El general Gary Prado no necesita que nadie le tenga piedad ni lástima
porque es una persona que ha sabido sobrellevar con toda dignidad y
coraje situaciones muy difíciles a lo largo de su vida militar.
Satisfacciones y contrastes han sido parte de su existencia, lo que le
ha otorgado el reconocimiento de muchos, pero también la enemistad de
otros. Su participación en la captura del guerrillero Ernesto Che
Guevara, en Ñancaguazú, y sus posteriores actuaciones contra los
gobiernos dictatoriales marcaron su carrera dedicada enteramente al
Ejército.
Resulta que ahora, cuando el Gobierno del MAS busca la
forma de inculpar a los cruceños como terroristas y separatistas en un
proceso viciado en todas sus formas, la justicia boliviana, tan sometida
al poder y tan desprestigiada, se ha ensañado contra un grupo de
ciudadanos, desde hace más de seis años, con el propósito de que
encubran un delito que no cometieron. El general Prado es uno de los
acusados de terrorismo y alzamiento armado, un absurdo que no ha podido
ser fundamentado.
El general Prado está postrado desde hace
muchos años a consecuencia de un disparo accidental que le lesionó la
columna vertebral cuando trataba de sofocar una revuelta. No obstante,
pese a su dolencia producto de una acción para imponer el orden, el
exfiscal Marcelo Soza –absolutamente desprestigiado en el país– incluyó a
Prado Salmón en el juicio que se entabló luego de las ejecuciones que
se cometieron contra tres presuntos terroristas en el hotel Las
Américas.
Ninguno de los actualmente acusados –ni de los que se
acogieron a los juicios abreviados– disparó un solo tiro en estos
hechos. Las muertes fueron responsabilidad de los organismos de
seguridad del Estado. Al general Prado no se le ha podido probar ninguna
participación; sin embargo, está bajo arresto domiciliario y
últimamente, cuando ha sido sometido a su octava intervención
quirúrgica, se le está tomando declaraciones desde su lecho de
recuperación, vía Skype, para lo que el juez Sixto Fernández ha ordenado
que se instale en el domicilio del acusado un equipo electrónico,
violando sus más elementales derechos humanos.
Esto debería
llamar a la preocupación y la protesta a la sociedad boliviana y a sus
instituciones, en vista de que el atropello judicial se está
convirtiendo en una forma de amedrentamiento que se utiliza desde las
más altas esferas y que alcanza, sin consideración alguna, a las
personas que resultan indeseables para el régimen
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