La campaña electoral está dando lugar a denuncias sobre adquisiciones que hace el Gobierno nacional sin cumplir con la ley que dispone para todos esos casos la necesidad de llamar a licitación pública. El Órgano Ejecutivo ha explicado que suele usar el recurso de la invitación directa debido a que se trata de adquisiciones de urgencia o porque en la licitación no se presentaron interesados.
Pero quien tendría que dar explicaciones sobre esta situación es el contralor general, Gabriel Herbas, que se mantiene en el cargo desde 2006, pero no ha sido confirmado por el Parlamento, como debería ser si se cumplen las leyes. Las denuncias de estos días tienen que ver con compras de vehículos de una marca japonesa, en relación con supuestas conexiones políticas de funcionarios del Gobierno con una empresa importadora. Lo importante no es eso, sino el concepto de que los recursos del Estado boliviano deben ser manejados de manera correcta y para el caso de que hubiera alguna duda, están las leyes, expresamente en este caso la que ordena que las compras se hagan mediante licitación.
Ese procedimiento garantiza que la compra sea hecha tomando en cuenta más de una oferta y de esa manera la opinión pública puede tener cierta confianza en que las decisiones tomadas hasta ahora fueron correctas. La idea es que los intereses del Estado sean defendidos y garantizados en todo lo posible, idea que fue traducida en leyes específicas.
Muy poco se ha sabido de la gestión del contralor Herbas, ni siquiera cuando se cuestionó el caso de la compra del avión presidencial por la suma de 38 millones de dólares ni cuando se hizo la adquisición del satélite artificial por la friolera de 300 millones de dólares.
Es probable, como sugirió algún vocero del Gobierno, que se haya tratado, en esos dos casos y en muchos otros semejantes, de ocasiones especiales o de que no se presentaron interesados. Pero el hecho de que el contralor general no haya sido ratificado por el Parlamento y se mantenga tantos años en el cargo deja espacio para la duda. A través del parlamento, el señor Herbas debería dar un informe de sus ocho años de gestión y hacer saber, si eso fuera posible, que todas las compras hechas por el Gobierno fueron cuidadosamente revisadas por su oficina y que el interés del Estado boliviano ha sido precautelado
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero
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