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miércoles, 27 de abril de 2016

reclama El Deber mayor atención al tema de la corrupción. materia no avanzada en la década masista, al contrario agravada en el campo del narcotráfico, que sigue acusando déficits alarmantes.

No pudieron las consignas de campaña que prometían erradicar el flagelo. No pudieron los pomposos zares anticorrupción. No pudieron los ministerios, viceministerios y direcciones armados para combatir este mal. ¿Podrán los ‘agentes encubiertos’? La corrupción es una enfermedad endémica en la política boliviana que ha traspasado gestiones gubernamentales y niveles de gobiernos, y afecta a los recursos públicos, con graves daños para todos los bolivianos.

La propuesta legislativa del MAS para una reforma del sistema procesal penal apunta a unificar todos los códigos y leyes penales vigentes, e incluye la creación ‘agentes encubiertos’, no solo para el narcotráfico y terrorismo, sino también para corrupción pública. Además, genera la subdivisión de tres tipos de procesos: contra crímenes, delitos y faltas, para descongestionar los juzgados, según un informe periodístico.

El proyecto se conoce en la antesala de la próxima Cumbre de la Justicia que apunta a realizar una reforma del sistema judicial boliviano, sumido hoy en una profunda crisis institucional y política. La figura de agentes encubiertos está vigente en el Código Penal y en el de Procedimiento Penal actual para casos de narcotráfico y de terrorismo, desde 2001. Según el Poder Ejecutivo, el procedimiento dio buenos resultados en la lucha contra las drogas, aunque no es muy común porque es bastante caro y peligroso. La oposición remarca, por el contrario, que los deficientes resultados en materia de lucha antidrogas señalan que ni con agentes encubiertos se ha podido frenar el negocio de las drogas en el país. El problema de la corrupción no se resuelve solo con mecanismos policiales, demanda una decisión política en serio que apunte a cortar las raíces profundas de este flagelo. La falta de independencia real de poderes, el manejo discrecional de la Fiscalía General y del Poder Judicial, la falta de control social y político del manejo que realizan los funcionarios públicos y la impunidad que impera para los casos descubiertos señalan que el tema reclama mucho más que unos agentes encubiertos.

Bolivia aparece en el puesto 99 del ranking de Transparencia Internacional, que ubica al país en el pelotón de los países con mayor percepción de corrupción de América Latina, por detrás de Perú, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay. Después de 10 años de la actual gestión de Gobierno la situación no ha mejorado mucho. Los casos Zapata-CAMC y Fondo Indígena no son más que las muestras de una situación irresuelta que exigen la mayor atención de parte del Estado y la sociedad.