Desde hace mucho el Gobierno de Evo Morales no se dedica a otra cosa más que a hacer cálculos y lamentablemente todos les han salido mal. La Constitución Política del Estado está llena de cálculos. Se la redactó calculando que nadie iba a reclamar su cumplimiento, porque debía ser aplicada solo a los enemigos del régimen. El presidente calculó que iba a ser fácil “meterle nomás” para que luego legalicen sus abogados y a finales del año pasado calculó que su poder era tan grande que iba a ser muy simple aplacar los ánimos de la gente que podría oponerse al gasolinazo. De no haber pedido perdón y reconocer que había hecho un mal cálculo, su Gobierno hubiera corrido la misma suerte de los que él mismo ayudó a derrocar.
En el 2009 el presidente Morales calculó y seguramente se lo dijo a su colega Lula da Silva, que iba a ser pan comido convencer a los indígenas del oriente boliviano de destruir el Parque Isiboro Sécure y atravesarlo por una carretera para beneficiar a los soyeros brasileños y por supuesto, a los cocaleros. Tal vez creía que, con su discurso indigenista y algunas poses de líder ecologista mundial, se había echado al bolsillo a las 36 naciones que le dieron discurso y plataforma política y que –según sus cálculos-, le iban a tolerar todo.
Cuando empezó la marcha en defensa del Tipnis el Gobierno calculó que no iba a llegar muy lejos y que los dirigentes se iban a acobardar rápido con la guerra que desató el régimen contra ellos, a quienes llamó “salvajes” y los acusó de ser vendidos al imperialismo, aliados de la derecha y traficantes de madera. Nunca calculó que todo un país se iba a solidarizar con los marchistas, quienes ahora reciben apoyo de la COB, de las organizaciones campesinas y originarias del occidente, de ex autoridades gubernamentales e incluso de una ministra que presentó su renuncia ni bien se enteró de la salvaje represión que perpetró la Policía cerca de Yucumo.
Según los cálculos del Gobierno, la marcha no debía llegar a Caranavi, porque en ese punto la protesta se hubiera vuelto imparable, multitudinaria y verdaderamente “intercultural”, con la capacidad de llegar a La Paz en forma de un inmenso bloque de demandas acumuladas y de sectores desilusionados con el “proceso de cambio”. La caminata tampoco debía toparse con la elección de autoridades al Órgano Judicial, que en realidad se trata de un nuevo plebiscito que marcará el nivel de aprobación del presidente Morales. Los ministros del presidente han calculado que la represión ha sido el mal menor, que después de unos días la gente se olvidará de los indígenas apaleados y humillados y que acudirá a votar con absoluta tranquilidad el 16 de octubre por los candidatos que ha designado el Estado Plurinacional.
Hace unos años, nadie hubiera calculado que un régimen con tanto poder, con un líder de la talla de Evo Morales se encuentre hoy tan desesperado como para arremeter con tanta saña contra indígenas indefensos. Hasta no hace mucho, Evo Morales seguía insistiendo que había llegado al Palacio Quemado para quedarse indefinidamente y tal vez para siempre. El vicepresidente elucubraba sus teorías sobre la conquista del poder total y sus fases para consolidar la hegemonía.
Nadie hubiera pensado, como lo están haciendo muchos ahora, que con la reciente acción, propia de la más salvaje dictadura, el Gobierno ha labrado ya su destino.
En el 2009 el presidente Morales calculó y seguramente se lo dijo a su colega Lula da Silva, que iba a ser pan comido convencer a los indígenas del oriente boliviano de destruir el Parque Isiboro Sécure y atravesarlo por una carretera para beneficiar a los soyeros brasileños y por supuesto, a los cocaleros. Tal vez creía que, con su discurso indigenista y algunas poses de líder ecologista mundial, se había echado al bolsillo a las 36 naciones que le dieron discurso y plataforma política y que –según sus cálculos-, le iban a tolerar todo.
Cuando empezó la marcha en defensa del Tipnis el Gobierno calculó que no iba a llegar muy lejos y que los dirigentes se iban a acobardar rápido con la guerra que desató el régimen contra ellos, a quienes llamó “salvajes” y los acusó de ser vendidos al imperialismo, aliados de la derecha y traficantes de madera. Nunca calculó que todo un país se iba a solidarizar con los marchistas, quienes ahora reciben apoyo de la COB, de las organizaciones campesinas y originarias del occidente, de ex autoridades gubernamentales e incluso de una ministra que presentó su renuncia ni bien se enteró de la salvaje represión que perpetró la Policía cerca de Yucumo.
Según los cálculos del Gobierno, la marcha no debía llegar a Caranavi, porque en ese punto la protesta se hubiera vuelto imparable, multitudinaria y verdaderamente “intercultural”, con la capacidad de llegar a La Paz en forma de un inmenso bloque de demandas acumuladas y de sectores desilusionados con el “proceso de cambio”. La caminata tampoco debía toparse con la elección de autoridades al Órgano Judicial, que en realidad se trata de un nuevo plebiscito que marcará el nivel de aprobación del presidente Morales. Los ministros del presidente han calculado que la represión ha sido el mal menor, que después de unos días la gente se olvidará de los indígenas apaleados y humillados y que acudirá a votar con absoluta tranquilidad el 16 de octubre por los candidatos que ha designado el Estado Plurinacional.
Hace unos años, nadie hubiera calculado que un régimen con tanto poder, con un líder de la talla de Evo Morales se encuentre hoy tan desesperado como para arremeter con tanta saña contra indígenas indefensos. Hasta no hace mucho, Evo Morales seguía insistiendo que había llegado al Palacio Quemado para quedarse indefinidamente y tal vez para siempre. El vicepresidente elucubraba sus teorías sobre la conquista del poder total y sus fases para consolidar la hegemonía.
Nadie hubiera pensado, como lo están haciendo muchos ahora, que con la reciente acción, propia de la más salvaje dictadura, el Gobierno ha labrado ya su destino.
El Gobierno nunca calculó que todo un país se iba a solidarizar con los marchistas, quienes ahora reciben apoyo de la COB, de organizaciones campesinas y originarias occidentales y de exautoridades. (El Día, SC, Bolivia)
