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viernes, 22 de agosto de 2014

se refiere El Deber a la Justicia "un sistema colapsado". pocos tienen sentencia porque los juicios jamás concluyeron. la retardación de Justicia con tribunales elegidos por votos. este fenómeno debería estar en el debate electoral.

Bolivia figura en el nada honroso primer lugar de Latinoamérica en cuanto se refiere a la retardación de justicia. En otros términos, es el país con la menor cantidad de gente privada de libertad que ha recibido sentencia por el delito cometido. En 2013, cuando se produjo la espantosa carnicería en la cárcel de Palmasola, solo tenían condena dos de los más de 30 internos que perdieron la vida en aquel hecho de recuerdo estremecedor. 

Bajo la constante del incumplimiento de los plazos procesales, el fiscal general ha calculado que el tiempo de espera entre una imputación y el comienzo de un proceso puede demorar, en algunos casos, entre seis meses y un año. La retardación de justicia es el reflejo fiel de un sistema judicial colapsado y anacrónico cuya reforma fracasó estruendosamente cuando sus administradores fueron designados por voto en unas elecciones amañadas. Las autoridades electas en los inéditos comicios judiciales de 2011 fueron incapaces de cumplir su misión de mejorar la administración de justicia y de recuperar la credibilidad de la institución que se mantiene en su más bajo nivel. En su momento, los gobernantes bolivianos se jactaron de que el ‘modelo’ entonces impuesto en la reforma judicial, dadas sus bondades, podría ser imitado por otros países. Nadie lo copió y el remedio resultó mucho peor que la enfermedad. 

Últimamente se ha informado que en Santa Cruz –donde se registra el índice de criminalidad más elevado– suman, desde 2013, más de 27.000 las causas judiciales sin atender y despacharlas es tarea prácticamente imposible para 15 jueces cautelares que deben resolver hasta 50 memoriales por día. Además tienen que atender las audiencias que durante los fines de semana –cuando se incrementan los hechos delictivos y los pocos juzgados se saturan– pueden sumar hasta 35.

Para una población de 2,6 millones de habitantes solo hay disponibles 181 jueces, es decir, uno por cada 14.360 habitantes en el departamento. Al respecto, se ha hecho notar que el distrito cruceño es el que más recursos genera y aporta, pero es el que recibe menos apoyo en personal y equipamiento. También se advierte que la carga procesal se ha incrementado, pero el número de jueces y fiscales no ha acompañado ese crecimiento.

En demanda de soluciones que no pueden seguir esperando, la crónica y aguda crisis de la administración de justicia en Bolivia no puede estar ausente del debate electoral ni de las propuestas de los candidatos. Es un asunto de tratamiento ineludible en todos los foros