clima de violencia e inseguridad intolerables se vive en las principales ciudades de Bolivia que tienen su origen en la "permisividad con el narcotráfico. con el aumento iliminado de la producción de coca. con el desgobierno y la falta de Justicia concentrada más bien en la persecusión política de opositores.

Cada día que pasa la creciente inseguridad ciudadana y la violencia ligada al tenebroso círculo del narcotráfico dejan su impronta en los noticias de la prensa local. La situación que se vive tiene varios aspectos comunes a la experimentada a principios de la década de los años ochenta. En ese entonces, el descaro con que actuaban los narcotraficantes y sus protectores formaba parte de un anecdotario tolerado por propios y extraños, hasta que la tragedia de Huanchaca y la violenta desaparición del naturalista Noel Kempff Mercado a manos de testaferros, sacó de su letargo a una ciudadanía hasta ese momento complaciente e incomprensiblemente ingenua. Se supo, así, que narcotráfico es muerte.
 
En la actualidad, las noticias más comunes de la crónica roja se refieren a audaces asaltos a mano armada donde las víctimas son personas que poco tiempo antes han retirado fuertes sumas de dinero de bancos o negocios. La delincuencia organizada ha sobrepasado a las fuerzas del orden y de la seguridad. Por otra parte, la proliferación de grupos pandilleros, de los cuales la Policía tiene cabal conocimiento sin llegar a desbaratarlos, ha llegado a amenazar directamente la integridad física de los vecinos, con secuelas de atracos con muerte, golpizas asesinas, violaciones y amedrentamientos. Un ejemplo es el joven en estado de coma luego de un cobarde ataque de pandilleros.
 
No tiene por qué sorprender que los últimos secuestros, cargados de una inaudita violencia, hayan sido señalados como típicos ajustes de cuentas del narcotráfico. Los hallazgos de cadáveres mutilados de hombres y mujeres le han dado una tónica de horror a la presencia del tráfico de droga en el país y, con especial énfasis, Santa Cruz. Los expertos han señalado en esos hechos de sangre, la mano de grupos organizados -¿Cárteles?- que el Gobierno sigue empeñado en negar. La salida forzosa de la DEA estadounidense parece haber abierto la puerta para el ingreso y temerario accionar no solo de audaces traficantes de cocaína, sino también de su brazo armado: los sicarios.
 
Conviene advertir que la presencia de extranjeros que controlan la creciente producción de cocaína en las cercanías de los pueblos del Norte de Santa Cruz y el flujo de droga desde el Chapare, están cambiando la forma de vida de los pobladores rurales. De alguna manera éstos se están involucrando en la producción de cocaína a través del cultivo de coca o bien participando en fábricas instaladas y camufladas en la espesa vegetación. Sin duda que la pobreza los empuja a esta actividad ilegal, pero también es cierto que la floreciente actividad del narcotráfico obedece al insuficiente control de las fuerzas antidroga y a la permisiva postura gubernamental sobre la coca excedentaria.
 
Todo indica que mientras el presidente Morales permanezca encumbrado en la sindical de cocaleros, éstos se sentirán autorizados a incrementar sus cultivos sin que nadie lo impida. En los hechos, significa que los esfuerzos de la fuerza antidroga nacional seguirán siendo insuficientes e inadecuados para la dimensión del tráfico de drogas. Este mueve dinero, promueve atracos y secuestros y financia crímenes por ajustes de cuentas. En ese ambiente, no extraña que las pandillas generen violencia e inseguridad. Quizás sea hora que el Gobierno asuma la necesidad de solicitar ayuda internacional contra la amenaza auténtica y peligrosa de la creciente producción y tráfico de drogas.

Quizás sea hora que el Gobierno asuma la necesidad de solicitar ayuda internacional contra la amenaza auténtica y peligrosa de la creciente producción y tráfico de drogas. (Editorial del diario El Dia de Santa Cruz de la Sierra)

Agustín Saavedra ex-canciller y diplomático nos cuenta los OCHO pasos que son todo un calvario antes de poder viajar al exterior. pregunta si no se podrá abreviar el sufrimiento.

