ya está en la cárcel. el gobierno crée que es un modo de sileniciarlo

Rápido, sin mirar a nadie y atravesando una nube de cámaras, micrófonos y grabadoras, salió el ex presidente de YPFB Santos Ramírez del quinto piso de la Corte Superior de Justicia, luego de escuchar el veredicto de la jueza de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, que dispuso su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, después de escuchar los alegatos de fiscales y defensores.
La autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes que permiten establecer que Ramírez influenciará en los testigos y sindicados que deben declarar sobre los malos manejos que hubo en la contratación de la empresa Catler-Uniservice para la implementación de una planta de líquidos en Río Grande, en Santa Cruz.
Aunque el fiscal Edwin Sarmiento aseguró que no existe riesgo de fuga porque el acusado se presentó a declarar en cuanto fue convocado, dijo que las otras acusaciones son las que pesan para justificar la detención preventiva del ahora ex hombre fuerte del MAS.
En un extenso alegato, el Ministerio Público describió paso a paso la conformación de la empresa internacional y los pasos que se dieron dentro de YPFB para beneficiar a esta empresa. El fiscal Edward Mollinedo dijo que la empresa Catler es una empresa dedicada a los empréstitos financieros y no a la actividad petrolera. Uniservice apenas tiene un capital de Bs 20.800 y no en el sector petrolero.
A pesar de la resistencia de la defensa, Mollinedo explicó que la sociedad accidental Catler-Uniservice nace en Panamá el 8 de julio de 2008 y en sus documentos de constitución hacen figurar un capital de $us 1 millón; la Fiscalía cree que Ramírez sabía de todos estos pasos porque un mes antes, el 5 de junio, participaron en una reunión sobre la adjudicación de la planta Mario Cossío Magalen y el abogado Julio Salazar en la estatal petrolera y los dos participan a nombre de Catler-Uniservice cuando este consorcio aún no existía.
Todos los trámites para la conformación de la firma estuvieron a cargo de Salazar, que confesó ante los fiscales que los socios principales -Augusto Melano y Miguel O'Connor D'Arlach- le pagaron cinco mil dólares por ese trabajo.
Pero existen otras irregularidades que vinculan al ex presidente de YPFB. El 11 de julio aparece un memorándum con la firma de Santos Ramírez en la que se convoca a ‘algunos funcionarios’ para la reunión de concertación.Para ello incluso envió memorándums de ascenso a algunos jefes de unidad, quienes accedieron a gerencias de la empresa para que puedan integrar la comisión calificadora, siendo una de las principales responsables Esther Carmona, abogada vinculada a Ramírez y que fue su mano derecha desde que ocupó la presidencia del Senado.
Otro de los designados de forma inmediata fue Julio Anagua, que fue detenido el 2 de febrero cuando intentaba destruir documentación y pretendía ingresar a su computadora, recordó el fiscal Mollinedo.Las cinco personas que integraban esta comisión, Julio Anagua, Daniel Álvarez, Javier Guzmán, Diego Argandoña y Esther Carmona, eran de confianza de Santos y se ‘autodesignaron’ el 9 de julio
La Fiscalía decidió por ello ampliar la investigación a estas personas porque considera que conocen del contrato tanto como Ramírez.El detallado informe del fiscal modificó incluso la programación de los canales, que habilitaron espacios para el seguimiento de los argumentos de Mollinedo, que luego dijo que ni siquiera se cumplieron los requisitos exigidos por las normas nacionales, y por el contrario, Ramírez firmó cuatro adendas al contrato para beneficiar a la empresa y perjudicar al Estado.
No firmó documentos sobre la supervisión de las obras, no había certificado de garantía y tampoco un calendario de operaciones; cuando Ramírez fue consultado por la Fiscalía sobre estas anomalías y el por qué no había supervisores, dijo que la empresa no tenía presupuesto, aunque firmó con una empresa desconocida un contrato de $us 86 millones.
Y por eso, añadió Ramírez, se contrataron ‘fiscales de obras’, pero estos fiscales emitieron un informe a favor de Catler-Uniservice y facilitaron el pago del dinero, que autorizó el Ministerio de Hacienda el 2 de septiembre.
El monto desembolsado es de $us 45 millones,;de este monto, 35 millones eran para la empresa estadounidense Gulsby y 10 millones estaban destinados a Catler-Uniservice; pero los dineros que eran retirados del Banco Unión no eran para este consorcio, sino para la empresa Uniservice, del cual es propietario Miguel O'connor D'Arlach.
Aunque Ramírez dijo que el dinero era entregado al consorcio, la Superintendencia de Bancos certificó que $us 3,3 millones fueron entregados a Uniservice y de ahí salieron los $us 450 mil.
Para ello, el fiscal explicó que los O'Connor abrieron dos cuentas, una en bolivianos y otra en dólares; YPFB depositaba en la cuenta en dólares y O'Connor los pasaba a su cuenta en bolivianos, y después los sacaba del banco porque no existía el control adecuado para explicar los retiros.Según el fiscal Sarmiento, el ex presidente de la estatal petrolera puede obstaculizar la justicia porque es posible que ‘influya’ a los funcionarios que quedan en YPFB y que serán investigados.
(Crónica de Marcos Chuquimia publicada por El Deber, SC)