El Ministerio Público envió un cuestionario al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, para que responda sobre la intervención a la marcha indígena en defensa del Tipnis, que acabó con una represión a los marchistas, entre ellos niños y mujeres. Una de las preguntas centrales al mandatario fue ¿quién dio la orden para ejecutar la acción?
La fiscal que investiga el caso, Patricia Santos, informó que el documento fue entregado a García Linera el pasado lunes y que no hay fecha de entrega específica, aunque indicó que la respuesta escrita “deberá ser a la brevedad posible”.
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| responder a la Fiscal con la verdad. nada de triquiñuelas ni mentiras |
La representante del Ministerio Público no especificó la cantidad de preguntas, ni el contenido extenso de ellas. En todo caso explicó que una de las consultas señala: “¿Si conoce, que manifieste quién es esa persona (que dio la orden del operativo)?”. García Linera en noviembre de 2011 aseguró que el Gobierno ya sabía lo que había sucedido.
La investigación judicial se inició luego de que la Policía intervino con violencia la VIII marcha indígena en rechazo a la construcción de la carretera (Cochabamba-Beni) por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Varios marchistas fueron maniatados y amordazados con cinta masquin. El Gobierno oficialmente indicó que se rompió la cadena de mando.
Consulta
Entretanto, un informe de la Iglesia católica, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y la Federación Internacional de Derechos Humanos develó varias irregularidades y contradicciones que se cometieron en el proceso de consulta que realizó el Gobierno el año pasado en las comunidades del Tipnis para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Las tres entidades visitaron 35 comunidades y un centro de gestión del Tipnis, donde recogieron testimonios de sus habitantes. Tras la visita constataron que 30 localidades no están de acuerdo con la construcción de la carretera por el medio del Tipnis, tres aceptaron con condiciones y otras tres asintieron plenamente.
Contrariamente el informe gubernamental indica que 58 comunidades de 59 consultadas piden que se derogue la ley 180 de intangibilidad en la reserva natural y respaldan la construcción de la vía.
Mario Gutiérrez, miembro de Cáritas Bolivia, explicó que, por ejemplo, “hubo presión con el tema de la intangibilidad. Les han dicho que esto significaba no cazar, no pescar, no sacar frutos de los árboles, ni palos para cocinar. Entonces ellos decían no queremos intangibilidad, pero tampoco queremos carretera y el Gobierno condicionaba ambas cosas”.
En otras regiones, donde no lograban consensos, incluso hicieron firmar actas a niños.
El informe también devela que les ofrecían regalos para convencerles de que acepten la consulta gubernamental.
Para saber
PresiónEn comunidades que no aceptaban la consulta hubo presencia militar, del ministro Juan Ramón Quintana y visitas domiciliarias. Se informó de que en San Ramoncito echaron por la fuerza al ministro Quintana.
RepresaliaEn cinco comunidades denunciaron que la atención en salud que prestaba la organización Médicos Canarios fue suspendida como medida de represalia a la negativa de la consulta y la construcción de la carretera.
DivisiónEn 12 comunidades lamentaron las enemistades y división que generó el proceso de consulta
LEGISLATIVO POSTERGA ANÁLISIS DE LA NORMA
La Asamblea Legislativa postergó el tratamiento de los proyectos de ley que viabilizan la construcción del tramo dos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Tipnis.
El presidente de la Comisión de Tierra, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Antonio Molina, informó a EL DEBER que “no se va a tratar de inmediato los proyectos de ley, primero se hará un trabajo extenso en el Tipnis”.
Según el legislador, el objetivo es atender las necesidades que tienen las comunidades de esa región. “Quieren primero eliminar la extrema pobreza que existe y han solicitado darle un poquito más de tiempo para atender las demandas de los hermanos indígenas”, acotó.
El Gobierno remitió la pasada semana el informe final de consulta en el Tipnis junto con otros tres proyectos de ley. El primero abroga la Ley 180 de intangibilidad del territorio, que permite construir el tramo II de la carretera. El segundo es “una normativa de salvaguarda dentro del territorio” y el tercero previene el ingreso de cocaleros.
Las propuestas no fueron remitidas aún a ninguna de las comisiones legislativas.
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