Antecedentes del zarpazo al Litoral por Chile

Jorge Soriano Badani

El 10 de agosto de 1866, en el régimen despótico del presidente Mariano Melgarejo, la cancillería chilena, con halagos a la vanidad del "héroe" del sexenio, consiguió la suscripción de un acuerdo por el que Bolivia y Chile se repartirían por mitad todos los productos explotados entre los grados 23 y 25, estableciéndose simultáneamente un régimen aduanero y administrativo obligatorio para las dos naciones. Chile conseguía por ese procedimiento un canal de penetración al litoral boliviano donde el descubrimiento de yacimientos de salitre y otros minerales despertó la ambición de intereses foráneos, que ya estaban instalados en el vecino país, confabulando desde 1843 el asalto a la costa marítima boliviana. Consumados los nefandos propósitos de Chile en el gobierno del general Melgarejo, capitalistas ingleses, franceses y chilenos explotaron el guano y el salitre en comandita con los propios parientes del mandatario boliviano. Tal es el caso del coronel Severo Melgarejo, que obtuvo concesiones con un capitalista chileno y hombre de influencia en los círculos políticos de Santiago. Por otro tratado suscrito el 6 de agosto de 1874, Bolivia adquirió la obligación de mejorar los puertos de Antofagasta y Mejillones para las operaciones de los buques chilenos, eximiendo de todo impuesto y gravamen la producción salitrera y minera comprendida en el ámbito geográfico delimitado por el acuerdo de agosto de 1866. El artículo 4° del nuevo tratado complementario estipulaba que: "los derechos de exportación que se impongan sobre los minerales exportados en la zona del territorio de que hablan los artículos precedentes, no excederán la cuota de la que actualmente se cobra; y las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a más contribuciones de cualquier clase que sean, que las que al presente existan". Entre 1871 y 1874 la nación boliviana, que estuvo sometida a seis años de despotismo militar bajo las fuerzas pretorianas del melgarejismo y la codicia de los grupos de civiles y militares encaramados al gobierno en el mandato del presidente Agustín Morales, descuidaba la protección de sus fronteras viviendo aún en el fárrago de las luchas por el control y abuso del poder. Chile observaba la anarquía imperante en Bolivia por los golpes de cuartel, acechando agazapada el momento preciso en que pudiera clavar sus garras en el litoral boliviano y las riquezas que guardaban sus entrañas. Ese instante se produjo cuando el general Hilarión Daza, en cumplimiento de una ley y de un derecho, puso en vigencia un impuesto que gravaba con diez centavos a cada quintal de salitre exportado por la "Compañía Chilena de Salitres y Ferrocarriles", que había adquirido las acciones de la firma inglesa Melbourne, Clark y Cia. El gobierno de Chile simuló una reclamación diplomática, pretextando que Bolivia había infringido los tratados del 6 de agosto de 1874 y el protocolo complementario del 21 de julio de 1875. El régimen del general Daza, en uso de sus legítimas atribuciones por decreto del 10 de febrero de 1879, reinvindicó la propiedad de las adjudicaciones al Estado boliviano, dejando sin efecto concesiones anteriores extendidas a firmas anglo-chilenas por el presidente Melgarejo. El 11 de enero de 1879 el Prefecto del Departamento del Litoral, coronel Severino Zapata, expedía un decreto disponiendo el apresamiento y conducción a la cárcel pública del gerente y representante de la Compañía de Salitre y Ferrocarriles de Antofagasta, Jorge Hicks, por deudor al Estado boliviano y el embargo de sus bienes. El súbdito inglés había solicitado asilo en el acorazado de la armada chilena "Blanco Encalada", que apareció sugestivamente en la bahía de Antofagasta, puerto indefenso custodiado por 40 carabineros. Las autoridades bolivianas continuaron las diligencias de embargo y ordenaron la suspensión inmediata de los embarques de salitre de la compañía anglo-chilena, decretando el remate de sus bienes para el 14 de febrero de 1879. Ese día, buques de guerra y efectivos de la marina chilena ocuparon el puerto de Antofagasta, perpetrando el zarpazo a nuestra costa marítima. El autor es Presidente del Comité Cívico Pro Mar Cochabamba

El autor, Jorge Soriano junto a su esposa y el Editor, en reciente encuentro realizado en Cochabamba (noviembre de 2007), es Presidente del Comité Pro Mar y ocupó importantes funciones de gobierno en el campo de sus conocimientos hasta el segundo puesto en el Ministerio de Comunicación llegando a presidir y organizar la labor de la Radiodifusión Boliviana desde cuyo puesto cooperó eficazmente a los trabajadores de Radio y Televisión en el ordenamiento jurídico-técnico del ramo. Por sus labores distinguidas y de apoyo a los trabajadores de Radio recibió el Primer Micrófono de Oro de manos del gran líder laboral hoy desaparecido Hugo Sánchez Careaga. (Don Jorge nos confesó que conserva con mucho afecto la joya que le entregaran los locutores bolivianos en 1961)