Argentina fue nuestro primer comprador de gas natural en volúmenes importantes y por largo plazo. YPFB heredó ese contrato con precios fijos. Tan pronto se hizo cargo cambió esa condición. Argentina no quiso acordar una fórmula para ajustes automáticos. Prefirió reuniones trimestrales para este efecto.
Ese aparente impasse, indefectiblemente, terminaba con una llamada telefónica de la Casa Rosada al Palacio Quemado.
Se acordaban precios razonables y retornaba el ambiente amigable en el contrato, generando ingresos que fueron denominados "el sueldo de Bolivia”, situación que fue bruscamente interrumpida con el advenimiento de la democracia en ambos países.
La Argentina fue muy dura con la naciente democracia boliviana. Rechazó las reuniones periódicas y dejó de pagar las facturas por gas. Esa falta de pagos fue devastadora para nuestra economía, porque fue uno de los principales factores que incineraron nuestra economía y generaron una de las más grandes hiperinflaciones de la historia de la humanidad.
Al final de un largo forcejeo se acordó solucionar la deuda mediante una operación financiera que llamaron "Borrón y cuenta nueva”, que consistió en el canje de documentos bolivianos por deudas a largo plazo contra facturas corrientes por entregas de gas. Los ajustes en el cambio de documentos Argentina los hizo con la entrega de maquinaria agrícola poco útil.
Actualmente exportamos gas a la Argentina en volúmenes crecientes, que pasado el año 2020 serán mayores a los 30 MMm3/d. La operación está regida por dos contratos con la empresa Energía Argentina SA (ENARSA): uno de volúmenes firmes, crecientes y programables (80%) y el otro interrumpible por volúmenes variables (20%).
En el contrato por volúmenes firmes, el atraso en el pago de facturas es sancionado con un interés sobre los montos impagos. Esa sanción no impide la repetición de un "Borrón y cuenta nueva”, aunque los pagos sean acompañados por documentos financieros de primer orden.
Argentina no es tramposa, cuando paga lo hace con documentos financieros impecables. El problema es que no se atrase en efectuar esos pagos. El contrato por volúmenes variables incluye el corte de suministro por falta de pago de facturas.
Hasta el presente, ENARSA tiene un atraso de tres meses por el pago de gas importado de Bolivia. Como los volúmenes y precios actuales son tres veces mayores a los de 1970, la deuda debe ser considerablemente mayor a los 400 millones de dólares.
Por eso preocupa la programación de pagos de la Argentina. Desde hace un par de meses, el Gobierno argentino ha visto con claridad que el país se estaba encaminando a una especie de "quiebra total”, como consecuencia del default de 2001.
El gobierno de la señora Kirchner ha acordado pagos con Repsol, otros con el Club de París, y algunos fallos arbitrales. Además ha suprimido ciertas subvenciones, y para agosto presentará una nueva Ley de Hidrocarburos, más atractiva a la inversión extranjera que la actual.
Condiciones similares estaban presentes cuando se dio el "Borrón y cuenta nueva”. Para las autoridades argentinas, el poder diferir el pago de facturas de importación de gas con algún canje con obligaciones bolivianas a largo plazo debe ser una tentación difícil de rechazar.
El abastecimiento de gas en la Argentina es cubierto por importación de LNG y gas boliviano. La importación de LNG se paga por adelantado.
Nuestra relación gasífera de exportador-importador con la Argentina durará muchos años. Deberíamos, cuidadosamente, acordar en los contratos la facultad de cortar el suministro por falta de pago.
Entonces tendríamos un buen comprador y pagador y no un buen comprador, pero mal pagador, como ahora.
*Analista energético
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