Ya no es novedad que Estados Unidos haga pública su reprobación y llamado de atención al manejo que hace el Gobierno boliviano de la lucha contra el narcotráfico. Hace una década que viene insistiendo en el supuesto incumplimiento de normas y convenios internacionales dirigidos a frenar el tráfico de drogas, cuyo principal mercado mundial sigue siendo el territorio norteamericano.
Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos hace dos gestos que parecen contrapuestos. En primer lugar, expresa algunos elogios acerca de los avances en la erradicación de la coca ilegal, pero al mismo tiempo advierte sobre la posibilidad de aplicar sanciones si es que Bolivia no repara las “fallas demostrables” que, según Washington, se están produciendo en el país y que facilitan la fabricación y el contrabando, especialmente de cocaína.
Es natural que el Gobierno boliviano se sienta acosado por este tipo de pronunciamientos que dañan la imagen que las autoridades nacionales pretenden brindar hacia el exterior. Lamentablemente, cuando se trata de las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia, hay un solo tema que copa casi toda la agenda y es el narcotráfico. Y mientras no haya entendimiento en este campo, seguirá produciendo un corto circuito que impide normalizar los vínculos diplomáticos.
Pese a que Bolivia perdió las preferencias arancelarias de las que gozaba para exportar hacia el mercado norteamericano, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales socios comerciales de nuestro país y el potencial es muy grande para una gran cantidad de productos bolivianos que necesitan abrirse al mundo, especialmente ahora que se produce un bajón de las exportaciones tradicionales. No queremos pensar lo que podría ocurrir si es que nuestros gobernantes siguen en su postura intransigente y tozuda de negarse a cooperar en un asunto tan importante y desde la Casa Blanca se deciden a aplicar las sanciones que han mencionado.
No hace falta que el Departamento de Estado norteamericano lo diga. El narcotráfico goza en Bolivia de cierta laxitud estatal que nos hace presa fácil de las mafias internacionales. El propio presidente Morales lo reconoce al admitir que hay jueces y fiscales que favorecen a los narcos; acaba de publicarse un reportaje en un medio peruano sobre un peso pesado propietario de una flotilla de más de 30 avionetas que acarrean cocaína desde Perú y que según la publicación, goza de amplia impunidad en nuestro país; el caso del transportista José Luis Sejas que gozaba de amplias ventajas en YPFB para ganar contratos y que fue detenido con inmenso cargamento de droga en Argentina. Son todos ejemplos palpables de lo poco que está haciendo para combatir a los cárteles. Y si bien no se puede decir que se trata de “complicidad” como lo dijo alguna vez un candidato a presidente de Brasil, la desidia y la indiferencia van conformando un cuadro de connivencia que justamente es lo que está reclamando Estados Unidos.
Es inadmisible poner como pretexto la soberanía en este caso. Tampoco se puede afirmar que “como la lucha antidrogas es un fracaso”, Bolivia no tiene por qué cumplir con sus obligaciones. El tráfico de drogas es una lacra que trae aparejada la violencia, la delincuencia, la drogadicción y muchos otros problemas sociales que nos hieren a nosotros mismos, por si alguien tal vez piense que o quiera pensar que el daño solo es ajeno.
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