Como hemos señalado en forma reiterada la forma en que las autoridades del gobierno han enfrentado las denuncias de presunto tráfico de influencias en favor de la empresa china Camce, en la que fue contratada una exenamorada del Primer Mandatario con la que tuvo un hijo, y que obtuvo adjudicaciones estatales por alrededor de 550 millones de dólares, es que se ha roto la confianza ciudadana, pues ya es muy difícil establecer cuándo, desde el poder, se nos dice verdades y cuándo mentiras.
Son varias las consecuencias negativas de esta situación. Por un lado, un factor esencial para la buena gobernanza es un aceptable nivel de confianza de la población en sus autoridades. Por otro, que se va dando una pésima formación cívica cuando “todo vale” para reproducirse en el poder: faltar a la verdad si es necesario, violar principios y normas constitucionales y legales, hacer un uso abusivo del poder en beneficio particular, agredir y descalificar a quien disiente del discurso oficial, etc.
Peor aún si es plausible creer que el país no habría asistido a un proceso tan penoso si conocidas las denuncias las autoridades explicaban en forma transparente los hechos, instruían una transparente investigación de la forma en que se adjudicó obras a Camce, se reconocían errores y, sobre todo, se los enmendaba y se sancionaba a quienes cayeron en la tentación de beneficiarse de los recursos públicos y que hoy buscan afanosamente resguardarse comprometiendo incluso la imagen presidencial.
En todo caso, nunca es tarde para rectificar errores, como es muy perjudicial mantenerse en ellos.
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