Más corrupción: fideicomiso para viviendas fue irregular

Anomalías. Se utilizaron fondos pero no se hicieron las viviendas. El Gobierno no informa sobre 14 fondos públicos abiertos en 2008. (Textos de La Prensa.LP.)

Construcción: viviendas entregadas por el Gobierno en una urbanización de la ciudad de El Alto

Los recursos del fideicomiso para vivienda son observados por desembolsos irregulares
Los empresarios privados y la Caboco observan el manejo de los recursos de vivienda
El Programa de Vivienda Social y Solidaria que impulsa el Gobierno a través del Viceministerio de Vivienda presenta aparentes irregularidades en su ejecución y los desembolsos del fideicomiso de 130 millones de dólares que tiene a su cargo el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif).
Este tipo de financiamiento (fideicomiso) es cuestionado a raíz de las irregularidades presentadas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que obtuvo 45 millones de dólares para una planta separadora de líquidos en Río Grande.
Según documentos difundidos por Cadena A de televisión, una de las observaciones está relacionada con el proyecto de urbanización Piyo, en Santa Cruz, presentado por la empresa constructora Prisma, que pudo haber recibido en 2007 seis millones de bolivianos de 14 millones destinados a la construcción de 82 viviendas, de las cuales no se ha entregado una sola.
Otra tiene que ver con la construcción de 30 casas en la zona de Ventilla, en la ciudad de El Alto, que no han sido entregadas porque no se terminaron de efectuar los desembolsos.
También se observan desembolsos anticipados del Fondesif para proyectos que no habían recibido la aprobación del Viceministerio de Vivienda.
De acuerdo con las indagaciones de Cadena A, el 23 de julio de 2008 la entidad canalizó cerca de 12 millones de bolivianos a Jerusalem, una de las instituciones que trabajan como intermediarias de los recursos para cuatro proyectos: dos en la urbanización Piyo y dos destinados a la urbanización Terrado, en Santa Cruz.
Sin embargo tres días después, en una carta fechada el 26 de julio y recibida por la entidad financiera el 2 de agosto, el Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Vivienda recién le hicieron conocer la aprobación de los proyectos Chiriguano, Terrado, Techos Bolivianos, Porvenir, San Pedro de Buena Vista y San Blas.
De estos seis emprendimientos, el de la urbanización Terrado obtuvo el desembolso antes de que el proyecto fuera admitido.
Estas irregularidades se suman a otras nueve que denunciaron el 23 de enero la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Boliviana de la Construcción y que el Viceministerio de Vivienda no aclara todavía.
Ayer, La Prensa consultó al Viceministro de Vivienda, José Lambertín, sobre estas interrogantes, pero la autoridad se limitó a señalar que están en curso cuatro auditorías que se concluirán a finales de marzo y que se necesita “cruzar la información”.
El Programa de Vivienda Solidaria está vigente desde 2007 y pretendía entregar al menos 14.000 viviendas cada año en los cuatro de sus subprogramas, que otorgan financiamiento entre 3.500 y 15.000 dólares con bajas tasas de interés.
Los proyectos deben ser impulsados por empresas constructoras, cooperativas, micro y pequeñas empresas y profesionales libres y aprobados por un comité en el Viceministerio de Vivienda y con desembolsos del Fondesif.
La CEPB y Caboco señalan que hasta el momento no se aclara la adjudicación de obras saltando procedimientos legales en un elevado número de viviendas cuya existencia física no se pudo verificar en Patujú, en Santa Cruz; Concepción, en Chuquisaca, y Milenium I y II, en Oruro.
“Al número aprobado inicial de viviendas, que por ejemplo era de 48, le agregaron un número cero y las volvieron 480 viviendas aprobadas para justificar la ejecución del plan, situación no demostrable al no existir físicamente las mismas”. En el caso Milenium I, en Oruro, “existen más de 100 beneficiarios fantasmas” y se desconoce cómo este proyecto ingresó en el Programa de Vivienda Social. Esto porque, según la CEPB y la Caboco, existe una certificación del municipio de Oruro y el Colegio de Arquitectos de esa ciudad que revela que el plan carecía de planos aprobados y se lo viabilizó en seis días. Otros emprendimientos, como el Porvenir y Pedro Ferrari, ingresaron el 3 de mayo de 2007 a consideración y su aprobación demoró más de un año. Los proyectos Porvenir I y Porvenir II también tienen problemas de sustituciones con beneficiarios fantasmas.
El año pasado, tras la demolición de 104 casas del plan de vivienda en la urbanización La Comarca, en la ciudad de Santa Cruz, por no respetar límites se reveló que los terrenos fueron vendidos con sobreprecio por el entonces gerente de la cooperativa Sudamérica, José Luis Linares.
En 2008 se crearon 14 fondos
El Gobierno creó 14 fideicomisos para minería, producción agrícola, comercio, ganadería, hidrocarburos y la Empresa Naviera Boliviana, los que fueron incluidos en el Presupuesto General de la Nación reformulado de la gestión 2008 y para los cuales se asignaron 413,4 millones de dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no da explicación sobre los desembolsos efectuados y el estado actual de esos fondos pese al requerimiento de La Prensa desde el pasado viernes, cuando el titular de esa cartera, Luis Arce, se retiró a la mitad de una conferencia sin atender la demanda de varios medios de comunicación. Ayer se solicitó una entrevista que no fue concedida a este medio.
Los fideicomisos fueron añadidos en el anexo IV “Constitución de fideicomisos”, aprobado en octubre del año pasado (ver cuadro).
El Viceministerio del Tesoro pidió que la solicitud sea enviada por escrito al Ministerio de Economía. De acuerdo con un documento de ese despacho, entre junio de 2004 y diciembre de 2007 se crearon 42 fideicomisos por diversos montos.
Recursos aprobados
Fideicomiso Monto
En millones $us.
Con el Banco Unión S.A. para la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) 16,6
Con el BDP SAM para financiar iniciativas productivas 36,8
Con el BDP para préstamos a empresas exportadoras amparadas
en el ATPDEA 8
Con el BDP para importación y comercio de harina de trigo 18,5
Con el Fondesif para el Programa de Reconversión Prod. y Comer. 11,1
Con el Fondesif para el repoblamiento ganadero bovino 10
Con el Fondesif para compra de pasivos agrícolas de pequeños
productores agropecuarios del área rural 2,1
Con el BDP para YPFB para conformación de patrimonio autónomo 85
Con el BDP para la conformación de patrimonio autónomo para
financiar la adquisición de la Planta de Extracción de Licuables para
la producción de GLP y gasolina natural, YPFB 45
Con el Banco Unión para capital de operaciones, capital de
inversiones o créditos a la Cooperativas Mineras (Fomin) 10
Con el Banco Unión para la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) 30
Con el Banco Unión para la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) 15,5
Con el BDP para Medianos y Grandes Productores Industriales 100
Fideicomiso para el financiamiento al sector productor de caña 25
TOTAL 413,4
Antecedentes
Los fideicomisos son cuestionados por las irregularidades del contrato YPFB-Catler-Uniservice.
Ex autoridades señalan que estos fondos no tienen mecanismos de control y fiscalización.
Economía y Finanzas asegura que no tiene tuición cuando ya se ejecutan los recursos.
La Contraloría sólo puede ingresar a fiscalizar en forma posterior a su ejecución.

SIPSA no cumplió condiciones de la licitación
A YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) se le adjudicó la administración del taladro PDV-08 de fabricación china y traído de Venezuela por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a pesar de incumplir al menos cinco requisitos.
Según la publicación del sitio web HidrocarburosBolivia.com, la licitación ANDI-GED-083/08, abierta por YPFB-Andina, que es la administradora del campo Víbora, “no se realizó siguiendo todas las normas y se omitieron muchos pasos”.
Primero, la firma no tenía oficinas establecidas en Santa Cruz. Como parte del comité interventor, el ex director de la estatal Fernando Vincenti informó a La Prensa que YPFB-SIPSA ocupaba tres ambientes pertenecientes a la empresa constructora RW y otorgados “de favor”. Además, ahí se encontraron dos computadoras y una fotocopiadora propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Segundo: no cuenta con representación legal para actuar. Sin este requisito no podría firmar documentos o contratos. Tercero: no gozaba de un respaldo financiero para ser adjudicataria de un equipo de perforación petrolero y obtener un contrato de varios millones de dólares. Cuarto: no disponía de personal especializado en la materia. Además en el reporte de trabajo de YPFB-SIPSA del 12 de febrero de 2009 se estableció que el personal de pozo no estaba capacitado en el manejo, mantenimiento y reparación del equipo, por eso se recomienda que los trabajadores extranjeros (de nacionalidad china) que realizaban las pruebas se queden al menos un mes después de iniciada la perforación para el soporte necesario y facilitar el aprendizaje y capacitación.
Quinto: para operar equipos de perforación, la compañía debería estar certificada por las normas ISO 9001, 1400 y 1401 y OSHAS 18000 y 18001, acreditadas por la TUV; de la misma manera, debía tener la ficha ambiental conforme a la Ley 1333 norma ERAM 82000.
De acuerdo con este sitio web, la Gerencia y Presidencia del Directorio de YPFB-Andina estaban dirigidas por Mario Arenas, lo que constituye otra irregularidad administrativa. El ejecutivo informó de cuatro empresas que se presentaron a la licitación: Nabors Drilling y Helmerich Payne Pride, ambas se excusaron; y NLHD y Parker Drilling rechazaron la licitación. No se pudo acceder a ninguna documentación de estos rechazos o excusas.
