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lunes, 17 de agosto de 2015

Cayo Salinas prestigiado jurista que aborda las declaraciones de García Linea sobre la publicidad oficial. distingue que Estado y Gobierno son la misma cosa, aunque pronto surgen que no, Estado de Derecho, independencia de poderes, ejercicio alterno del poder, libertad de expresión, etc., etc., "medios que mienten y hacen política" no tendrán publicidad del Estado sentenció lo que es un exceso y desconocimiento de periodistas y medios. la crítica recuerda Cayo es parte de la democracia.

Las declaraciones del Vicepresidente de la República respecto a la publicidad en medios que mienten generaron un sin número de reacciones. No es para menos si consideramos que las relaciones interpersonales e institucionales entre el poder político y la sociedad civil tienen momentos de controversia acentuada por posiciones diversas y miradas distintas de la realidad.
Bajo el modelo actual, el Gobierno está entronizado dentro del Estado al punto de creerse como tal. Bajo la lógica gubernamental, Estado y Gobierno son una misma cosa, cuando desde 1789 sabemos que no. Ahí nacen las disquisiciones sobre el concepto de República, Estado de Derecho, separación e independencia de poderes, alternancia en su ejercicio y limitaciones constitucionales para ejercer el derecho de elegibilidad, imparcialidad de operadores de justicia, libertad de expresión, uso responsable de los bienes del Estado, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, más allá de que unos piensen de una forma y otros de otra, la naturaleza de la democracia ha sido capaz de crear espacios de convivencia en tanto y cuanto no se atreviesen barreras y límites impuestos por la ley. Ahora bien, el Vicepresidente en conferencia de prensa señaló: “Nos van a decir por qué no se da a este medio y vamos a decir que hay medios que mienten, que hacen política. Nosotros no vamos a dar plata a medios que son para partidos políticos y encima mienten”.
Dicha declaración mereció la reacción inmediata de la ANP a la que se sumó la Defensoría del Pueblo, quienes a su turno exigieron al Gobierno cumpla la CPE y otorgue garantías al derecho a la comunicación. Dijo la ANP: “El argumento de que algunos medios hacen política y mienten como justificativo para sancionar a los que no guardan afinidad con la ideología del Gobierno, a través de la exclusión de la pauta publicitaria estatal, es un exceso y cae en el desconocimiento de la función de periodistas y medios informativos en tiempos de democracia”.
Así las cosas, considero que la naturaleza de la publicidad estatal impone un criterio de universalidad, es decir, que el destinatario (el ciudadano) debe recibirla donde quiera se encuentre y más allá de si su contenido es político o no, o si trae inmerso mensajes subliminales. La publicidad como tal, no ha sido diseñada con los recursos del Estado para diferenciar o escoger qué medio debe difundirla. No existe un nexo ni finalidad entre publicidad y medios, sino entre publicidad y ciudadano, siendo los medios el vehículo idóneo para llegar al ciudadano. Por tanto, no es correcto diferenciar a medios de comunicación por el contenido de su editorial o porque en algún momento sea crítico del Gobierno o de la conducta de sus representantes, o lo que es peor, por ser abiertamente afín.
La crítica es parte de la democracia y es un componente vital de su fortalecimiento. Lo que no es concebible es que a título de ejercerla, se mienta utilizando información falsa alterando hechos y datos, aspecto que de ser así, nos lleva a un escenario con componentes de naturaleza diversa que no tienen vinculación con la publicidad y su difusión. Termino aquí: no podemos confundir el ejercicio del poder y la competencia para manejar recursos del Estado, para marcar lineas de conducta en medios de información. Un Gobierno democrático está obligado a defender la CPE que reconoce el derecho a la información, comunicación y libertad de expresión, y también está obligado a demostrar materialmente, cuando se hace mal uso de ese derecho.