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viernes, 29 de agosto de 2014

OPINION condena lo irracional de los "propietarios de chutos" que organizados como "un sindicato del crimen" amenazan con bloqueos y hasta con dar muerte a policías que se atrevan "decomisar chutos del área rural donde están escondidos"

Cada día que pasa, una mayoría de los ciudadanos del país se encuentran paralogizados por los planteamientos que realizan los dueños de los autos indocumentados que ya tienen una organización que los agrupa, una especie de sindicato o asociación, que busca hacer prevalecer supuestos derechos con argumentos que en el orden y razonamiento legal no tienen mayor asidero.

De las advertencias consabidas como el bloqueo de caminos, la prohibición bajo amenaza de muerte de no permitir el ingreso de agentes aduaneros y policiales a poblaciones rurales donde se concentran los vehículos conocidos también con el nombre de chutos, se ha pasado a una serie de planteamientos de manera directa al Gobierno. Como estamos viviendo tiempos electorales, los pedidos de diversos sectores pueden tener mayor éxito en la atención de las actuales autoridades de Gobierno cuyas máximas cabezas se postulan a la reelección y que en consecuencia, requieren del voto ciudadano.



Sin embargo, una cosa son los pedidos que se canalizan mediante organizaciones con fines lícitos y que tienen reconocimiento legal, y que en muchos casos, ciertamente aprovechan la coyuntura actual, pero otro asunto que cae en lo ilógico y absurdo es que los ilegales presionen para que se les escuche, aún a sabiendas de ellos mismos y de sus “dirigentes” de que han vulnerado las normas legales en actual vigencia.

Una reunión de estas personas en el municipio yungueño de Caranavi, ha determinado pedir la renuncia de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya y además una compensación de 5.000 dólares por cada uno de sus motorizados que ingresaron de manera ilegal pues culpan a esta autoridad por no haber realizado el control correspondiente para impedir que sus vehículos traspasen las fronteras del país de manera ilegal. Es decir, es lo mismo que los contrabandistas en general a quienes se decomisa las mercaderías, se quejen y pidan compensación porque la Aduana no pudo impedir el ingreso del contrabando. O sea, que el que ingresa el vehículo a sabiendas de que comete el delito de contrabando, pide que le controlen y que si no lo hacen ya no es su culpa y por ello mismo se le pague el importe del vehículo.

También se habla a manera de justificativo que se trata de gente ignorante que no sabe leer y escribir y que han comprado autos con sus pequeños ahorros y sin papeles, lo que tampoco exime a las personas a estar libres de un delito cualquiera que sea este que cae en la esfera penal y cualquiera que sea su grado de instrucción o condición social.

La figura planteada por los propietarios de vehículos indocumentados, es difícil de comprenderla, porque incide ya no solo en la irracionalidad, sino en lo imposible, explicado solo en un ambiente de anomia social, donde se presenta un descontrol de la estructura social o donde se pretende desconocer o romper con las normas sociales y hasta legales. Todo indica que la aplicación de la norma legal es un imperativo frente al principio de la universalidad de la ley, donde todos se tienen que someter a la misma.

Dejar abiertas nuevas nacionalizaciones o medidas excepcionales sería un despropósito, ahora, en períodos electorales, o después, porque, como se ha dicho, los efectos del contrabando de vehículos deja perjuicios para el país, en cuanto a la percepción de impuestos, respecto a la subvención de gasolina, al medio ambiente y otros más.