Si bien en las elecciones subnacionales se eligen los gobiernos
locales (alcaldes y concejales) y gobiernos departamentales (gobernador y
asambleístas por territorio y población), está claro que el MAS en
función de gobierno tiene hegemonía, pero también es evidente que el 29
de marzo esa hegemonía se encuentra fragmentada a lo largo del país, por
los resultados que se pueden apreciar en la elección que deja un sabor
amargo a los conductores del proceso de cambio.
El
mensaje para el Gobierno es claro y lo reconoce el mismo Presidente,
cuando dice que los paceños dieron un voto castigo a la corrupción, caso
Patana en El Alto. Mencionó aspecto de “discriminación” en lo referido a
Felipa Huanca en La Paz, mujer de pollera, pero que la base del
problema está en el Fondo Indígena, en el que la Contraloría General de
la República hizo referencia a malos manejos de recursos económicos. El
culpable de esta acción sería el Contralor, que presuntamente quiso
perjudicar a la candidata del MAS.
A esta variable
de malestar en el electorado, se suma la interpelación a la ministra de
Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por la responsabilidad
que tiene como autoridad gubernamental en el Fondo Indígena, en la que
sólo tuvieron oportunidad de interpelar los miembros de su partido y
ninguno de la oposición, de donde Achacollo concluyó su intervención con
aplausos y felicitaciones, sin haber aclarado el fondo real del
problema, además de la confianza ratificada por la cúpula gubernamental,
aceptando una vez más acciones cuestionadas por la sociedad civil y los
mismos movimientos sociales que son parte de la administración
gubernamental.
Pero, los errores suman y siguen y
hay que atribuir al Presidente y al Vicepresidente, por haber amenazado a
los partidos de oposición que, si ganaban las elecciones subnacionales,
no trabajarían con ellos y no dotarían de recursos financieros para que
desarrollen obras en beneficio de su departamento y municipios, pero
además esta actitud se repite varias veces en diversos lugares del país.
La ciudadanía se siente amenazada.
Otro hecho que
desemboca en voto castigo es la inhabilitación —justa, legal o no— de la
candidata Rebeca Delgado, del frente Unico, por obra del Tribunal
Supremo Electoral sobre la base de la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia, que señala que para postularse a la Alcaldía
se debe tener una residencia de dos años en el lugar donde se quiere
acceder a la Alcaldía, hecho que no se aplicó en las elecciones
nacionales con el exministro de Gobierno Carlos Romero, que ahora es
senador gracias a la transgresión de una norma superior. ¿Por qué a unos
si y otros no? La respuesta es obvia.
Asimismo, a
pocos días antes de realizarse las elecciones subnacionales, la
inhabilitación de Ernesto Suarez, de Unidad Democrática, además de 228
candidatos en Beni, desencadena también en un voto castigo, porque deja
en incertidumbre a la población. No se imprimen nuevas papeletas y
tienen que votar en condiciones impuestas por el Órgano Electoral.
Este
hecho ocurrido en Beni ha sido calificado como inédito y nunca visto
antes semejante situación, según Denis Racicot, el representante de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, quien aseguró que “en los países de mayor seguridad jurídica,
no se permite que a último momento se saque del proceso y la situación
en Bolivia es que en muchos casos una persona puede votar por una foto y
un nombre y en realidad se está votando por otro candidato”.
Transcurridas
las elecciones de autoridades municipales y departamentales, conocidos
los resultados --aun no oficiales--, reflejan que el MAS tiene hegemonía
en el Gobierno nacional, pero se encuentra dispersa y fragmentada en
los gobiernos locales y departamentales, por errores propios, que se
siguen sumando aún después de los comicios subnacionales.
El autor es periodista y docente universitario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario