negocio carcelario, realizado por hampones (que gobiernan las cárceles) en complicidad con policías y si fuera poco, aunque LT no los nombra algunos jueces y fiscales. hacen y deshacen en sitios sin Dios ni Ley, que son estos infiernos, como lo han descrito varios libros de reos que pasaron por el calvario interno.

Si hay algo que empeora es la descomposición de la Policía Boliviana ante la mirada pasiva, cuando no cómplice, de las autoridades gubernamentales

Hace algo más de un año, cuando el 23 de agosto de 2013 se produjo en la cárcel de Palmasola un enfrentamiento entre diferentes facciones de reclusos, lo que ocasionó una matanza que por su magnitud y atrocidad causó verdadero espanto no sólo en nuestro país sino en el mundo entero, dijimos en este espacio editorial que nadie que haya tenido previamente alguna información sobre la realidad carcelaria de nuestro país podía declararse sorprendido.

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Afirmábamos eso porque si bien ni las más pesimistas previsiones llegaron a imaginar los niveles de brutalidad que se registraron en aquella oportunidad, fueron muchas las advertencias sobre la inminente posibilidad de que tarde o temprano un desastre como ése se produjera. Recordábamos en aquella oportunidad que fueron muchas y muy elocuentes las llamadas de atención que tanto la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos hicieron al respecto sin que, como los hechos lo demostraron, tales advertencias hubieran recibido la atención que merecían.

El 28 de septiembre de 2013, también en este espacio editorial, deplorábamos que un mes después de lo ocurrido en Palmasola no se pudiera ver ni una sola muestra de voluntad gubernamental para hacer frente al problema carcelario en nuestro país. Lamentábamos que un mes hubiera sido suficiente para que “…los hampones, que en los hechos son los verdaderos administradores de las cárceles con la complicidad por acción u omisión de las autoridades policiales, han recuperado el control del negocio carcelario”.

Ya en aquella oportunidad era tan evidente la falta de decisión gubernamental, muy especialmente de las autoridades del Ministerio de Gobierno y de la cúpula policial, para atacar de raíz las verdaderas causas de la crisis carcelaria en nuestro país, que decíamos: “Por lo visto, habrá que esperar hasta que otra tragedia nos recuerde que ése, como un sinfín de otros asuntos, sigue siendo parte de nuestra agenda de tareas pendientes”.

Lo ocurrido recientemente en la cárcel de El Abra ha vuelto a confirmar, lamentablemente, que las visiones pesimistas suelen ser las que más se aproximan a una cabal comprensión de la naturaleza y magnitud de los principales problemas que afligen a nuestro país.

En efecto, es suficiente una somera evaluación de los antecedentes del caso y de los factores que se sumaron para ocasionar el estallido de violencia en esta cárcel de cochabambina para confirmar que nada, absolutamente nada, cambió durante los 12 meses transcurridos entre uno y otro caso. A no ser, claro, para empeorar.

Y si hay algo que en verdad empeora es la descomposición de la Policía Boliviana. Como lamentablemente es fácil constatar, no hay día que pase sin que se conozca una nueva muestra de que la corrupción en la institución policial avanza sin conocer ningún límite, ante la mirada pasiva, cuando no francamente condescendiente y hasta cómplice, de quienes desde el Ministerio de Gobierno tienen la obligación de hacer algo para revertir esa situación.