civil en el ex alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por más de 23 mil dólares, y en el ex presidente del Concejo Municipal, Gonzalo Terceros, por más de 30 mil dólares, por la entrega de una donación para la Fundación Telemaratón en la gestión 1999, el cobro de estos montos no se realizó hasta ahora, aunque ya pasaron 10 años, que es el lapso en el que prescribían los procesos civiles según la anterior Constitución Política del Estado (CPE).

La auditoría es la GC/EP09Y04C1 y en ésta se descubrió que las donaciones que efectuaron el Alcalde y el presidente del Concejo Municipal de 1999 no tenían procedencia personal, como ellos habían anunciado públicamente, pues en realidad salieron del presupuesto edil.

Aunque la Contraloría remitió recientemente los informes al Concejo Municipal, presidido por la “mano derecha” de Terceros, Tatiana Rojas, los cobros no se efectuaron y la Alcaldía no pudo recuperar nunca el dinero.