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martes, 24 de noviembre de 2015

debería haber una tarifa. "el escrito recibido 500", transporte del "escito al escritorio de la Secretaria del Juzgado 1000", traslado a la oficina del Juez 5.000. traslado del Juez al Fiscal 6.000.- devolución del Fiscal al Juez 8 mil y firma de la sentencia 10 mil dólares. así los juzgados funcionarían más rápidamente, porque los que no pagan no prosperan, los escritos se quedan durmiendo con el portero...jamás llegan ni siquiera al actuario, menos a los auxiliadres...Jorge Melgar

Un juez anticorrupción pide una coima de 15 mil dólares americanos. Presentada la denuncia por la ciudadana afectada, el coro de voces es de condena a tan vil actuación, a tan poca dignidad de la autoridad y a un pedido unánime de castigo para el funcionario.
Muchos saben que esa forma de proceder, el pedido de incentivo para aplicar la ley, para dar continuidad a un proceso administrativo, a que pase un papel al siguiente escritorio, es común en la vida de los bolivianos. Mas pocos lo manifiestan porque se afecta sus intereses, porque no podría lograr lo que cree le corresponde. En Bolivia se tiene la convicción que la ley es para los otros y es buena cuando les favorece.
Esta denuncia ha logrado lo que pocas cosas lo hacen, la unidad, y no puede ser tratada como un espectáculo y sí como una noticia que da cuenta del estado de indefensión en que nos encontramos; por una parte, ante los poderosos intereses del Gobierno y por otra ante el poder económico que logra el fallo adecuado, siempre y cuando no sea contra el poder político.
El sistema está trastocado porque hay corruptos y corruptores. Si no fuese así, estaríamos en otra sociedad, ordenada, institucionalizada.
Algo debemos hacer. Sí, mas la pregunta es qué, cómo y dónde. La respuesta no es sencilla y las acciones no son menos, pues implica valor civil.
Uno de los aspectos centrales de esta discusión deberíamos situarla en el aspecto educativo. Por tanto, conlleva internalizar que por lo menos dos generaciones deben pasar para ver resultados que nunca será corrupción cero. Eso sí, ella puede ser menor en la medida que los valores éticos calen, sean de todos y exigidos a cada uno de los ciudadanos, como litigante, como operador de justicia, como personal de apoyo, y en todos los ámbitos de este plurinacional Estado.
Hay un fallo conceptual en el sistema de formación de los abogados. Algo pasa allí y por ello la mirada debe fijarse en las facultades de Derecho. Vamos por lo simple, el número de ellas. ¿Serán necesarias tantas? Parece que no. Entonces porque no comenzar con el proceso de renovación con una pausa de por lo menos 10 años en la matrícula de alumnos. Que salgan los que están.
Luego, ese tiempo usarlo para preparar una nueva visión, un nuevo currículo, la forma de ingreso a la cátedra y definir quiénes toman los exámenes de competencia para que sea real que ingresan los mejores. Igual para los estudiantes, quienes serían sometidos a exámenes de ingreso en cada una de las universidades que ofrezcan la carrera, que no serían todas las públicas ni todas las privadas ya que es necesario establecer un equilibrio entre la oferta y la demanda. A exceso de abogados cabe deducir una formación deficiente, menor posibilidad de trabajo y bajo ingreso, que implica una alta probabilidad de corrupción. Hay que ganarse la vida.
Es lógico repensar la carrera judicial, el sistema judicial en su conjunto. Endurecer el ingreso al mismo, pero también garantizar estabilidad laboral y salario que permita el “Vivir Bien” y no el buen vivir a costa de la desgracia ajena.
El Ministerio Público también entra en la danza. Por tanto, la reforma le alcanza. Para que este pueda responder al ciudadano se debería elegir a los fiscales de Distrito por voto popular, reelegibles, lo cual le da independencia del poder político ya que su permanencia o no dependerá de cómo valoren su ética, su compromiso, sus vecinos. Claro, él debe seleccionar sus colaboradores para que asuma responsabilidades.
El autor es periodista .