El general Gary Prado no necesita que nadie le tenga piedad ni lástima 
porque es una persona que ha sabido sobrellevar con toda dignidad y 
coraje situaciones muy difíciles a lo largo de su vida militar. 
Satisfacciones y contrastes han sido parte de su existencia, lo que le 
ha otorgado el reconocimiento de muchos, pero también la enemistad de 
otros. Su participación en la captura del guerrillero Ernesto Che 
Guevara, en Ñancaguazú, y sus posteriores actuaciones contra los 
gobiernos dictatoriales marcaron su carrera dedicada enteramente al 
Ejército.
Resulta que ahora, cuando el Gobierno del MAS busca la 
forma de inculpar a los cruceños como terroristas y separatistas en un 
proceso viciado en todas sus formas, la justicia boliviana, tan sometida
 al poder y tan desprestigiada, se ha ensañado contra un grupo de 
ciudadanos, desde hace más de seis años, con el propósito de que 
encubran un delito que no cometieron. El general Prado es uno de los 
acusados de terrorismo y alzamiento armado, un absurdo que no ha podido 
ser fundamentado.
El general Prado está postrado desde hace 
muchos años a consecuencia de un disparo accidental que le lesionó la 
columna vertebral cuando trataba de sofocar una revuelta. No obstante, 
pese a su dolencia producto de una acción para imponer el orden, el 
exfiscal Marcelo Soza –absolutamente desprestigiado en el país– incluyó a
 Prado Salmón en el juicio que se entabló luego de las ejecuciones que 
se cometieron contra tres presuntos terroristas en el hotel Las 
Américas.
Ninguno de los actualmente acusados –ni de los que se 
acogieron a los juicios abreviados– disparó un solo tiro en estos 
hechos. Las muertes fueron responsabilidad de los organismos de 
seguridad del Estado. Al general Prado no se le ha podido probar ninguna
 participación; sin embargo, está bajo arresto domiciliario y 
últimamente, cuando ha sido sometido a su octava intervención 
quirúrgica, se le está tomando declaraciones desde su lecho de 
recuperación, vía Skype, para lo que el juez Sixto Fernández ha ordenado
 que se instale en el domicilio del acusado un equipo electrónico, 
violando sus más elementales derechos humanos.
Esto debería 
llamar a la preocupación y la protesta a la sociedad boliviana y a sus 
instituciones, en vista de que el atropello judicial se está 
convirtiendo en una forma de amedrentamiento que se utiliza desde las 
más altas esferas y que alcanza, sin consideración alguna, a las 
personas que resultan indeseables para el régimen
 
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