Hubo una época en la que los bolivianos solo podíamos viajar al exterior previo ‘permiso de viaje’. A esta aberración se agregaba algo peor: para regresar a nuestro país era imperativo obtener visa consular de ingreso. Sin tal visa, ninguna aerolínea embarcaba al que pretendía volver a su lugar de origen. Estas tribulaciones son ahora anecdóticas, pero hoy una salida al exterior por vía aérea sigue plagada de burocracia y costos. Veamos, como ejemplo, el caso de Viru Viru.
Primeramente hacemos cola en la compañía aérea que nos llevará al destino previsto. Mientras retienen nuestros documentos de identidad, nos instruyen que vayamos a pagar impuestos y tasas. ¿Por qué no combinan las líneas aéreas con las otras entidades un pago único que al final del día lo consolidan? O eso no pasa por sus cabezas para facilitar las cosas o seguramente hay problemas entre ellos; total, la gente aguanta. Vamos entonces a otra cola para pagar el “impuesto de salidas al exterior”. Abonada esta gabela (creo que Bolivia debe ser uno de los pocos estados en el mundo que la cobra) hay que ir a una cola extra para pagar $us 25 por la tasa de aeropuerto. El ‘chiste’ de salir al exterior ya está costando arriba de $us 70 por cabeza y sigue la ordalía… Con tales impuestos pagos se retorna al mostrador de la aerolínea y el pasajero rescata sus documentos junto a su tarjeta de embarque. Van cuatro largas tramitaciones…
Para pasar a zona de embarque debe primero hacerse el escrutinio del pasajero y del equipaje de mano. Este es un trámite normal en todas las latitudes. Van ya cinco etapas. Luego viene Migración, donde –previo llenado de un formulario– hay que hacer cola y presentarse. Esto también es normal en todo el mundo. Van seis pasos. Culminado el trámite migratorio viene el séptimo paso: un funcionario pide los documentos de identidad y los fotocopia. ¿Para qué? No lo sé, pero sin eso uno no puede seguir adelante. Ya son siete las tramitaciones.
Cumplidos esos siete pasos viene el octavo: la revisión a cargo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn). Debido al creciente narcotráfico, la tarea de la Felcn es comprensible, pero no entiendo por qué esta unidad no controla directamente en el embarque y se tiene que volver a hacer otro escrutinio al final del recorrido. ¡Pareciera que nada a favor del pasajero resulta posible! Con menos plata en el bolsillo, cansado y culminada la ordalía de los ocho pasos previos, ¡al fin! el viajero se encuentra listo para partir cuando sea llamado a bordo.
Al retornar hay que hacer el obligatorio trámite migratorio, que en el caso de los bolivianos consiste en devolver la mitad del formulario de salida que quedó con ellos. Todo normal, salvo las colas por escasos funcionarios. Luego en otro sector piden el documento para nuevamente fotocopiarlo. ¿Razones? No las conozco, pero sin eso no se accede al retiro de las valijas. Allí viene la espera en la cinta de equipaje, espera que cuando llegan dos aviones juntos se hace interminable por haber solo una cinta, no dos, tres o más, como debería ser. Finalmente viene la cola en la Aduana, donde un escáner duerme el sueño de los justos, no sé si por desconocimiento de su manejo o porque se dañó y nadie se preocupa de repararlo. Resultado: la revisión del equipaje es a mano, engorrosa y lenta. Pasado ese último trámite, exhaustos, ya somos libres para salir del recinto. Hemos mejorado desde las épocas del permiso previo y la visa de ingreso, pero aún estamos lejos de muchos otros países, comenzando con los limítrofes. Para el boliviano, está visto que todo es cuesta arriba…

* Ex canciller, economista y politólogo, www.agustinsaavedraweise.com

valiente actitud de universitarios cochabambinos que quemaron ánforas es que están en contra de unas elecciones ganadas de antemano en una burda maniobra de reorganizar el "poder judicial" amanãndolo al MAS-EVO

Estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba quemaron ayer ánforas simbólicas en rechazo a las elecciones judiciales de octubre próximo, por considerar que se trata de un proceso “amañado” y nada transparente, y porque “la justicia después o antes de las elecciones va a ser corrupta”.

