El trágico desenlace de un viaje que debería haber concluido sin problemas con sólo cumplir las regulaciones establecidas para la aeronavegación, se cobró la vida de inocentes que confiaron en la capacidad y responsabilidad de una empresa y en la seriedad institucional de un país.
La caída del avión de la línea aérea LaMia nos golpeó a todos. Porque es un suceso donde murieron muchas personas que usaban una empresa boliviana y posteriormente porque se conocieron detalles que nos demuestran lo mal que estamos en cuanto al respeto a las normas, algo que dentro de casa ya es considerado normal.
Este hecho, al que me resisto calificar como accidente, implica mucho más que el dolor de las familias de las víctimas y debe llamarnos a una reflexión de lo que somos como país, como ciudadanos del mundo. Queda o debería estar como aprendido, que nuestros actos no sólo afectan a los bolivianos sino que nuestro desprecio por la institucionalidad puede provocar males en miles de personas ajenas a nuestro diario vivir.
Nuestra responsabilidad no puede soslayarse. No hay excusas posibles ni despidos de funcionarios que laven la imagen de nuestros gobernantes. Muy bien que se investigue, pero que ello no lleve a la búsqueda de chivos expiatorios en el nivel de quienes cumplen órdenes. En un país con institucionalidad, con respeto al ordenamiento jurídico, a la cadena de mando, el ministro del área ya hubiese presentado su renuncia porque él es el responsable de lo que pasa en las diferentes reparticiones de la cartera que le confiaron.
Nuestra responsabilidad en este incidente tétrico está en el hecho de creer que todo se puede solucionar con la fuerza del poder. Y no es así, he aquí el ejemplo más doloroso: la muerte de inocentes por el abuso y la partidocracia en desmedro de la institucionalidad, de la capacidad técnica; que tiene otro hecho tangible en la falta de agua en la ciudad de La Paz.
Nuestra responsabilidad está en permitir la imposición, en dejar pasar como simple anécdota una serie de aberraciones y despilfarros de los recursos públicos, la utilización de la justicia como arma para acallar voces contrarias al designio de los gobernantes.
Nuestra responsabilidad está en impedir que las investigaciones que se efectúen en Bolivia sean sesgadas, diluidas en la consabida forma de hacer a la boliviana. Todo por respeto a las familias de los que murieron, por respeto a nosotros que somos víctimas pasivas de la degradación institucional en muchos niveles de la vida nacional.
Nuestra responsabilidad está en la aceptación de un discurso que destruye todo lo anterior al fenómeno plurinacional, lo que conlleva a una renuncia a valores, a hechos históricos, a actos que ni fueron de lo mejor pero tampoco como se los presenta y son parte de la bolivianidad.
Nuestra responsabilidad está en callar ante el abuso que se comete en contra de quienes piensan, en contra de funcionarios honestos y responsables que saben valorar las consecuencias de malas y buenas decisiones.
Nuestra responsabilidad está en aceptar como cierto que hay únicos, predestinados, que nunca saben de qué va cuando los problemas afloran. Ni existieron ni existirán.
El autor es periodista.
La caída del avión de la línea aérea LaMia nos golpeó a todos. Porque es un suceso donde murieron muchas personas que usaban una empresa boliviana y posteriormente porque se conocieron detalles que nos demuestran lo mal que estamos en cuanto al respeto a las normas, algo que dentro de casa ya es considerado normal.
Este hecho, al que me resisto calificar como accidente, implica mucho más que el dolor de las familias de las víctimas y debe llamarnos a una reflexión de lo que somos como país, como ciudadanos del mundo. Queda o debería estar como aprendido, que nuestros actos no sólo afectan a los bolivianos sino que nuestro desprecio por la institucionalidad puede provocar males en miles de personas ajenas a nuestro diario vivir.
Nuestra responsabilidad no puede soslayarse. No hay excusas posibles ni despidos de funcionarios que laven la imagen de nuestros gobernantes. Muy bien que se investigue, pero que ello no lleve a la búsqueda de chivos expiatorios en el nivel de quienes cumplen órdenes. En un país con institucionalidad, con respeto al ordenamiento jurídico, a la cadena de mando, el ministro del área ya hubiese presentado su renuncia porque él es el responsable de lo que pasa en las diferentes reparticiones de la cartera que le confiaron.
Nuestra responsabilidad en este incidente tétrico está en el hecho de creer que todo se puede solucionar con la fuerza del poder. Y no es así, he aquí el ejemplo más doloroso: la muerte de inocentes por el abuso y la partidocracia en desmedro de la institucionalidad, de la capacidad técnica; que tiene otro hecho tangible en la falta de agua en la ciudad de La Paz.
Nuestra responsabilidad está en permitir la imposición, en dejar pasar como simple anécdota una serie de aberraciones y despilfarros de los recursos públicos, la utilización de la justicia como arma para acallar voces contrarias al designio de los gobernantes.
Nuestra responsabilidad está en impedir que las investigaciones que se efectúen en Bolivia sean sesgadas, diluidas en la consabida forma de hacer a la boliviana. Todo por respeto a las familias de los que murieron, por respeto a nosotros que somos víctimas pasivas de la degradación institucional en muchos niveles de la vida nacional.
Nuestra responsabilidad está en la aceptación de un discurso que destruye todo lo anterior al fenómeno plurinacional, lo que conlleva a una renuncia a valores, a hechos históricos, a actos que ni fueron de lo mejor pero tampoco como se los presenta y son parte de la bolivianidad.
Nuestra responsabilidad está en callar ante el abuso que se comete en contra de quienes piensan, en contra de funcionarios honestos y responsables que saben valorar las consecuencias de malas y buenas decisiones.
Nuestra responsabilidad está en aceptar como cierto que hay únicos, predestinados, que nunca saben de qué va cuando los problemas afloran. Ni existieron ni existirán.
El autor es periodista.
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