en la controversia por El Silala, que Bolivia mantiene con Chile será la Corte Internacional de La Haya que pondrá en marcha el mecanismo de la réplica y contra réplica, o más bien las actuaciones orales de los representantes bolivianos y chilenos. se requiere mantener serenidad, reclama LT, sin triunfalismos que lleven a engano y sin hacer uso político del tema, de ser así el pueblo tomará en cuenta la instrumentalización y aplicará sanciones como ocurrió ya en el pasado.

Es posible advertir que si por exigencias de política interna se cae en la tentación de usar el tema, la población pedirá cuentas y sancionará a quien lo haga, como ya sucedió en la década de los 70.

Con la presentación de la contramemoria chilena ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se cumple una nueva etapa del proceso incoado por Bolivia ante ese organismo para que sobre la base de una serie de antecedentes históricos, Chile acepte negociar de buena fe una salida soberana al Océano Pacífico, con la que nacimos como república, pero que nos fue arrebatada por Chile a consecuencia de la Guerra del Pacífico.

Conviene recordar que este proceso significó un radical cambio de estrategia para alcanzar ese objetivo, lo que generó un total desconcierto en las autoridades chilenas que, por un lado, tergiversaron su contenido y, por el otro, recurrieron, en una primera instancia, a plantear la incompetencia de la CIJ para atender el requerimiento boliviano.

Este recurso retrasó la atención del fondo de la demanda, pero tuvo un desenlace positivo porque los jueces rechazaron el pedido chileno, infiriendo una objetiva derrota que intentó ser minimizada groseramente por sus autoridades, incluida la

Primera Mandataria, pero que finalmente se tradujo en el cambio de su delegado ante La Haya.

En todo este tiempo, la misión boliviana responsable de atender el caso ha actuado con total solvencia y, sin estridencias de ninguna naturaleza, desbarató toda iniciativa chilena para desvirtuar o desmerecer los alegatos nacionales. Asimismo, en el país, salvo contadas excepciones, en general —sobre todo hasta el referendo del pasado 21 de febrero— el tema no fue utilizado con fines de política interna, dato que en sí mismo constituyó una sorpresa para Chile donde, en cambio, ha sido incorporado como parte de su política doméstica.

Ahora, lo que sigue es que el documento chileno sea entregado a las autoridades del país y esperar hasta alrededor del mes de septiembre, como ha informado el delegado boliviano, el expresidente Eduardo Rodríguez, para que los jueces de La Haya decidan el curso del proceso: solicitar una segunda ronda de réplica y dúplica o dar curso directamente a las audiencias orales.

Es decir, aún hay un largo camino por recorrer, razón suficiente para exhortar a las autoridades y al mundo político en general a mantener la decisión de no utilizar este tema con fines de política interna, tentación que siempre está presente. El país ha apoyado mayoritariamente esta nueva estrategia y la ciudadanía merece que no se la defraude. En todo caso, es posible advertir que si por exigencias de política interna se cae en la tentación mencionada, la población pedirá cuentas y sancionará a quien lo haga, como ya sucedió en la década de los 70.

Por el lado chileno, definitivamente una ventaja para la posición del país es la forma errática en que actúan sus autoridades: mucha estridencia y poco argumento, mezcla que, sin duda, se convierte en un elemento más deslegitimador de su actual proceso político.

En todo caso, en Bolivia debemos esperar el curso de los acontecimientos con optimismo, pero sin triunfalismo, preparándonos en forma simultánea para actuar con iniciativa en la etapa que sobrevendrá luego del dictamen de La Haya…