El dirigente del frente estudiantil Urus, Jarlin Coca, rechazó las amenazas del oficialismo de encarcelar a quienes se opongan a estas elecciones y voten nulo, y anunció la realización de una campaña dentro de la universidad por el voto pifiado.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, instó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacer respetar la Ley de Régimen Electoral, concretamente el artículo 238 inciso k, que establece una sanción de uno a tres años de cárcel para aquellos que induzcan a votar nulo.

“Cuando hay procesos electorales no se puede inducir al voto, y eso no es sólo ahora inclusive en toda la vida democrática que hemos tenido nunca se ha permitido que haya inducción al voto porque boicotea al voto democrático’, señaló la diputada.

El Tribunal Departamental Electoral (TDE) de Tarija, por su parte, inició investigaciones a tres legisladores, dos diputados y un senador, por el presunto delito de inducir al voto nulo.

“Tengo que lamentar las declaraciones desafortunadas de dos diputados y un senador. Estamos requiriendo ante el Ministerio Público que se requiera a los medios donde prestaron declaraciones las copias en CD”, dijo el vocal electoral, Rafael Gómez.

Según el vocal se analizarán esa copias y se definirá si hay materia justiciable, “si han violentado o no la ley para iniciar las acciones legales”.

Advirtió que quien violente la ley, haga campaña por el voto blanco o nulo, será perseguido judicialmente y tendrá una pena de uno a tres años, pues nadie puede inducir al voto blanco o nulo, pero el ciudadano es libre de optar por esta modalidad.

El analista político y exvocal de la Corte Nacional Electoral (CNE), Jorge Lazarte, dijo que hacer campaña por el voto nulo no es delito. “Al establecer sanciones cometen el delito de prohibir la opinión, quitar el derecho a expresarse libremente. El único que puede interpretar la ley son el Tribunal Constitucional”, dijo.

El diputado de Alianza Social (AS), Willman Cardozo, informó que realizó una petición, para que el presidente del TSE, Wilfredo Ovando, vaya al Legislativo a explicar los argumentos legales, jurídicos, doctrinales o acuerdo internacional en los que se basan para decir que el voto nulo es punible o ilegal.

con ajustada razón El Día se pregunta para quién trabaja SE Evo?

El presidente Morales ha vuelto a quejarse de los indígenas y es posible que las lamentaciones sean la antesala de una guerra. En el área del TIPNIS, Parque Isiboro-Sécure, están preparando arcos y flechas para enfrentar a las fuerzas represivas del Gobierno, lo que anticipa un insólito enfrentamiento entre los originarios y el régimen que supuestamente pretende descolonizar el país.

Mientras que Evo Morales afirma que los indígenas lo han abandonado y que lo único que pretenden es “lotear” el Gobierno, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyu (Conamaq) que, entre otros, representa a las comunidades que han “loteado” el Altiplano a favor de los narcotraficantes y contrabandistas de autos, se han decidido respaldar a los nativos del TIPNIS, que se oponen a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, porque, según argumentan, la obra serviría para expandir los cultivos de coca y el narcotráfico y destruiría su territorio.

En el norte de Santa Cruz, justo en la zona colindante con el Chapare, los narcos se han loteado una extensa zona que incluye a las poblaciones de Yapacaní, San Germán, Nuevo Horizonte, Ichilo y Kilómetro 40. En esa área fueron descubiertas nada menos que 230 fábricas de cocaína en tres días y arrestaron a 13 integrantes de una banda de narcotraficantes y sicarios peruanos.

 Este gigantesco operativo es la señal indiscutible de que el fenómeno de las “narcocomunidades” se ha trasladado al territorio cruceño. En Cochabamba están mucho más avanzados. Los campesinos que protegen a los narcos cuentan con sus propios sistemas de vigilancia y una red de trancas en los caminos vecinales, que además de limitar el tráfico de los intrusos y personas ajenas al negocio, sirve como método de alerta. El uso de esta “tecnología” es de larga data en el trópico cochabambino y lo mismo ocurre con el modus operandi consistente en crear sindicatos y establecer una suerte de zona de exclusión (loteamiento) para resguardar sus actividades.

