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jueves, 18 de diciembre de 2008

mario rueda peña está acertado cuando señala la falta de total juricidad al documento elaborado por el ex-guerrillero matarrollo por encargo de UNASUR y no se explica del porqué la importancia que le confieren los presidentes para andar promoviendo su aprobación por otros organismos internacionales.

El informe de Unasur sobre lo sucedido en Pando carece de todo valor jurídico. Bolivia es un Estado soberano, entre cuyos poderes figura el Judicial encargado de resolver todos los asuntos en su respectivo ámbito jurisdiccional. Corresponde únicamente a fiscales y jueces investigar, cautelar y sentenciar a los autores materiales e intelectuales de delitos cometidos en su territorio. Nada tienen que ver con esta labor personas o instituciones del exterior, por fulgurantes o pomposas que sean las insignias de representatividad regional que exhiban en la solapa.
Cuanto digan equivalen a meros puntos de vista carentes totalmente de efecto jurídico para las correspondientes investigaciones y actuaciones judiciales de los sucesos que lamentamos en Pando. Es el caso del informe sobre los muertos y heridos de El Porvenir, en el que Unasur se parcializa abiertamente con una de las partes (el gobierno), atribuyendo prácticamente todo a los opositores cívicos de Cobija, a quienes poco menos que cataloga de "masacradores" y autores de "crímenes de esa humanidad". Omitiremos analizar las causas por las cuales Unasur adopta semejante posición, las mismas que son claras para cualquier observador. Subrayaremos solamente el colosal extravío que representa asignarle a su documento un rango poco menos que de juicio definitorio de responsabilidades en los hechos de Pando, cuando sólo representa, valga la repetición, mera y errática opinión, que debe ser tomada como tal y no como señalamiento a seguir en las acciones procesales sobre el tema.
Corresponde únicamente a los sujetos procesales del país (Cortes Suprema de Justicia, de Distrito, Tribunales de Sentencia, Jueces de Sentencia, de Instrucción y de Ejecución Penal, el "conocimiento exclusivo de todos los delitos" (Art. 42 del Código de Procedimiento Penal) que se cometan en el país. En consecuencia, estos órganos deben resolver el asunto de Pando por cuenta propia, sin dictámenes ni influencias de organismos que nada tienen que ver con la justicia nacional e internacional, como es el caso de una Unasur que ya sabemos quienes la digitan. Bolivia es una nación independiente y soberana, no colonia de nadie. Es claro que desde Unasur, algunos gobiernos latinoamericanos que siguen al venezolano Chávez, intentan que el informe del organismo desarrolle en nuestros magistrados reflejos de total obsecuencia. Es altamente improbable que esto ocurra.

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