Supuesta injerencia boliviana

La ministra Torrico rechazó además, según la agencia ANF, las insinuaciones de políticos peruanos y del canciller del vecino país, José Antonio García Belaúnde, quienes aseguraron que en los actos violentos en la amazonia hubo “influencias foráneas e intereses antisistémicos” para desestabilizar al Gobierno de García. Por su parte, el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, dijo que “es un acto incorrecto y desesperado el tratar de vincular o acusar al Estado boliviano sobre los luctuosos hechos que ocurrieron en Perú”.

Sobre este punto, Rojas declaró: “Nosotros no hemos dicho absolutamente nada sobre eso. Es totalmente equivocado. Yo no he hablado nunca de que persona del Gobierno o siquiera de Bolivia hubiera participado en esos actos (de la amazonia)”. El Gobierno peruano otorgó en mayo refugio político a tres ex ministros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR).

Los beneficiados con esa medida son los ex titulares de Participación Popular Mirtha Quevedo, de Desarrollo Económico Jorge Torres y Salud Javier Torres Goitia. Todos ellos afrontan un proceso por “genocidio”, por la muerte, en septiembre y octubre de 2003, de al menos 67 personas en una represión militar que además dejó medio millar de heridos de bala.

La agencia Efe informó ayer que el ministro Arce había explicado que, si Lima no acepta la petición de la Cancillería boliviana para cancelar el asilo a esos tres ex ministros, Bolivia evalúa presentar una demanda contra Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sin embargo, Rojas contó que su país no recibió ninguna solicitud de ese tipo.

Para Arce, de abrirse el juicio, Bolivia tendría “las más amplias posibilidades de ganar”, porque el proceso contra el Gobierno de Sánchez de Lozada “es un tema ampliamente conocido en el mundo” y “fundamental”.

Sin embargo, el embajador Rojas aseveró: “Nosotros no hemos recibido ninguna solicitud de extradición”. Pero consideró que, cuando se tenga conocimiento de un pedido como ése, se lo tratará en las instancias gubernamentales y judiciales peruanas y conforme a las normas vigentes.