Hace pocos días, un hombre de 32 años llamado Carlos Simón Llano fue confundido con un delincuente y linchado en la zona San Luis de El Alto. No solo le golpearon, sino que le quemaron de tal forma que su familia casi no pudo reconocerlo. Ahora clama justicia.
Este solo es uno más de los terribles casos que se han estado produciendo en Bolivia de la mano de hombres y mujeres que creen que tienen derecho de asumir los papeles de fiscales, jueces y ejecutores de una sentencia ilegal, convirtiéndose en asesinos y cómplices al golpear a una persona hasta quitarle la vida.
Lo curioso de este tipo de casos es que da la impresión de que las personas que cometen estas atrocidades ni siquiera se están dando cuenta de que cuando lo hacen están cometiendo un delito.
Por ello, las instituciones del Estado debieran iniciar campañas agresivas de información y educación al respecto: un ciudadano no tiene por qué matar a otro; nadie le ha dado la potestad de arrebatarle la vida a otra persona. No es juez ni Dios.
Lamentablemente, la pérdida de credibilidad del trabajo del sistema judicial, incluido el Ministerio Público, y la debilidad en las acciones de seguridad ciudadana son citadas como algunas de las causas del problema. A ello se suman la creciente delincuencia y otros males estructurales que aquejan a la sociedad, como la pobreza y la falta de empleo.
En abril de 2014, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ya había dado su diagnóstico en el que apuntaba directamente a las fallas en la justicia y decía que esas flaquezas no acompañaban las acciones de seguridad ciudadana. Un año más tarde, en octubre de 2015, repetía la dosis y decía, además, que la ciudadanía exige mayor drasticidad en las sanciones, pero no halla respuestas.
Hoy, la situación no ha cambiado. La administración de justicia sigue sentada en el banquillo de los acusados a la espera de una reforma que la haga más creíble. Se aguarda con expectativa lo que pueda ocurrir en la Cumbre Judicial convocada para los primeros días de junio, en la ciudad de Sucre.
Los resultados de una encuesta publicada en 2014 por la Universidad de Vanderbilt, sobre delincuencia e inseguridad en América, muestran que 32 de cada 100 personas, en promedio general, están de acuerdo con el linchamiento o lo justifican. De los 10 países más tolerantes con esa medida, República Dominicana ocupa el primer puesto con el 42.8 por ciento de apoyo ciudadano, mientras que Bolivia está en el séptimo lugar con el 37.2 por ciento. El grupo es completado por Paraguay (42.3 por ciento), Perú (40.6), Honduras (39.6), El Salvador (38.2), Ecuador (37.7), Estados Unidos (36.3), Jamaica (36.3) y Haití (35).
Hasta octubre de 2015, la Defensoría del Pueblo de Bolivia tenía registrados 32 casos de linchamiento, con cinco muertes. En 2014, hubo 41 casos, con 13 decesos.
También se debería tomar en cuenta en la Cumbre Judicial de junio que en Bolivia el linchamiento no está incluido en el Código Penal como delito y este es un vacío que las autoridades prometieron salvar desde hace dos años. Por ello, los casos registrados han estado llegando a la justicia mediante figuras jurídicas como asesinato, secuestro, tortura, lesiones graves seguidas de muerte, instigación pública a delinquir y otras.
Al respecto, la Defensoría ya planteó tipificar el linchamiento como delito; sin embargo, no hay que perder de vista que si bien por un lado se puede hacer este añadido en el Código Penal, esto no será suficiente para frenar este atroz atropello a la vida humana porque sin acciones preventivas que pasen por la educación y la información mediante campañas, corremos el riesgo de seguir como hasta ahora o peor si no se asumen medidas integrales.
Este solo es uno más de los terribles casos que se han estado produciendo en Bolivia de la mano de hombres y mujeres que creen que tienen derecho de asumir los papeles de fiscales, jueces y ejecutores de una sentencia ilegal, convirtiéndose en asesinos y cómplices al golpear a una persona hasta quitarle la vida.
Lo curioso de este tipo de casos es que da la impresión de que las personas que cometen estas atrocidades ni siquiera se están dando cuenta de que cuando lo hacen están cometiendo un delito.
Por ello, las instituciones del Estado debieran iniciar campañas agresivas de información y educación al respecto: un ciudadano no tiene por qué matar a otro; nadie le ha dado la potestad de arrebatarle la vida a otra persona. No es juez ni Dios.
Lamentablemente, la pérdida de credibilidad del trabajo del sistema judicial, incluido el Ministerio Público, y la debilidad en las acciones de seguridad ciudadana son citadas como algunas de las causas del problema. A ello se suman la creciente delincuencia y otros males estructurales que aquejan a la sociedad, como la pobreza y la falta de empleo.
En abril de 2014, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ya había dado su diagnóstico en el que apuntaba directamente a las fallas en la justicia y decía que esas flaquezas no acompañaban las acciones de seguridad ciudadana. Un año más tarde, en octubre de 2015, repetía la dosis y decía, además, que la ciudadanía exige mayor drasticidad en las sanciones, pero no halla respuestas.
Hoy, la situación no ha cambiado. La administración de justicia sigue sentada en el banquillo de los acusados a la espera de una reforma que la haga más creíble. Se aguarda con expectativa lo que pueda ocurrir en la Cumbre Judicial convocada para los primeros días de junio, en la ciudad de Sucre.
Los resultados de una encuesta publicada en 2014 por la Universidad de Vanderbilt, sobre delincuencia e inseguridad en América, muestran que 32 de cada 100 personas, en promedio general, están de acuerdo con el linchamiento o lo justifican. De los 10 países más tolerantes con esa medida, República Dominicana ocupa el primer puesto con el 42.8 por ciento de apoyo ciudadano, mientras que Bolivia está en el séptimo lugar con el 37.2 por ciento. El grupo es completado por Paraguay (42.3 por ciento), Perú (40.6), Honduras (39.6), El Salvador (38.2), Ecuador (37.7), Estados Unidos (36.3), Jamaica (36.3) y Haití (35).
Hasta octubre de 2015, la Defensoría del Pueblo de Bolivia tenía registrados 32 casos de linchamiento, con cinco muertes. En 2014, hubo 41 casos, con 13 decesos.
También se debería tomar en cuenta en la Cumbre Judicial de junio que en Bolivia el linchamiento no está incluido en el Código Penal como delito y este es un vacío que las autoridades prometieron salvar desde hace dos años. Por ello, los casos registrados han estado llegando a la justicia mediante figuras jurídicas como asesinato, secuestro, tortura, lesiones graves seguidas de muerte, instigación pública a delinquir y otras.
Al respecto, la Defensoría ya planteó tipificar el linchamiento como delito; sin embargo, no hay que perder de vista que si bien por un lado se puede hacer este añadido en el Código Penal, esto no será suficiente para frenar este atroz atropello a la vida humana porque sin acciones preventivas que pasen por la educación y la información mediante campañas, corremos el riesgo de seguir como hasta ahora o peor si no se asumen medidas integrales.
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