La decisión del juez XII de Partido Civil y Comercial de Cochabamba, quien el pasado jueves emitió una orden de “desapoderamiento” del Club Hípico Nacional (CHN) con “ayuda de la fuerza pública” si fuera necesario, ha agregado un eslabón más a la ya larga cadena de arbitrariedades que está llevando a la justicia boliviana a los peores niveles del descrédito y a los derechos de las personas a una situación de extrema vulnerabilidad.
Tal como lo venimos advirtiendo desde esta página editorial desde hace algo más de un año, las disputas legales por los derechos de propiedad de los terrenos del CHN se han constituido en todo un ejemplo de lo desequilibrada que es la balanza con que la justicia sopesa los derechos de las personas frente a los caprichos de cualquier repartición estatal.
De nada ha servido tampoco que se haya demostrado fehacientemente la falsedad de los argumentos en los que se basó la declaración de “necesidad y utilidad pública” en la Ley 668, aprobada el 24 de marzo de 2015. Era mentira que el estadio fuera condición indispensable para la realización de los Juegos Sudamericanos 2018, como es también mentira la supuesta imposibilidad de ampliar el estadio Félix Capriles a un costo muchísimo menor y con resultados mucho mejores desde el punto de vista deportivo, urbanístico, económico y de respeto al medio ambiente.
Se demostró también que el proyecto del estadio “El Batán” era tan malo que ni los arquitectos que lo premiaron se atreven ahora a defenderlo. A pesar de todo ello, todavía hay quienes se empecinan en gastar más de 200 millones de dólares en una obra que de ningún modo merece figurar entre las prioridades cochabambinas.
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