El presidente Morales acaba de advertirles a sus compañeros del Chapare que, ante el abuso, podría autorizar el retorno de los gringos para retomar la interdicción y la erradicación forzosa de los cultivos de coca ilegales. El operativo realizado en Yapacaní podría entenderse como la señal de que esa amenaza podría convertirse en realidad, sobre todo, porque el régimen boliviano ha perdido ya la autonomía por la que tanto peleó en materia de lucha contra el narcotráfico. Se trata de uno de los efectos del caso Sanabria.

En cualquier circunstancia, a Evo Morales se le va poniendo cada vez más difícil gobernar en un país loteado por fuerzas que precisamente él ayudó vigorizar para destruir a sectores de la oposición legal y democrática. En Pando, por ejemplo, sicarios que trabajan para narcotraficantes acaban de ametrallar la vivienda de una fiscal funcional al Gobierno. En La Paz, el presidente de la Corte Superior del Distrito, uno de los artífices de la persecución política orquestada por el Gobierno se ha quejado por la existencia de una red de abogados, jueces y narcos que opera para favorecer actividades ilícitas. Es la consecuencia de haber loteado el país para destruir al Estado y el sistema democrático. La arquitectura de los ayllus, las naciones indígenas, los sindicatos y movimientos sociales comienza a tener vida propia y a darle la espalda al presidente.

En cualquier circunstancia, a Evo Morales se le va poniendo cada vez más difícil gobernar en un país loteado por fuerzas que precisamente él ayudó vigorizar para destruir a sectores de la oposición.

pinceladas maestras de Juan Claudio Lechín cuando describe "Maten a la Bruja"

Pidió el enardecido pueblo de Ayopaya (Cochabamba, Bolivia) durante el juicio que le hicieron a una anciana de 80 años bajo la modalidad de la “Justicia comunitaria”.

Una de las ofertas electorales de Evo Morales durante su campaña del 2005 fue la de hacer una nueva Constitución. Una vez que subió al gobierno, se realizó con un sello autoritario. Los artículos no se votaron con el 66% de los asambleístas, señalado por ley, sino con la mayoría oficialista, y, dentro de un cuartel, la bancada oficialista aprobó la Carta Magna.

El diseño constitucional, luego se supo, lo hizo la CEPS, una fundación valenciana, dirigida por Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, quienes también diseñaron las constituciones de Venezuela y Ecuador. Aunque españoles los arquitectos, la nueva constitución boliviana tiene formas indígeno-originarias como la “Justicia comunitaria”, no regida por las leyes escritas del país y no interpelada por La Corte Suprema ni ningún otro estrado judicial. Se trata de un régimen endógena, oral y sujeto a la tradición de los pueblos indígenas. Varias agencias europeas de cooperación, sobre todo, Suecia y Holanda, necesitadas de cumplir sus agendas de colocación de dinero, financiaron la nueva Constitución y sus detalles. Lo que jamás hubieran permitido en sus países, experimentaron en éste, a ver si jugando a Dios con la miseria y debilidad institucional de pueblos periféricos, descubrían alguna novedad socio-antropológica mientras cumplían sus ensoñaciones hippies de juventud. A quienes llamaron a la sensatez, los consideraron oligarcas heréticos tratando de detener el “proceso de cambio”.

