Misiles antiautonómicos: ¡pausa por favor!
Propongo decretar una pausa a toda nueva transferencia de competencias a gobernaciones y municipios hasta que algún día se consuma el lento y aún incierto proceso que selle un nuevo pacto fiscal en el país.
Sobran razones para ello, siendo pertinente a la hora de referirse a la propuesta de ley para que los municipios asuman la ingrata tarea de controlar la venta ilegal de prendas de medio uso, en su mayoría, vía contrabando. Esta genial iniciativa es inconstitucional, dado que los decomisos de este tipo son responsabilidad que cae en la órbita del régimen aduanero, que es competencia privativa del Gobierno, indelegable e intransferible a cualquier nivel de gobierno autónomo. Es políticamente irresponsable, aunque no faltan quienes se frotan las manos una vez disparado un misil que estallara en las manos de alcaldes (los más visibles opositores) a la hora de cumplir con tan desgastante encomienda y enfrentarse a una actividad que el Gobierno elude controlar.
La metáfora vale en estos tiempos que se entiende la política como campo de guerra. El 2012, el presidente Morales dispuso la incorporación a la Ley General del Trabajo a todos los trabajadores administrativos de todas las alcaldías de capital de departamento, incluida la de El Alto, comprometiendo inconsultamente a alrededor del 25% de las transferencias del Gobierno nacional a estos 10 gobiernos municipales. Es cierto, lo deseable sería aplicar gradualmente esta conquista, comenzando por el Estado, que a la fecha concentra el 80% de los recursos.
En febrero, la benevolencia de Morales sorprendió al crear un bono mensual municipal a favor de las personas con discapacidad grave y muy grave. Sin derecho al pataleo, los alcaldes aceptaron el encargo no sin antes instruir raspar la olla de las arcas municipales en tiempos de carestía y presupuestarlo para la gestión 2018. Los alcaldes oficiales respondieron ¡amén!, confiados en el millonario programa Bolivia cambia, Evo cumple (Bs 2.200 millones para el 2017).
El hipercentralismo presidencial se expresa en tutelaje y asedio a la gestión de las ETA. No solo porque se optó por un modelo rígido (obligatorio) de ejercicio competencial pisoteando los principios constitucionales de voluntariedad y gradualidad que el proceso autonómico debía observar, sino porque hasta ahora no se tiene claro el costo real ni las múltiples y prioritarias obligaciones preestablecidas para gobernaciones y municipios. No olvidemos que han sido ya varias las medidas confiscatorias de recursos destinados a las autonomías, el bono dignidad se financia con estos aunque a la hora de celebrarlo solo aparezca la foto de Evo convertido en alcalde y gobernador supremo.
Por todo ello, ante tanta genialidad centralista, insisto, la pausa en las relaciones políticas e institucionales, a veces belicosas, del Estado con autonomías sería justa, patriótica y saludable.
Sobran razones para ello, siendo pertinente a la hora de referirse a la propuesta de ley para que los municipios asuman la ingrata tarea de controlar la venta ilegal de prendas de medio uso, en su mayoría, vía contrabando. Esta genial iniciativa es inconstitucional, dado que los decomisos de este tipo son responsabilidad que cae en la órbita del régimen aduanero, que es competencia privativa del Gobierno, indelegable e intransferible a cualquier nivel de gobierno autónomo. Es políticamente irresponsable, aunque no faltan quienes se frotan las manos una vez disparado un misil que estallara en las manos de alcaldes (los más visibles opositores) a la hora de cumplir con tan desgastante encomienda y enfrentarse a una actividad que el Gobierno elude controlar.
La metáfora vale en estos tiempos que se entiende la política como campo de guerra. El 2012, el presidente Morales dispuso la incorporación a la Ley General del Trabajo a todos los trabajadores administrativos de todas las alcaldías de capital de departamento, incluida la de El Alto, comprometiendo inconsultamente a alrededor del 25% de las transferencias del Gobierno nacional a estos 10 gobiernos municipales. Es cierto, lo deseable sería aplicar gradualmente esta conquista, comenzando por el Estado, que a la fecha concentra el 80% de los recursos.
En febrero, la benevolencia de Morales sorprendió al crear un bono mensual municipal a favor de las personas con discapacidad grave y muy grave. Sin derecho al pataleo, los alcaldes aceptaron el encargo no sin antes instruir raspar la olla de las arcas municipales en tiempos de carestía y presupuestarlo para la gestión 2018. Los alcaldes oficiales respondieron ¡amén!, confiados en el millonario programa Bolivia cambia, Evo cumple (Bs 2.200 millones para el 2017).
El hipercentralismo presidencial se expresa en tutelaje y asedio a la gestión de las ETA. No solo porque se optó por un modelo rígido (obligatorio) de ejercicio competencial pisoteando los principios constitucionales de voluntariedad y gradualidad que el proceso autonómico debía observar, sino porque hasta ahora no se tiene claro el costo real ni las múltiples y prioritarias obligaciones preestablecidas para gobernaciones y municipios. No olvidemos que han sido ya varias las medidas confiscatorias de recursos destinados a las autonomías, el bono dignidad se financia con estos aunque a la hora de celebrarlo solo aparezca la foto de Evo convertido en alcalde y gobernador supremo.
Por todo ello, ante tanta genialidad centralista, insisto, la pausa en las relaciones políticas e institucionales, a veces belicosas, del Estado con autonomías sería justa, patriótica y saludable.
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