¿Será el modelo de desarrollo de las provincias Chapare y Carrasco, de Villa Tunari, de Ivirgarzama, el destino que espera al Estado Plurinacional de Bolivia el 2025, cuando cumpla 200 años de independencia política? Ése es el territorio gobernado por el MAS desde hace tres lustros.
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| terrífica imagen de un linchamiento que en Ivirgarzama son frecuentes sin Ley ni sanción |
Parecería estrambótico comparar una población de 50 mil habitantes con un país; sin embargo, los datos duros muestran que si se sigue ese ejemplo de desinstitucionalización, sin oposición, un horizonte catastrófico espera a la nación, sólo beneficioso para el grupo que captura el aparato de la administración pública desde hace décadas, sin prisa pero sin pausa. Como en la ciencia, el microcosmos se relaciona con el macrocosmos.
Desde las elecciones municipales en 1985, las reglas democráticas permitieron el ingreso de representantes de sindicatos a puestos de poder local. Aquello fue una señal luminosa de la profundización de la democracia boliviana, completada con las potencialidades que dio la Ley de Participación Popular al entregar recursos a cada alcaldía, aún la más lejana.
Sucesivas siglas origen del Movimiento Al Socialismo (MAS) lograron un ascenso vertiginoso desde 1995 hasta 2010, principalmente en los municipios cochabambinos productores de coca. El MAS es ahí mayoría absoluta y podría mostrar el pleno desarrollo del proceso de cambio, del “socialismo del siglo XXI”, sin neoliberales ni DEAs.
Sin embargo, las noticias informan sobre el desmoronamiento del Estado de Derecho en toda la región, empezando porque no se permiten opositores. ¿Quién podría reclamar sin padecer luego el hormiguero del “palo santo”? La localidad de Ivirgarzama es un ejemplo de la captura del orden público por las asociaciones que bordean actividades ilegales, incluyendo campesinos que se ligan con el narcotráfico.
Cada tres o cuatro meses hay linchamientos que expresan la vigencia del crimen organizado. Lo que fue ocasional el 2010, es cada vez más atroz y continuo. En Tupiza, con el mismo nivel de habitantes, no hay ese desborde. Hay denuncias de tráfico y trata de blancas, y de prostitución creciente.
La cara más compleja es la de los dueños de chutos organizados para defender sus derechos a esa “herramienta de trabajo”.
Amenazan con responder violentamente cualquier intervención de la Policía o de la Aduana. Ellos pueden comprar gasolina en bidones o cargar combustible sin contar con certificaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Los avances sobre el territorio indígena Tipnis son parte de la expansión. Junto con ello se impone la ley del más fuerte, del bloqueador. ¿Cómo se revertirá todo ello?
La autora es periodista.
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