el muy importante diario El País de Madrid, se ocupa cada vez más de la corrupción en Bolivia sea por medio de sus corresponsales como en éste caso Mabel Azcuí, en notas editoriales y en sus blog y secciones de debate. es que la acusación del presidente Morales a la CIA de ser autora de la corrupción, ha causado hilaridad, risa, sonrisas burlonas, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. lo triste es que Morales está perdiendo la poquísima credibilidad que les quedaba con afirmaciones que hulen más a "cuento del tío" para entretenimiento de los incautos dentro del país, para la gente cuerda, esta maniobra distractiva, es un intento de quitarse de entre las brasas, porque se está llegando a la conclusión de ser él mismo el gran responsable.
Entre el viernes y el martes, el presidente Morales reiteró sus acusaciones contra la CIA y un presunto espía que logró infiltrarse en YPFB, al tiempo que lamentó que "los compañeros hayan caído en la trampa de la corrupción", en alusión al encarcelado ex presidente de YPFB Santos Ramírez, en cuya boda fue testigo a principios de enero.
En una declaración oficial difundida ayer, la Embajada de Estados Unidos en La Paz rechaza las acusaciones sin fundamento ni pruebas formuladas por el Gobierno boliviano, y deplora el uso de la Embajada como excusa en el contexto de sus intereses políticos.
El ministro del Interior, Alfredo Rada, informó de que Rodrigo Carrasco, ex gerente de Comercialización de YPFB acusado de espiar para la CIA, fue miembro del Comando de Operaciones Especiales (Copes), un grupo policial desarticulado por una supuesta confabulación contra el Gobierno, pero no dio más detalles.
El fiscal César Romano informó de que Carrasco fue liberado tras prestar sus primeras declaraciones, después de que la empresa fuera intervenida por orden de Morales, al no haberse encontrado elementos que lo inculpen, aunque el fiscal no descartó citarlo de nuevo en el futuro para ampliar sus informaciones. Carrasco dijo que llegó al cargo por méritos propios, ya que se especializó, aunque sin títulos académicos, en Nigeria, Irak y Kuwait.
"Cuando volví a Bolivia, en 2007, conocí a Guillermo Arequipa [ex presidente de YPFB, ex superintendente y ex ministro de Hidrocarburos]; iniciamos una relación de asesoramiento y así llegué a YPFB". Más tarde, fue contratado por el entonces presidente de la petrolera, Santos Ramírez, según declaró al periódico El Mundo de Santa Cruz.
Corrupción
La empresa YPFB afronta una difícil coyuntura por el escándalo de corrupción, hecho público tras el asesinato de un empresario petrolero cuando, supuestamente, iba a entregar 450.000 dólares a parientes políticos de Ramírez, en lo que se ha interpretado como parte de un soborno por un contrato de construcción de una planta separadora de líquidos, valorada en más de 83 millones de dólares. Familiares políticos de Ramírez dijeron que el dinero robado se iba a destinar a viviendas de interés social mediante una fundación.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, ha encontrado, además del contrato con Cattler Uniservice, "sociedad accidental" encargada de la planta separadora, otros ocho hechos de corrupción en los que Ramírez y al menos otros 16 de sus colaboradores en YPFB están involucrados: la doble licitación para la compra de vehículos con la misma proveedora, pero con un precio mayor, y el gasto de casi 20.000 euros en ocho viajes en avioneta a tres ciudades que cuentan con aeropuertos y servicio diario de transporte aéreo.
Las autoridades de Transparencia encontraron que Ramírez compró una empresa en quiebra dedicada a reparación de bombonas de gas y la convirtió en una de servicios de perforación de pozos petrolíferos, para lo cual alquiló, con fondos de YPFB, un taladro a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), por un canon de entre 30 y 60 millones de dólares, tras permanecer mucho tiempo en depósito y sin uso.
Ramírez, que 35 días después de su boda decidió divorciarse de su segunda esposa en aras del amor a la patria, fue bautizado como nuevo preso en la cárcel de San Pedro de La Paz durante las fiestas de Carnaval, junto con el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y otros nuevos presidiarios, a raíz de las denuncias de corrupción en YPFB, según confirmó el gobernador de la penitenciaría.
En una declaración oficial difundida ayer, la Embajada de Estados Unidos en La Paz rechaza las acusaciones sin fundamento ni pruebas formuladas por el Gobierno boliviano, y deplora el uso de la Embajada como excusa en el contexto de sus intereses políticos.
El ministro del Interior, Alfredo Rada, informó de que Rodrigo Carrasco, ex gerente de Comercialización de YPFB acusado de espiar para la CIA, fue miembro del Comando de Operaciones Especiales (Copes), un grupo policial desarticulado por una supuesta confabulación contra el Gobierno, pero no dio más detalles.
El fiscal César Romano informó de que Carrasco fue liberado tras prestar sus primeras declaraciones, después de que la empresa fuera intervenida por orden de Morales, al no haberse encontrado elementos que lo inculpen, aunque el fiscal no descartó citarlo de nuevo en el futuro para ampliar sus informaciones. Carrasco dijo que llegó al cargo por méritos propios, ya que se especializó, aunque sin títulos académicos, en Nigeria, Irak y Kuwait.
"Cuando volví a Bolivia, en 2007, conocí a Guillermo Arequipa [ex presidente de YPFB, ex superintendente y ex ministro de Hidrocarburos]; iniciamos una relación de asesoramiento y así llegué a YPFB". Más tarde, fue contratado por el entonces presidente de la petrolera, Santos Ramírez, según declaró al periódico El Mundo de Santa Cruz.
Corrupción
La empresa YPFB afronta una difícil coyuntura por el escándalo de corrupción, hecho público tras el asesinato de un empresario petrolero cuando, supuestamente, iba a entregar 450.000 dólares a parientes políticos de Ramírez, en lo que se ha interpretado como parte de un soborno por un contrato de construcción de una planta separadora de líquidos, valorada en más de 83 millones de dólares. Familiares políticos de Ramírez dijeron que el dinero robado se iba a destinar a viviendas de interés social mediante una fundación.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, ha encontrado, además del contrato con Cattler Uniservice, "sociedad accidental" encargada de la planta separadora, otros ocho hechos de corrupción en los que Ramírez y al menos otros 16 de sus colaboradores en YPFB están involucrados: la doble licitación para la compra de vehículos con la misma proveedora, pero con un precio mayor, y el gasto de casi 20.000 euros en ocho viajes en avioneta a tres ciudades que cuentan con aeropuertos y servicio diario de transporte aéreo.
Las autoridades de Transparencia encontraron que Ramírez compró una empresa en quiebra dedicada a reparación de bombonas de gas y la convirtió en una de servicios de perforación de pozos petrolíferos, para lo cual alquiló, con fondos de YPFB, un taladro a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), por un canon de entre 30 y 60 millones de dólares, tras permanecer mucho tiempo en depósito y sin uso.
Ramírez, que 35 días después de su boda decidió divorciarse de su segunda esposa en aras del amor a la patria, fue bautizado como nuevo preso en la cárcel de San Pedro de La Paz durante las fiestas de Carnaval, junto con el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y otros nuevos presidiarios, a raíz de las denuncias de corrupción en YPFB, según confirmó el gobernador de la penitenciaría.
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