En forma incomprensible, el Gobierno ha dejado pasar algo más de dos meses sin aclarar una denuncia que, por la forma en que las autoridades han actuado y lo siguen haciendo, lo desprestigia cada vez más.
Se hace referencia, obviamente, al denominado caso Zapata, el que, con decir la verdad en cuanto fue denunciado, incluso a estas alturas, pese a lo escabroso que es, pudiera haber pasado al olvido. Más bien, recurriendo a cada vez más groseras mentiras, las autoridades han posibilitado que se generalice la desconfianza en el régimen, pues todas las que han intervenido para tratar de preservar la imagen presidencial, han provocado más dudas aún.
Al parecer, quienes pudieran ayudar a que ese proceso de desgaste sea revertido no tienen acceso al Primer Mandatario o temen contrariarlo incluso pudiendo constatar que desde hace más de dos meses la gestión administrativa del Estado está marcada por la desorientación. Así lo demuestra la reacción de las autoridades en contra de la Carta Pastoral sobre el narcotráfico, el forzado encuentro del Presidente con el papa Francisco, la incapacidad de negociar con los discapacitados o, en el ámbito parlamentario, la grotesca actuación de los legisladores del MAS en el tratamiento de las denuncias de tráfico de influencias a consecuencia del caso Zapata o la elección del Defensor del Pueblo y el Contralor General del Estado o las propuestas para regular las redes sociales.
En este marco, se puede prever que si se prefiere mantener esta cuestionable estrategia de la mentira en vez de decir la verdad y esclarecer responsablemente los hechos, la desconfianza en las autoridades seguirá creciendo, afectando, como ya sucede, la gobernabilidad del pais.
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