La estrategia boliviana de acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que –sobre sólidos argumentos jurídicos e históricos– inste a Chile a dialogar de buena fe con Bolivia –con el objetivo de atender nuestra demanda de obtener una salida soberana al océano Pacífico– y que se haya elegido como responsables de este procesos a personalidades idóneas ha recibido un generalizado respaldo.
También se constata, para beneficio del país, que como pocas veces en su historia diplomática, las actuales autoridades chilenas no atinan a diseñar una estrategia coherente de respuesta a los alegatos bolivianos ni a las gestiones que los responsables del tema realizan en el mundo. Las recientes declaraciones de la Canciller alemana y del presidente francés, entre otros pronunciamientos, apoyando la propuesta de diálogo de buena fe confirman lo señalado.
A esa realidad se debe agregar los impertinentes ejercicios militares chilenos en áreas fronterizas con Perú y Bolivia, que han provocado un generalizado rechazo, incluso dentro del país vecino, muchos de cuyos analistas, dirigentes sociales e incluso políticos, comienzan a cuestionar con elevados tonos la política oficial.
En ese marco favorable a nuestros intereses, es necesario reiterar machaconamente en que no se intente aprovechar el tema con fines de política interna ni, menos aún, fines de exhibición personal, tentación que pareciera crecer en algunos círculos gubernamentales. Adoptar esa actitud restaría autoridad a nuestra posición y resentiría el masivo apoyo ciudadano existente.
Asimismo, es importante no reaccionar visceralmente a las constantes provocaciones de algunas autoridades chilenas y más que referirse a ellas, las autoridades deben seguir difundiendo los argumentos que demuestran que nuestra demanda es legítima y su atención un acto de ineludible justicia.
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