Según el periódico Opinión (zcamacho@opinion.com.bo, 30/06/2011) y la socióloga julietamontaño@hotmail.com, un curandero llegó, en enero, a la comunidad indígena de Ayopaya convocado por los padres de dos muchachos con retraso. En criterio del profesional, una “laiqka” (bruja) los había hechizado. Ubicaron a la anciana de 80 años, le hicieron un tribunal popular, la golpearon, la obligaron a tomar orines de tres hombres, y finalmente se confesó culpable de brujería, mientras el pueblo pedía su quema o entierro en vida. Los magnánimos dirigentes la expulsaron de la comunidad. Ella, ahora, deambula mendigando por la ciudad de Cochabamba, sin familia, sin sus pocas pertenencias y quejándose a quien la quiera escuchar. Los dirigentes de Ayopaya se han enterado y le han prometido una condena mayor, la próxima vez. Este es uno de las muchos crímenes de la “Justicia comunitaria”. Las autoridades nada pueden hacer porque el “juicio comunitario” es legal, es absolutamente constitucional.

¿Son bárbaros estos indígenas? No. También los preclaros alemanes hicieron lo mismo (o peor) con los Volksjustiz, tribunales tradicionales, y Fidel Castro con los Tribunales populares. El poder absoluto en el gobierno es imitado por los poderes más bajos, son complicidades estamentadas de lo peor del ser humano. Los caudillos absolutistas, tarde o temprano, queman cables por exceso de poder y soberbia y con ellos toda su colectividad de apoyo. Por eso y sin lugar a dudas, la ley, aún en instituciones defectuosas, es infinitamente mejor.

Algún día, Bolivia tendrá que asumir su culpa por estos crímenes pero también se deberán señalar a las irresponsables cooperaciones del primero mundo como aláteres e instigadoras. 

tercer nombramiento ahora el sociólogo Hernán Rico asume SEDEGES

La Gobernación de Cochabamba designó al psicólogo Hernán Rico como  nuevo director del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges). Rico tiene la misión de plasmar en programas sociales los planes que el Gobierno departamental diseñe para rescatar a los niños y adolescentes de las calles, así como atender a los sectores vulnerables.

Hernán Rico reemplaza en el cargo a Vivían Peñarrieta, que cesó en sus funciones luego de seis meses al frente de la institución. En ese tiempo, la funcionaria se concentró en regularizar el funcionamiento de los hogares, inspeccionar los centros, hacer seguimiento de “las niñas milagro” (que sobrevivieron a doble homicidio) y supervisar las adopciones sospechosas. El primer director del Sedeges fue Luis Estrada.

Según fuentes de la Gobernación, la funcionaria renunció al cargo después de una evaluación en la que se detectó que el Sedeges tenía una baja ejecución. Los Tiempos intentó comunicarse con Peñarrieta, pero no logró localizarla.

El principal reto del nuevo Director es evitar la cuarta generación de niños de la calle. Según Rico, el encargo del gobernador Edmundo Novillo es que realice una reingeniería de la institución, con un presupuesto de 300 mil bolivianos.

“Esa reingeniería nos va a dar información para que encaminemos un nuevo Sedeges. El desafío es tener una infraestructura diferente, un equipamiento moderno y programas que den respuesta a los niños de la calle e indigentes”, dijo.

“Si seguimos administrando el viejo Sedeges, no va a cambiar nada. Asumiremos la responsabilidad de los niños de 7 a 13 años y de 13 a 16, y la Policía, los jueces y los fiscales deberán decir dónde van los mayores de 16 años”, añadió.

Palmasola y la nueva cárcel y la cärcel de -Cochabamba con el Tata Rosales
ver comentario al pie de nuestro editor: M. Aira

