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viernes, 11 de febrero de 2011

demasiadas evidencias prueban montaje del Mas en tema "terrorismo"

Al menos seis ex y actuales funcionarios gubernamentales y policiales están involucrados directamente con el caso del grupo liderado por Eduardo Rózsa, según han admitido las propias autoridades gubernamentales y han develado los diferentes videos que han aparecido, entre ellos el del operativo policial al hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 y uno último del pago de un soborno de 31.500 dólares al testigo “clave” del caso, Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, para que deje el país.

Dentro de esa nómina, admitida después de la aparición de un primer video, está el entonces funcionario del Ministerio de Gobierno Luis Nolberto Clavijo Castro, que estuvo hospedado en el hotel Las Américas en el mismo piso en el que estaban hospedados Eduardo Rózsa, el húngaro Magyarosi Árpád y el irlandés Michael Martin cuando estas tres personas fueron ejecutadas.

A través de otros videos se identificó la relación de Rózsa con el capitán de Policía Walter Andrade, quien también intervino en el operativo al hotel al mando de la Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (Utarc) y al stand de Cotas en el campo ferial junto a la policía Marilyn Vargas Villca, “Karen”, quien supuestamente filmó el video después de los operativos.

El último video-soborno develó la vinculación de otros dos exfuncionarios del Ministerio de Gobierno: Carlos Núñez del Prado y Edson Alí, quienes le entregan dinero a Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, presentado por el Gobierno como su testigo “clave”. Núñez aparece en otro video con Andrade.

En días pasados, la diputada opositora Norma Piérola dio a conocer la existencia de otro video en el que, presumiblemente, se observa cómo Raúl García Linera, hermano del vicepresidente del Estado, entrega dinero a Eduardo Rózsa Flores. Entre los correos registrados en la computadora de Rózsa, se halló una dirección que se presume corresponde a Raúl García Linera, hecho que no fue investigado.

“El video al que yo he hecho referencia existe. (...) Si Dios quiere, este fin de semana vamos a entregarlo a los medios de comunicación”, aseveró la diputada Piérola al admitir que ese documento no está en su poder.

Para justificar la vinculación de gente del Gobierno con Rózsa, el vicepresidente Álvaro García Linera en recientes declaraciones reconoció que después de conocer que se organizaba el grupo de Eduardo Rózsa, varios meses antes del operativo al hotel Las Américas, se decidió infiltrarlo. “Logramos infiltrar a la estructura organizativa, hacerle un seguimiento de sus pasos”, dijo.

Según el diputado opositor Tomás Monasterios, García Linera admite que se cometió una ilegalidad, porque la infiltración no está permitida por las leyes y la Constitución boliviana, y que pese a conocer la existencia del grupo no actuaron inmediatamente. “¿Qué estaban esperando? ¿Que mataran al presidente Evo Morales? ¿O tenían otros planes… que no les resultaron, razón por la cual los acribillaron en la intervención policial del 16 de abril de 2009 y armaron todo para involucrar a todo opositor que quisieran?”, cuestionó el parlamentario.

Argumentó que en las normas bolivianas sólo se encuentra al “agente encubierto”, en el Código de Procedimiento Penal, pero para casos específicos de sustancias controladas y previa autorización de un juez competente.

Denuncia ante la Fiscalía

Con todos estos antecedentes, el diputado Tomás Monasterios anunció que el próximo lunes harán una representación ante el fiscal general del Estado, Mario Uribe, para que de oficio inicie una investigación contra el vicepresidente García Linera, el ex y el actual ministro de Gobierno, Alfredo Rada y Sacha Llorenti, y otras autoridades gubernamentales por complicidad en alzamiento armado y terrorismo, incumplimiento de deberes, asesinato y malversación de fondos.


“Vamos a hacer esa representación no con el afán de ofender a nadie o familias, sino de que el país se maneje dentro las leyes.

No se puede hacer lo que le venga en gana o antojo a una persona o autoridad, peor el Presidente o Vicepresidente”, manifestó al señalar que por admisión del propio Vicepresidente tenían conocimiento del grupo, por información del entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, él y el presidente Morales.


Dijo que la denuncia será presentada ante la Fiscalía como un reto para ver si en el Ministerio Público y la administración de Justicia existe un “paternalismo y protección” o estas instancias son independientes y capaces de hacer una investigación. “No creo, con la propia admisión del Vicepresidente, el fiscal general pueda eludir este desafio”, manifestó.