La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) lamentaron la aprobación "apresurada" y "parcial" del artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral que hizo la Asamblea Plurinacional, pues cuestionan que ello no garantiza los derechos democráticos de la población.
"Ahora tenemos que lamentar y censurar que la Asamblea Legislativa Plurinacional no haya hecho caso de la decisión del primer Mandatario y haya aprobado una Ley, recientemente promulgada, que solamente introduce algunos cambios de dicho artículo, lo que no cambia la situación de violación constitucional y continúa limitando las libertades de expresión, opinión e información del periodismo y de los ciudadanos bolivianos", señala una nota de prensa de las cuatro instituciones.
Las distintas organizaciones periodísticas dan cuenta que se derogaron los incisos b) y e) y se modificó el inciso d) del parágrafo I, así también los incisos a) y b) del parágrafo II, pero observan la permanencia de los incisos c) y d) del mismo parágrafo que prohíben a los medios "generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes".
Por lo tanto, las asociaciones de la prensa indican que la Ley y su modificación muestran, una vez más, que continúa vigente la prohibición a que los medios informen y opinen sobre las postulaciones y que sean pasibles a las sanciones establecidas en el artículo 84.
"Advertimos, también, que el parágrafo IV del artículo 82 fue derogado, lo que permite que los representantes del Estado puedan "emitir opiniones o realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a alguna de las postulaciones", pero, sensiblemente, ésta es una libertad que se niega a la ciudadanía, así como a los diferentes postulantes y a los medios de comunicación", reseña el documento.
En esa línea, la ANPB, la ANP, la ASBORA y la APLP instan al presidente Evo Morales, al Tribunal Supremo Electoral y a la Asamblea Legislativa promover y garantizar una reforma del artículo 82 que introduzca garantías reales y no aparentes a los derechos y libertades constitucionales de informar y opinar sin ningún tipo de censura previa.
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