Crimen y Castigo

Susana Seleme titula como lo hiciera este editor

Crimen y Castigo a la masacre del hotel Américas

La clave para entender la trama de esa clásica novela de Fiodor Dostoievski, es que nadie puede, en realidad nadie debe quebrantar el derecho a la vida. En otras palabras, matar es un crimen y ningún fin justifica los medios, como aquel de matar a una usurera para robarle y aliviarse de la pobreza, como la que aflige al protagonista. En época del novelista ruso -1821-1881- no existía la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni Comisión Interamericana para defenderlos, pero si una arraigada idea de expiación frente al delito, que Dostoievski narra en clave psicológica, ética y política.

En la actualidad, una conducta criminal puesta en práctica desde las más altas esferas del poder político se conoce como terrorismo de Estado. Ese es el meollo del llamado “caso Rósza” o terrorismo-separatismo, según el régimen que preside Evo Morales: una ejecución extrajudicial que segó las vidas de Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; de Árpad Magyarosi, húngaro, y de Michael Martín Dwyer, irlandés, el 16 de abril de 2009, en el cruceño hotel Las Américas. Matándoles pretendieron callar la verdad y su sucio trasfondo político: “aplastar” la corriente autonomista del Oriente boliviano y a sus líderes, que eran entonces un impedimento para el proyecto de dominación político-ideológico en Bolivia aupado por el socialismo del siglo XXI. Nada justifica aquel crimen: ni el llamado “proceso de cambio”, ni el discurso “originario-indígeno-campesino” hoy en desuso una vez descubierta su impostura, ni la lucha de clases, ni un inventado magnicidio, con el que el régimen intentó justificarlo .

En busca de verdad y justicia llegó a Bolivia Caroline Dwyer, madre de Michael, ajusticiado esa madrugada en aquel hotel. No vino sola: la acompañaban su hija, representantes diplomáticos de Irlanda, un traductor y periodistas, para apoyar su demanda de que una instancia internacional imparcial esclarezca ese crimen. Estuvo en la habitación donde su hijo fue abatido, sin presentar pelea. “Mi hijo fue una víctima inocente y pido a los autores de la ejecución de Michael se hagan responsables y rindan cuentas”, señaló.

Se sabe que mientras los hombres del régimen sembraban falsas evidencias en el hotel, el joven irlandés se desangraba con una certera bala en el corazón, para ser rematado luego con cuatro tiros. El informe concluyente de la forense del Departamento de justicia irlandés, la doctora Marie Cassidy, señala que Dwyer presentaba una bala para causar daño mortal. Su trayectoria fue descendente desde una distancia corta, mientras el irlandés estaba acostado o sentado en la cama de su habitación del hotel de marras.

La señora Dwyer también estuvo presente durante una de las audiencias del juicio, el pasado martes 16 del presente mes, ocasión en la que recibió información de los sobrevivientes, el croata boliviano Mario Tadic y el húngaro Elod Toásó, y también de los otros presos, asistida por una intérprete y periodistas de su país. Llegaron al Palacio de Justicia para presenciar ese día la sesión en la que se debía resolver el incidente presentado por los abogados defensores de "actividad defectuosa”, cuyo objetivo es demostrar que el caso fue "montado”.

Si en el juicio se llegara a comprobar tal “actividad defectuosa” –nada probable, pues fiscales y jueces responden a la férrea estructura del poder político- varias autoridades del régimen boliviano se verían muy comprometidas. Los ‘defectos’ del juicio se conocen por las declaraciones de los hoy imputados, 39 en total, y los 9 presos en Bolivia por el complot político con carátula judicial ‘terrorista-separatista’. Confirman esos abusos el hoy exiliado y ex poderoso fiscal Marcelo Soza y ex abogados del Ministerio de Gobierno, actualmente presos por denuncias de extorsión. Sus declaraciones, a pesar de los incidentes que oponen los fiscales oficialistas para impedir que los exfuncionarios sigan sacando los trapitos al sol, confirman que el ‘caso’ fue montado por un gabinete jurídico-represivo desde las más altas esferas del régimen, con mucha anticipación. Tanto que el memorial de denuncia contra los supuestos terroristas fue redactado el 30 de marzo, 16 días antes de que se efectuara la operación en el hotel Las Américas. Aparecen implicados los exministros de Gobierno, Alfredo Rada, hoy en un alto cargo en la presidencia del régimen, Sacha Llorenti, actualmente embajador en Naciones Unidas, además del Vice, su hermano Raúl García Linera, siempre en la sombra, otros funcionarios, militares, policías y asesores civiles.

No se escapa ni el propio presidente-candidato Morales, quien con obscena impunidad dijo que él dio la orden de ‘eliminarlos’, en la mañana del mismo 16 de abril, a pocas horas del hecho criminal, tras arribar a Cumaná, Venezuela, para asistir a una reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). “Yo di la orden. Se produjo una balacera y tres de ellos están muertos y otros heridos”, señaló, con el argumento de que “terroristas” y “separatistas” de Santa Cruz, pretendían matarlo.

Resulta una verdad de Perogrullo exigir que los crímenes que violan el derecho a la vida y que matan impunemente, deben ser esclarecidos, mucho más si la comisión del delito corresponde a terrorismo de Estado. Merecen castigo aquí, en cualquier lugar y siempre. No obstante, según las últimas encuestas, la mayoría de la sociedad boliviana piensa re-reelegir a Morales en las elecciones de octubre próximo, con lo que quedará protegido, al menos por un tiempo. Un crimen más que queda, por el momento, sin castigo ni señales de expiación, “más allá de la moral y de las leyes”, como apunta Fernando Mires, en “Apología de la maldad”. (polisfmires.blogspot.com)