por el prestigio de Bolivia y los bolivianos reclama con derecho el matutino El Deber de Santa Cruz.

El gobierno del presidente Evo Morales ha tomado la decisión de retirar a nuestro país de la Convención de Viena, documento que traduce la voluntad de todos los países del mundo de frenar el avance del narcotráfico.
En un rápido trámite, el parlamento fue convocado a decidir la denuncia del mencionado documento, con el argumento de que de esa manera se estaría defendiendo el derecho de los bolivianos a acullicar coca. La mencionada convención define a la hoja como una droga en sí misma, como resultado de estudios hechos acerca de sus propiedades.
La decisión del gobierno del presidente Morales es muy peligrosa, porque podría ser tomada en el resto del mundo como la renuncia de Bolivia a seguir en la lucha contra el narcotráfico, partiendo de la defensa de la hoja de coca.
El debate sobre este tema es muy complicado, sobre todo si no se parte de admitir que la producción actual de coca es tres veces superior a la necesaria para el uso legal, por lo menos.
El argumento de que los cocaleros no tienen otro ingreso, usado políticamente, con mucho éxito, ha dejado de ser válido y es algo que la ciudadanía entiende cada vez con mayor claridad.
Lo que es nuevo ahora es la decisión del Gobierno de excluir a Bolivia del esfuerzo planetario de luchar contra el narcotráfico.
Se trata de una decisión que requeriría de una consulta nacional. El gobierno del MAS tiene la mayoría en el parlamento, pero cuando se trata de poner en riesgo el prestigio internacional del país, de todos los bolivianos, es preciso exigir que el procedimiento sea democrático, ampliamente democrático.
Llevar adelante esta decisión sólo con los votos del parlamento podría provocar una condena nacional, conducida por los bolivianos que no están de acuerdo con este paso que pondría al país en la lista de los réprobos.
Es cierto, la política exterior es decisión del presidente de Bolivia, pero en este caso no se trata de algo que tenga que ver con las relaciones con uno o dos países, sino con toda la humanidad.
Se trata de algo que podría provocar que el pasaporte de los bolivianos sea tomado como la identificación de alguien que está en contra de las buenas costumbres, pero sobre todo de alguien que no comparte el criterio universal de que es preciso combatir a las corrientes del narcotráfico.
Una condena moral podría caer sobre todos los bolivianos de parte del resto del mundo si avanza esta iniciativa. Por lo tanto, es preciso que todos los bolivianos sean consultados acerca de este tema.
Aquí no se trata de política, ni de partidos ni de líderes; se trata de la condición humana y moral de todos los ciudadanos de este país.
Por todo ello sería oportuno que los  líderes regionales y nacionales exijan, en los niveles que corresponda y en los tonos más convenientes, que la reputación personal de los bolivianos no sea puesta en riesgo por una decisión equivocada de parte del actual Gobierno.