YPFB-SIPSA accedió a la administración del taladro supuestamente rentado por Bolivia a Venezuela para la perforación del pozo 34d en el campo Víbora. Sin embargo, a pesar de su arribo al país el 31 de julio de 2008 y del acto el 23 de enero de este año en que el presidente Evo Morales anunció el inicio de actividades, la maquinaria aún no empieza a operar.
Sin embargo, su traslado creó una deuda de 6,5 millones de dólares de YPFB y YPFB-SIPSA con PDVSA y una adicional por el personal venezolano que acompañó el desplazamiento y esperaba el montaje de las piezas. Recientemente, después de una auditoría practicada por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la titular Nardi Suxo informó que existe otra deuda por el alquiler, cercana a los 60 millones de dólares.
HidrocarburosBolivia.com añade que el 30 de octubre, en una reunión con PDVSA-Servicios, el ex gerente de YPFB-SIPSA Rogelio Ashimine propuso
crear una empresa mixta entre ambas para operar la perforadora. El 12 de noviembre, este funcionario y Rolando Michel, en representación de YPFB, expresaron la voluntad de ceder los derechos de YPFB sobre el taladro a YPFB-SIPSA porque “no estaría en condiciones de ejecutar el contrato de perforación con Andina S.A.”. El hecho se consumó el 27 de junio.
Ministro Luis Arce se contradice y desmiente a Suxo
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, afirmó que, como fideicomitente, desconocía los desembolsos y pagos hechos a Catler-Uniservice del fideicomiso otorgado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el financiamiento de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
De esa manera rechazó y desmintió las declaraciones de la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien aseguró la semana pasada que existieron observaciones de Arce al Banco Unión antes de hacer los desembolsos.
El titular de Economía además señaló que el segundo retiro del fideicomiso de parte de YPFB fue en una fecha posterior a la que se informó en una solicitada de esta cartera del 6 de febrero.
En declaraciones a la red ATB, Arce expresó: “La única nota que tengo cursada como Ministerio hacia el Banco Unión es cuando éste hace una consulta simultánea, ahora ya tenemos toda la documentación, al beneficiario y el fideicomitente, llámese YPFB, y el Ministerio de Hacienda, donde consultan la posibilidad de que el Banco Unión pueda enviar el contrato de fideicomiso hacia sus corresponsales en el exterior para poder operar tranquilamente el fideicomiso con una apertura de carta de crédito, esa carta que es simultánea a los dos tiene una respuesta (…) donde le decimos: ‘Actúe de acuerdo a lo que dice el contrato (…) porque dice que el Banco Unión (..) tiene que hacer todo lo posible para que se viabilice el contrato’”.
El viernes pasado, la ministra Suxo declaró que YPFB, presidida en ese tiempo por Santos Ramírez Valverde, hizo los desembolsos a Catler-Uniservice para la planta de Río Grande a pesar de existir observaciones de Arce.”Tenemos conocimiento de que incluso hay observaciones que se habrían hecho de parte del Ministro de Hacienda (hoy de Economía y Finanzas Públicas) cuando se instruían los desembolsos”.
Ayer por la tarde se consultó a Suxo sobre las declaraciones de Arce y la respuesta fue: “Lo que he manifestado es que el Ministro ha enviado una nota pidiendo que se cumpla la norma”. La otra contradicción de Arce se refiere a la fecha de los desembolsos, los primeros datos de su Ministerio mencionan el 14 de enero de 2008 como la segunda vez en que se depositó a Catler-Uniservice S.R.L., sin embargo: “En el estado de desembolsos que nos ha enviado (el Banco Unión) tenemos (…) no hay ese desembolso, aquí hay un traspaso el 23 de enero, traspaso de fideicomiso a la cuenta de Uniservice por 1.650.000 (dólares)”.
Uniservice sigue trabajando con YPFB y PDVSA
La firma Uniservice, que se asoció a Catler para impulsar la construcción de la planta separadora de líquidos, sigue trabajando con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Así lo confirmó el abogado Carlos Rocha, encargado de la defensa legal de Angélica O’Connor D’Arlach, hermana del empresario Jorge O’Connor, asesinado el 27 de enero.
“Uniservice se ha reunido con ejecutivos de YPFB y de PDVSA y ésa es una muestra de que no dejó de funcionar, se mantiene activa”. El contrato de esta empresa con YPFB como socia de Catler es cuestionado por las irregularidades observadas en su suscripción el año pasado.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció ayer, según Efe, que Venezuela asesorará a su país en la creación de una planta de separación de los componentes líquidos del gas natural en la región tarijeña del Chaco, fronteriza con Argentina. Esta planta es similar a la que se iba a construir en Río Grande.