El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo aseguró que si el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la Dirección del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) deciden intervenir el INRA Cochabamba, su autoridad garantizará que la investigación sea transparente cumpliendo normas. Advirtió sin embargo que si hubiera irregularidades, caerá todo el peso de la ley sobre los servidores públicos involucrados.
Días antes, la Asamblea Legislativa Departamental anunció que pedirá la intervención del Gobierno ante denuncias de irregularidades en el saneamiento de tierras. Uno de los últimos conflictos violentos por tierras fue el sucedido en Albarrancho. Allí comunarios disputan 365 hectáreas a tres organizaciones del Chapare que compraron terrenos a los Olmedo.
El director del INRA Cochabamba, Jaime Copa advirtió que halló varias irregularidades en la compra del terreno de la familia Olmedo y sugirió que las tierras podrían ser declaradas fiscales.
René Olmedo, su hijo Alfredo y la abogada Verónica Rivas, desmintieron a Copa y aseguraron -papeles en mano- que son legítimos dueños de 365 hectáreas en Albarrancho y que la venta a organizaciones cocaleras es legal.
Acusaron a Copa de ser parte de “una banda de loteadores” conformada por los dirigentes Julia Orellana y Pascual Orellana.
Copa, en declaraciones a la prensa, dijo estar dispuesto a someterse a cualquier auditoría y garantizó la calidad de su trabajo.
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