Dados los antecedentes del caso, se puede afirmar que una misión de esta naturaleza no era necesaria y que sus gestiones no influirán en el resultado final
Una comisión conformada por la Ministra de Justicia, el Fiscal General del Estado, el encargado de Negocios de Bolivia en Washington, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, una de las víctimas de las jornadas de octubre de 2003 y uno de los abogados, se ha trasladado hasta la capital estadounidense para presentar la segunda petición de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus entonces ministros Carlos Sánchez Berzaín, de Defensa, y Jorge Berindoague, de Hidrocarburos, a quienes se acusa de “genocidio, homicidio, vejaciones y torturas, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, privación de libertad y allanamiento de domicilio”.
La misión ha llegado a una ventanilla del Departamento de Justicia de EEUU para presentar la documentación que respalda el pedido de extradición, esta vez debidamente traducida. Además, según declaró la Ministra de Justicia, sus miembros se reunieron con la Fiscal General Adjunta de la División Criminal del Departamento de Justicia (compárese las respectivas jerarquías), a quien le explicaron “las razones por las cuales se ha presentado un segundo exhorto (...) Ella se ha comprometido a dar agilidad a la revisión de los documentos”, asegurando que la interlocutora “ha podido entender la magnitud del caso y nuestra preocupación como Gobierno de dar celeridad al mismo y de esa manera brindar una respuesta a nuestra población, en especial a las víctimas que clamen justicia”.
Por su parte, el Fiscal General “expuso su preocupación para que ese tema sea resuelto lo antes posible, ya que se trata de un caso de vulneración de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad”.
De acuerdo a los entendidos, el Departamento de Justicia debe elaborar un informe sobre la solicitud y remitir su dictamen al Departamento de Estado (Relaciones Exteriores) que es el encargado, como corresponde, de enviar la respuesta al país, a través de la Cancillería boliviana.
Se debe recordar que la solitud de extradición de los exdignatarios mencionados es un tema recurrente no sólo porque no se lo puede resolver, sino porque puede ser utilizado con fines distintos a los de hacer prevalecer la justicia. Más bien, a estas alturas de la historia, el viaje de esta misión tiene un tufillo electoral, el que seguramente es aguantado por la víctima y el abogado por un acto pragmático para alcanzar sus objetivos.
También se puede enfocar este viaje desde la perspectiva de una mala comprensión de los sistemas penales en EEUU o en otros lugares del mundo. Por ahí se tiene la impresión de que, como suele ocurrir lamentablemente en el país, muchos casos complejos se solucionan con viajes a Sucre o con severas reprimendas a fiscales y magistrados.
En todo caso, lo cierto es que más allá de un valor mediático es posible afirmar que una misión de esta naturaleza no provocará los efectos deseados y el resultado final será el mismo que si este segundo pedido de extradición hubiera sido tramitado, como corresponde, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así de sencillo y sin que se menoscabe la jerarquía de nuestras autoridades.
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