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martes, 15 de diciembre de 2009

el viceministro de Justicia pedirá 30 años para linchadores...

que sus declaraciones causan risa. hace cuatro años que se vienen sucediendo los linchamientos. más concretamente el de Achacachi, 9 muertos y sin embargo, hasta el día de hoy, no hay ni siquiera detenidos y lo de Epizana, los sospechos salieron todos en libertad...a otro perro con ése hueso, ni los detendrán, ni los investigarán y menos aún meterán presos...los linchadores seguirán campeando su criminal acción protegidos "por la ley del silencio", al que hable "lo matamos...de modo que" las intenciones de Nelson Cox, quedarán en éso en simples buenas intenciones...(nota de redacción)

La reacción del Ejecutivo surge tras el macabro linchamiento de cuatro presuntos antisociales en la localidad de Ivirgarzama, en el trópico cochabambino, tres de los cuales fueron golpeados y quemados vivos hasta que murieron por enardecidos pobladores que los sacaron de sus celdas de detención tras ser acusados de robo.
En este marco, la autoridad dijo que se pedirá a las autoridades policiales y al Ministerio Público que extremen esfuerzos para identificar a los autores de este delito para que sean condenados a la pena máxima establecida en el Código Penal Boliviano. "El asesinato colectivo, por la característica del tipo penal y de acuerdo a la Constitución se sanciona con 30 años de cárcel", dijo Cox.
El viceministro de Justicia Indígena Originaria Campesino, Valentín Ticona, condenó y reprochó por su parte el acto de asesinato colectivo ocurrido el pasado lunes en Ivirgarzama y dijo que esto no es de ninguna manera justicia comunitaria, sino un delito común que debe ser sancionado.
Cox admitió que el sistema de justicia colapsó por sus falencias procesales, en las medidas cautelares e incluso en los jueces y fiscales que originan que los ciudadanos no tengan una atención rápida y efectiva en la administración de justicia y esto origina que se tomen decisiones colectivas para cometer asesinatos colectivos.
Explicó que este tipo de asesinatos colectivos rebasan a la Policía y la fiscalía, pero no por ello se quedan impunes, "estamos seguros que la comisión en el Trópico aprehenderá a los partícipes y cómplices de este asesinato", dijo Cox.
De la misma forma aseguró que por haberse desarrollado en una población rural el asesinato no quiere decir que sea justicia originaria campesina, ya que por el grado de participación no fueron autoridades indígenas que tomaron la decisión y por las propias características de la comunidad, fue una decisión colectiva en un momento determinado, lo que origina que esto no sea considerado justicia comunitaria.
Cox recordó que en el caso del alcalde Benjamín Altamirano quien fue linchado en Sica Sica el 2004 finalmente se ejerció justicia, después de cinco años, con la sentencia a los autores y cómplices en el asesinato colectivo del alcalde de esa región, entre los cuales se encuentra en dirigente campesino paceño Gabriel Pinto, que guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro. (El Deber Digital)