Páginas vistas en total

sábado, 13 de junio de 2009

Los refugiados políticos de Bolivia aumentan con la decisión de Brasil
El hecho de que Bolivia tenga en este período democrático, luego de más de 25 años del proceso, refugiados y exiliados políticos, puede plantear en la comunidad internacional, una serie de interrogantes sobre la calidad de la democracia.

Los diferentes acontecimientos políticos presentados durante los últimos meses, han originado efectos decisivos en la vida de varios bolivianos, y sin duda alguna, en la imagen del Gobierno por las fuertes connotaciones políticas y sociales.
Una de las figuras que ronda en el contexto internacional, es que Bolivia en pleno régimen democrático tiene políticos refugiados, algo que se puede entender como una especie de quiebre del sistema democrático. No cabe duda que la realidad política que ha dado lugar a estas situaciones, tiene antecedentes que deben ser analizadas en el contexto en algo que parece inexplicable.
Los primeros políticos que pidieron asilo en la vecina República del Perú, fueron ministros del régimen de Sánchez de Lozada, acusados de complicidad en el delito de genocidio y masacre que pesa contra el mandatario por los sucesos luctuosos que acontecieron el 2003 y que cobraron la vida de varias decenas de personas y centenares de heridos, en un enfrentamiento en El Alto de La Paz con militares, siendo una de las principales causas, la protesta por un plan para vender gas a Chile.
Sánchez de Lozada, actualmente, reside en Estados Unidos junto con su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y el de Hidrocarburos, quienes luego de huir del país, se declararon perseguidos políticos, mientras que el Gobierno boliviano espera un trámite de extradición. El otro grupo de ministros del ex presidente, optaron por el exilio en Perú al considerar que el actual Gobierno no les ofrece garantías para un proceso justo estimando que serían objeto de una “linchamiento político”. El Gobierno peruano accedió a la solicitud y actualmente los ex ministros tienen tales privilegios, situación que ha derivado en enfrentamientos diplomáticos entre Bolivia y ese país.
En la otra faceta, los sucesos de Pando del 11 de noviembre pasado, que terminaron en El Provenir con la vida de al menos 13 personas, derivaron en el apresamiento sin juicio del prefecto Leopoldo Fernández acusado de masacre, junto a otros dirigentes cívicos que buscaron refugio en una vecina población brasileña. El Gobierno del Brasil ha otorgado ahora refugio a 58 de esos bolivianos, bajo la consideración de otorgar seguridad a los peticionarios, y sin descartar la persecución política. La figura señalada por Brasil está dentro de normas internacionales, ante la desprotección de los solicitantes, que podrán en ese territorio trabajar y procurarse los medios de subsistencia.
La reacción del Gobierno boliviano respecto a la decisión del Brasil, ha sido cauta, por decir lo menos, en relación a la expresada con el Perú, algo que puede tener explicación en las relaciones comerciales y en las visiones políticas que mantiene el Gobierno de La Paz respecto a lo que cree un potencial aliado, sin descuidar que la influencia de Venezuela sobre Brasil, resulta muy modesta.
De cualquier modo, el hecho de que Bolivia tenga en este período democrático, luego de más de 25 años del proceso, refugiados y exiliados políticos en países vecinos, puede plantear interrogantes en la comunidad internacional sobre la calidad democrática de Bolivia. (Editorial del diario cooperativo OPINION, Cb., Bolivia)