Uno de los puntos acordados en la Cumbre de Seguridad Ciudadana realizada en nuestra capital en junio contempla la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Santa Cruz en el marco de un proyecto concurrente entre los gobiernos nacional y departamental, debido a los problemas de hacinamiento, la compañía de los hijos de los reos y la asignación de prediarios por parte del Ejecutivo a los reclusos, ya que son los tres principales problemas que desde siempre arrastran los penales del país.
El tema de la estadía de niños en los penitenciarios, recordemos, salió a la luz el pasado mes, cuando un recluso de Palmasola fue linchado tras ser acusado de violar a hijos de sus compañeros.
Este penal, como todos lo sabemos, es un gran barrio embardado donde se tiene a la mano toda clase de comodidades, puesto que en su interior se puede encontrar desde una variedad de bebidas y comidas hasta drogas, esto sin exagerar. Y como en otros penales del país, también hay discriminación y trato diferenciado, porque los presos que tienen dinero la pasan ‘de película’. En su interior viven cerca de 600 menores de edad, por lo cual el Gobierno anunció que iba a sacar del recinto a los niños y niñas mayores de seis años.
En el tema del prediario, dinero que da el Estado para la alimentación cotidiana de los reclusos, el Gobierno propuso aumentar el monto de Bs 6,60 a Bs 8 por reo, incremento que los representantes de los internos aceptaron, pese a que exigían Bs 15.
Estos problemas crónicos de los penales, al parecer, han motivado que el Ejecutivo, a través del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, anunciara que en el mediano plazo dejará de tener bajo su mando la administración del sistema penitenciario del país, pues esa responsabilidad será transferida al Ministerio de Justicia.
Consideramos por nuestra parte que esta es una buena medida, pero no debe ser enfocada solo al tema de la infraestructura, que es muy importante y necesaria, sino también a la parte humana, al bienestar de los internos, de modo que cuenten con programas de capacitación y profesionalización; con médicos, sicólogos, sociólogos y terapias ocupacionales que les devuelvan la fe y la esperanza en el futuro.
Calificamos de positiva la medida porque, debido al crecimiento de la mancha urbana de las principales ciudades del país, muchos recintos penitenciarios han quedado prácticamente en pleno centro, con las incomodidades que son de suponer.
Citamos, por ejemplo, lo que ocurre en La Paz, donde el principal centro penitenciario –San Pedro– está ubicado en el centro de la ciudad, por lo cual el ministro anunció que en un lapso de 30 a 45 días se entregará el diseño final del proyecto de la nueva cárcel modelo de ese departamento; parte del financiamiento para su construcción se obtendrá con la venta del terreno de San Pedro, la cual también estará ubicada en el sector de Chonchocoro.
Tenemos información, asimismo, de que no es la única obra en curso en el país, puesto que se hizo referencia al inicio de la nueva fase de edificación del recinto penitenciario de Yacuiba, en la frontera con Argentina, como también de la próxima entrega de la nueva carceleta de la ciudad de Montero, situada al norte de nuestro departamento. Es de esperar, no obstante, que esta vez se haga una transferencia ordenada. ¡Hasta la próxima!

* Comunicador

N.E. para hacer realidad una cárcel en SC, como la del ABRA en Cochabamba haría falta un sacerdote con las virtudes, la capacidad ejecutiva, la fe y voluntad de Walter Rosales que presidió el Consejo Consultivo de la Prefectura del Departamento, junto a ilustres cochabambinos como Jaime Ovando, Edwin Tapia, Roberto Peña, Jorge Rojas Tardío, Oswaldo Bayá entre otros que lograron, no sin grandes dificultades obtener los terrenos y luego la construcción de una penitenciaría con capacidad para 1.152 internos en terreno de 88 mil metros cuadrados con suficiente espacio para actividades agrícolas. La obra estuvo a cargo del arquitecto Walter Iriarte dividida en varios bloques y con un desarrollo que a partir del 2011 podría alojo a otros 600 internos más con miras a obtener la rehabilitación de los reclusos y a la larga su reintegración a la sociedad. Monseñor "Tata Rosales" con esa terquedad para las cosas buenas que le conocimos no dejó de empujar la obra que contó con 250 mil dólares iniciales de la ayuda externa. Varios juzgados del departamento aportaron sumas de dinero, así como otras fuentes hasta reunir un medio millón de dólares con los que se terminó la primera fase y al cabo de pocos años quedó librada la cárcel al servicio de la Justicia, sin perjuicio de continuar la obra en 1994 cuando "Tata Rosales" dejó el liderazgo que quedó en manos de Rubén Castellón que tuvo a su cargo además el equipamiento. Sería de desear que se pida al Arbobispado de Cochabamba todos los antecedentes y la experiencia vivida para emprender sin demora la iniciativa de Santa Cruz y descongestionar la dramática situación que allí se vive hoy en dia. M.A.