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martes, 25 de agosto de 2015


El Deber reclama con energía por una definición del verdadero rol de la Policía. al margen de lo mandado por la CPE, la Policía obedece ciegamente órdenes del Gobierno y en casos de real urgencia cuando debería defender a la sociedad no lo hace, dejando sin protección a grupos considerables de ciudadanos que quedan librados a su suerte.

El artículo 251 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala taxativamente: “La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano”. Asimismo, expresa que, “como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria”. Más claro que el agua. Sin embargo, por diversas razones nos preguntamos cuál al final es el verdadero rol policial, más allá de lo expresado en la CPE. 

La Policía negó repetidamente su ayuda a gobernaciones y municipios pese a tratarse de situaciones de orden público y cumplimiento de normas. La más reciente negativa ocurrida en Santa Cruz de la Sierra ha sido el rechazo al comprensible pedido municipal de cooperación para ordenar el tránsito vehicular e impedir el asentamiento de comerciantes ambulantes, un caso típico de orden público. Esa misma Policía sí actúa rápida y hasta brutalmente cuando el centralismo se lo ordena. En Chaparina o Yateirenda se reprimió con dureza, pero en otros casos de orden público o libre circulación los policías rehúsan participar. ¿Quién entiende esto?

El centralismo policial está llegando al límite admisible. La verde olivo no cumple su rol constitucional y tampoco deja que otros cuerpos de orden se puedan instaurar. La Policía quiere acaparar y no hace casi nada. Cuando lo hace, solo actúa por mandato desde La Paz, pese a que el mandato de turno puede quedar tan difuso como el de Chaparina. Tras cuatro años de ese hecho aún no se sabe quién dio la orden y nadie asume responsabilidades. Una vergüenza.

El tema de los continuos rechazos policiales a pedidos locales de cooperación no es materia menuda. Se trata de algo importante y que nos obliga al rechazo de este centralismo asfixiante que perdura por debajo del falaz palabrerío autonómico. Si no hay posibilidades de poner orden o de sancionar, no se puede gobernar ni en un municipio ni en un departamento. Gobernadores y alcaldes –de Santa Cruz y del resto del país que realmente quieran ejercer autoridad– deberían exigir que sus atribuciones queden perfectamente delineadas para saber cuándo y cómo intervendrá a su favor la Policía o –mejor– demandar la pronta creación de cuerpos regionales provistos del equipamiento para cumplir su labor. Una Policía dispuesta a cualquier cosa ante una orden directa del Gobierno y que no mueve un dedo frente a situaciones departamentales o urbanas de desorden público, no sirve para cumplir lo prescrito por la CPE. Algo debe cambiar y rápido