VPE tuvo el suficiente valor de reconocerlo y rectificar.
el conjunto de medidas sacó a Bolivia de la quiebra inevitable
con acierto La Prensa ofrece los riesgos económicos del MAS
Los errores del pasado deberían servir de experiencia para evitar que lleven a la economía al colapso, que es lo que sucedió con el estatismo…
Poco a poco, el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), al ejecutar su pregonada política antineoliberal, está desmantelando el sistema de libre mercado construido en Bolivia en 1985, con el que se derrotó la hiperinflación desatada desde los principios de esa década.
A las denominadas nacionalizaciones de empresas privadas se suma ahora la decisión gubernamental de regular las marcas de varios productos nacionales con poca o ninguna competencia en los mercados, en un supuesto intento de defender la economía popular.
Por ahora se habla de unos 20 productos, entre los que se cita, por ejemplo, la carne, como uno de los de la canasta básica alimenticia de cualquier hogar, o el cemento o la cerveza, que no forman parte de esa canasta de alimentos.
No está muy clara la razón del Gobierno para adoptar esos controles que tocan a productos tan diversos. ¿Es una decisión de contenido social para que la población no se vea afectada por alzas especulativas de precios? O ¿es una actitud destinada a poner bajo control estatal a ciertas empresas privadas ya sea por razones de rivalidad, como podría ser la del cemento?, o por razones ideológicas, que podría ser lo más coherente.
La regulación de marcas podría derivar en un control de precios que había desaparecido al implantarse en Bolivia el sistema de libre mercado, en el que la oferta y la demanda se convierten en el único regulador del mercado.
Cualquiera sea la razón para implantar ese sistema de control, lo cierto es que se retorna a la política de capitalismo de Estado igual a la implantada inmediatamente después de la Revolución de 1952, y que después de 33 años de vigencia terminó con el shock económico del famoso Decreto Supremo 21060 que implantó la economía neoliberal.
Así se acabó con un estatismo que había comenzado con nacionalizaciones y la reforma agraria, acompañadas de controles de precios, que a su vez generaron escasez y especulación. Los comerciantes ocultaban los productos de precios controlados para venderlos en el mercado negro, donde podían ser adquiridos por quienes tenían más dinero. Los más pobres, la mayoría, formaban largas filas desde tempranas horas de las madrugadas para comprar algunos productos básicos que no alcanzaban para todos.
Los controles de precios tuvieron un efecto contrario al que las autoridades de entonces esperaban. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres.
Los errores del pasado deberían servir de experiencia para evitar que se repitan y lleven a la economía al colapso, que es lo que finalmente sucedió con el estatismo, que terminó en un proceso hiperinflacionario sin precedentes en el mundo desde la Alemania de la post Segunda Guerra Mundial.
Ello mostró que políticas económicas desacertadas y administraciones deficientes pueden hacer un daño muy grande al país, castigando duramente a la gente a la que se le espera beneficiar. Por ello, antes de adoptar modelos riesgosos, debería analizarse lo que sucedió en el pasado y cuyos recuerdos están todavía en la memoria de la gente que le tocó vivir esas vicisitudes.
Poco a poco, el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), al ejecutar su pregonada política antineoliberal, está desmantelando el sistema de libre mercado construido en Bolivia en 1985, con el que se derrotó la hiperinflación desatada desde los principios de esa década.
A las denominadas nacionalizaciones de empresas privadas se suma ahora la decisión gubernamental de regular las marcas de varios productos nacionales con poca o ninguna competencia en los mercados, en un supuesto intento de defender la economía popular.
Por ahora se habla de unos 20 productos, entre los que se cita, por ejemplo, la carne, como uno de los de la canasta básica alimenticia de cualquier hogar, o el cemento o la cerveza, que no forman parte de esa canasta de alimentos.
No está muy clara la razón del Gobierno para adoptar esos controles que tocan a productos tan diversos. ¿Es una decisión de contenido social para que la población no se vea afectada por alzas especulativas de precios? O ¿es una actitud destinada a poner bajo control estatal a ciertas empresas privadas ya sea por razones de rivalidad, como podría ser la del cemento?, o por razones ideológicas, que podría ser lo más coherente.
La regulación de marcas podría derivar en un control de precios que había desaparecido al implantarse en Bolivia el sistema de libre mercado, en el que la oferta y la demanda se convierten en el único regulador del mercado.
Cualquiera sea la razón para implantar ese sistema de control, lo cierto es que se retorna a la política de capitalismo de Estado igual a la implantada inmediatamente después de la Revolución de 1952, y que después de 33 años de vigencia terminó con el shock económico del famoso Decreto Supremo 21060 que implantó la economía neoliberal.
Así se acabó con un estatismo que había comenzado con nacionalizaciones y la reforma agraria, acompañadas de controles de precios, que a su vez generaron escasez y especulación. Los comerciantes ocultaban los productos de precios controlados para venderlos en el mercado negro, donde podían ser adquiridos por quienes tenían más dinero. Los más pobres, la mayoría, formaban largas filas desde tempranas horas de las madrugadas para comprar algunos productos básicos que no alcanzaban para todos.
Los controles de precios tuvieron un efecto contrario al que las autoridades de entonces esperaban. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres.
Los errores del pasado deberían servir de experiencia para evitar que se repitan y lleven a la economía al colapso, que es lo que finalmente sucedió con el estatismo, que terminó en un proceso hiperinflacionario sin precedentes en el mundo desde la Alemania de la post Segunda Guerra Mundial.
Ello mostró que políticas económicas desacertadas y administraciones deficientes pueden hacer un daño muy grande al país, castigando duramente a la gente a la que se le espera beneficiar. Por ello, antes de adoptar modelos riesgosos, debería analizarse lo que sucedió en el pasado y cuyos recuerdos están todavía en la memoria de la gente que le tocó vivir esas vicisitudes.
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