Las primeras incursiones en la investigación del escándalo que rodea a la empresa CAMC revelan que faltan papeles, la documentación no cumple con las normas, que se compró material de dudosa calidad, que no hubo verificación y que por último, las personas que deberían responder por las irregularidades están en China, libres de cualquier alcance legal.
Ese es sólo un ejemplo, pero para ser equilibrados, también podríamos citar lo que ocurre con el dichoso dron que ha enfrentado a la Alcaldía de Santa Cruz con la Policía departamental y que podría derivar también en problemas de sobreprecios, malversación e incumplimiento de deberes, con el saldo final de un artefacto inservible que terminará refundido en algún depósito polvoriento.
Podríamos citar también el caso del Fondo Indígena, pero aquello rebasa los límites de la racionalidad, pues la manera cómo se “volantearon” (término usado por el presidente Morales) los recursos parece una imagen sacada de una película surrealista. Fue un saqueo, a la manera de las hienas que despedazan su presa mientras los buitres esperan por las sobras.
Aquí no hay una pizca de exageración y lo peor de todo es que, según algunas investigaciones de prensa, más del 60 por ciento de las compras, los contratos y adquisiciones hechas por el Estado durante los últimos diez años han sido de acuerdo a la figura de la “invitación directa”, sin pasar por la licitación y en algunos casos sin cumplir los mínimos requerimientos de un contrato privado, por citar el documento más básico que suelen usar las personas particulares para formalizar de alguna manera sus transacciones.
Miremos sólo las circunstancias que rodean a la empresa CAMC, cuya relación con el Estado era conducida por una dama sin cargo ni memorándum, que se paseaba por el Palacio como Pedro por su casa, que ingresaba a los ministerios, ocupaba las oficinas públicas, daba órdenes a los funcionarios cuyas acciones están regidas por ley y que por último, tenía carta blanca para presionar y decidir sobre contratos valuados en cientos de millones de dólares y obras calificadas como estratégicas para el Estado Plurinacional.
De acuerdo a algunos estudios, el 2013 se fue agravando este carnaval administrativo; este periodo de oscurantismo y danza de improvisaciones, pues apenas el 8 por ciento del movimiento económico que hizo el Gobierno central se hizo en base a licitaciones y más del 90 por ciento del dinero público fue asignado sin competencia legal, administrativa ni de sentido común. El 2014 las cosas llegaron al colmo, pues sólo se licitó el 1,3 por ciento de la plata de la gente, dinero que no se sabe dónde está, que es irrecuperable y en muchos casos, inservible ya que el resultado final de todo aquello son obras fantasmas, elefantes blancos, edificaciones inconclusas y de pésima calidad.
Cuesta creer que hemos caído tan bajo, es decir, de un 76 por ciento de licitaciones en el 2004, a ese irrisorio 1,3 por ciento en la actualidad, hecho que obviamente produce un desborde de corrupción que estamos presenciando y que inunda la propia parafernalia del proceso de cambio que hoy no sabe cómo salir de este grotesco banquete.
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