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sábado, 4 de abril de 2015

Constantino Rojas analiza los errores del MAS, de Evo y García y los del Gobierno en el tema electoral, la corrupción, el partidismo ciego, del Tribunal Electoral. es sabrosa su lectura.

Si bien en las elecciones subnacionales se eligen los gobiernos locales (alcaldes y concejales) y gobiernos departamentales (gobernador y asambleístas por territorio y población), está claro que el MAS en función de gobierno tiene hegemonía, pero también es evidente que el 29 de marzo esa hegemonía se encuentra fragmentada a lo largo del país, por los resultados que se pueden apreciar en la elección que deja un sabor amargo a los conductores del proceso de cambio. 

El mensaje para el Gobierno es claro y lo reconoce el mismo Presidente, cuando dice que los paceños dieron un voto castigo a la corrupción, caso Patana en El Alto. Mencionó aspecto de “discriminación” en lo referido a Felipa Huanca en La Paz, mujer de pollera, pero que la base del problema está en el Fondo Indígena, en el que la Contraloría General de la República hizo referencia a malos manejos de recursos económicos. El culpable de esta acción sería el Contralor, que presuntamente quiso perjudicar a la candidata del MAS. 

A esta variable de malestar en el electorado, se suma la interpelación a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por la responsabilidad que tiene como autoridad gubernamental en el Fondo Indígena, en la que sólo tuvieron oportunidad de interpelar los miembros de su partido y ninguno de la oposición, de donde Achacollo concluyó su intervención con aplausos y felicitaciones, sin haber aclarado el fondo real del problema, además de la confianza ratificada por la cúpula gubernamental, aceptando una vez más acciones cuestionadas por la sociedad civil y los mismos movimientos sociales que son parte de la administración gubernamental. 

Pero, los errores suman y siguen y hay que atribuir al Presidente y al Vicepresidente, por haber amenazado a los partidos de oposición que, si ganaban las elecciones subnacionales, no trabajarían con ellos y no dotarían de recursos financieros para que desarrollen obras en beneficio de su departamento y municipios, pero además esta actitud se repite varias veces en diversos lugares del país. La ciudadanía se siente amenazada.
Otro hecho que desemboca en voto castigo es la inhabilitación —justa, legal o no— de la candidata Rebeca Delgado, del frente Unico, por obra del Tribunal Supremo Electoral sobre la base de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que señala que para postularse a la Alcaldía se debe tener una residencia de dos años en el lugar donde se quiere acceder a la Alcaldía, hecho que no se aplicó en las elecciones nacionales con el exministro de Gobierno Carlos Romero, que ahora es senador gracias a la transgresión de una norma superior. ¿Por qué a unos si y otros no? La respuesta es obvia.
Asimismo, a pocos días antes de realizarse las elecciones subnacionales, la inhabilitación de Ernesto Suarez, de Unidad Democrática, además de 228 candidatos en Beni, desencadena también en un voto castigo, porque deja en incertidumbre a la población. No se imprimen nuevas papeletas y tienen que votar en condiciones impuestas por el Órgano Electoral. 

Este hecho ocurrido en Beni ha sido calificado como inédito y nunca visto antes semejante situación, según Denis Racicot, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien aseguró que “en los países de mayor seguridad jurídica, no se permite que a último momento se saque del proceso y la situación en Bolivia es que en muchos casos una persona puede votar por una foto y un nombre y en realidad se está votando por otro candidato”. 

Transcurridas las elecciones de autoridades municipales y departamentales, conocidos los resultados --aun no oficiales--, reflejan que el MAS tiene hegemonía en el Gobierno nacional, pero se encuentra dispersa y fragmentada en los gobiernos locales y departamentales, por errores propios, que se siguen sumando aún después de los comicios subnacionales.
El autor es periodista y docente universitario.