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domingo, 13 de septiembre de 2015

El Deber, en pleno editorial, domingo de gran tiraje titula "imperdonable acoso", quizá debería ser "acoso a un héroe de parte de los judiciales", aunque el editor lo dejaría así: "Acaso al General Prado de parte de Evo Morales por la muerte del Che"...de todos modos el originario prefiere estar "repartiendo dinero como si fuera suyo en lugar hacer Justicia"

El general Gary Prado no necesita que nadie le tenga piedad ni lástima porque es una persona que ha sabido sobrellevar con toda dignidad y coraje situaciones muy difíciles a lo largo de su vida militar. Satisfacciones y contrastes han sido parte de su existencia, lo que le ha otorgado el reconocimiento de muchos, pero también la enemistad de otros. Su participación en la captura del guerrillero Ernesto Che Guevara, en Ñancaguazú, y sus posteriores actuaciones contra los gobiernos dictatoriales marcaron su carrera dedicada enteramente al Ejército.

Resulta que ahora, cuando el Gobierno del MAS busca la forma de inculpar a los cruceños como terroristas y separatistas en un proceso viciado en todas sus formas, la justicia boliviana, tan sometida al poder y tan desprestigiada, se ha ensañado contra un grupo de ciudadanos, desde hace más de seis años, con el propósito de que encubran un delito que no cometieron. El general Prado es uno de los acusados de terrorismo y alzamiento armado, un absurdo que no ha podido ser fundamentado.

El general Prado está postrado desde hace muchos años a consecuencia de un disparo accidental que le lesionó la columna vertebral cuando trataba de sofocar una revuelta. No obstante, pese a su dolencia producto de una acción para imponer el orden, el exfiscal Marcelo Soza –absolutamente desprestigiado en el país– incluyó a Prado Salmón en el juicio que se entabló luego de las ejecuciones que se cometieron contra tres presuntos terroristas en el hotel Las Américas.

Ninguno de los actualmente acusados –ni de los que se acogieron a los juicios abreviados– disparó un solo tiro en estos hechos. Las muertes fueron responsabilidad de los organismos de seguridad del Estado. Al general Prado no se le ha podido probar ninguna participación; sin embargo, está bajo arresto domiciliario y últimamente, cuando ha sido sometido a su octava intervención quirúrgica, se le está tomando declaraciones desde su lecho de recuperación, vía Skype, para lo que el juez Sixto Fernández ha ordenado que se instale en el domicilio del acusado un equipo electrónico, violando sus más elementales derechos humanos.

Esto debería llamar a la preocupación y la protesta a la sociedad boliviana y a sus instituciones, en vista de que el atropello judicial se está convirtiendo en una forma de amedrentamiento que se utiliza desde las más altas esferas y que alcanza, sin consideración alguna, a las personas que resultan indeseables para el régimen